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Análisis: El desarrollo urbano pervertido; la comercialización del ejido, la detonante

Análisis: El desarrollo urbano pervertido; la comercialización del ejido, la detonante

Feb 6, 2018

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Por Andrés Gómez Rosales //

Uno de los temas centrales que deben abordar quienes pretenden administrar el país, el estado y los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, es el crecimiento anárquico y agresivo en que predomina el interés utilitario sobre las personas y sus comunidades. El interés de los candidatos se manifiesta en declaraciones con lugares comunes y retórica, hablan de generalidades y de buenas intenciones sin que propongan algo concreto, que los comprometa a mejorar la vida de los habitantes.

La necesidad de vivienda de los pobladores del estado ha sido aprovechada por la voracidad de quienes pretenden acumular riqueza a cualquier costo, incluyendo el despojo de los ahorros de las familias. Esa condición ha creado constantes abusos, sumado a la rapacidad de autoridades estatales, municipales y representantes populares que se han prestado para modificar la normatividad.

El crecimiento urbano anárquico y acelerado viene a partir de la década de los noventa, aunque los orígenes son múltiples el primario es la comercialización de los ejidos, en una perversión del uso del suelo con finalidad distinta a la que se previó en el utópico proyecto del reparto de la tierra.

Fue durante el periodo de Alberto Cárdenas en que se construyeron las condiciones jurídicas para los grandes negocios inmobiliarios, con dos acciones centrales y otras periféricas, la primera fue la derogación de la Ley de Fraccionamientos, que condicionaba entre otras acciones la entrega del veinte por ciento de los terrenos a urbanizar a los municipios para convertirlos en terrenos de uso común, que se podían dedicar a parques y zonas verdes o bien construir iglesias y escuelas, lo que privilegiaba y garantizaba espacios para la convivencia social.

La Ley fue sustituida en 1998 por un Código Urbano que entre otras ventanas favorables a los desarrolladores, permitía incorporar las áreas de donación al desarrollo inmobiliario mediante la adquisición monetaria a los municipios. Aquello además de dañar los bienes comunales permitió que los negociantes y los funcionarios arreglaran bajo la mesa precios bajos por los bienes de uso común, a cambio de beneficios personales irregulares para los funcionarios.

La aprobación del Congreso del Estado de dicho Código a propuesta del gobierno de Cárdenas fue rápida y expedita por los diputados del PRI, PAN y PRD. Los representantes populares eran los líderes reales de los tres partidos, que hicieron caso omiso a su papel de contrapeso, asumiendo los acuerdos y arreglos con extrema diligencia entre rumores y sospechas de sumas de dinero que corrieron a sus bolsillos de las cuentas bancarias de los desarrolladores.

La segunda acción fue la creación de las figuras de Derecho Administrativo de la Negativa Ficta y la Afirmativa Ficta que permitieron a un Tribunal Administrativo acomodaticio, sustituir las decisiones de las administraciones municipales mediante triquiñuelas. No debemos olvidar que los tribunales se convirtieron en espacios de los grupos de poder locales mediante denigrantes cuotas de poder.

Otro factor determinante fue la intervención del gobierno federal en las políticas de vivienda. Destacadamente en el INFONAVIT regulado por la Secretaría de Hacienda que fija las condiciones para el otorgamiento de créditos y que la intervención de agentes aparentemente externos, determinaba la certeza de un mercado protegido con el ahorro de los trabajadores. Fue evidenciada públicamente la intervención  de los hijos de Martha Sahagún, en el sexenio de Vicente Fox para poyar a la empresa Homex, en la construcción del desarrollo de Santa Fé en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga.

Las empresas de mayor poder económico que con el apoyo federal se apoderaron del control de la vivienda fueron Homex, Geo y Urbi. En este sexenio y por razón de que perdieron la simpatía de los funcionarios, les fue restringida la protección discrecional de sus inversiones y cayeron en un bache financiero, que los llevó a la bancarrota de la que aun no logran salir.

En medio de los intereses y las corruptelas se encuentran atrapados quienes han obtenido un crédito para adquirir una vivienda aportando sus ahorros de vivienda, reunidos a través de su trabajo y que los gobiernos, las empresas desarrolladoras y personajes sin escrúpulos han convertido en objeto de su insaciable voracidad. Factores como el tamaño de la vivienda o la construcción de fraccionamientos sin cumplir los requerimientos mínimos para su habitabilidad que carecen de los servicios mínimos de alumbrado, agua, seguridad pública, transporte público, que los municipios se niegan a recibir por no cumplir los requisitos mínimos y que sin embargo fueron sospechosamente aprobados para su construcción.

El efecto es que muchas familias se han visto obligadas a abandonar las viviendas y perder sus ahorros por las condiciones infrahumanas que se generan con la falta de servicios, destrucción de vías, la violencia que provoca en la comunidad la falta de seguridad pública con la consiguiente incidencia delictiva, consumo de drogas y la proliferación de pandillas como fenómeno colateral.

Sumado a todos los fenómenos que agreden al desarrollo armónico de las familias debe considerarse el daño que se le ha causado al crecimiento equilibrado del estado, al privilegiar la Zona Metropolitana con inversiones de los gobiernos, para generar las condiciones favorables a los negocios inmobiliarios. Tampoco se ha actuado en la protección de los recursos naturales que se afectan como el abuso del agua para abastecer el entorno metropolitano, ni que decir de la incapacidad de los gobiernos para atender el tratamiento de las aguas residuales que se generan, entre otros muchos males en perjuicio de quienes viven en la Zona Metropolitana y de manera indirecta en el estado.


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