ENTREVISTAS
Alfonso Partida Caballero: En Jalisco se castiga a menos del 1% que delinque
Por Diego Morales //
Bajo la premisa que una buena política pública es aquella que va acompañada de un diagnóstico, la Benemérita Universidad de Guadalajara impulsa el Observatorio Ciudadano sobre Seguridad Pública, en el cual se van a sumar los esfuerzos de investigadores, criminólogos y psicólogos para determinar lo que sucede en el tema que más lastima a la sociedad que es la violencia y la inseguridad.
Al respecto, el maestro Alfonso Partida Caballero, investigador de la Universidad de Guadalajara y especialista en temas de justicia, así como de seguridad pública, resaltó la importancia de que se realicen estudios empíricos y estos sean entregados a las autoridades para que en base a ellos, apliquen los mecanismos necesarios para bajar los índices delictivos en todo el país.
“Es una iniciativa que antes de salir de vacaciones el rector tuvo a bien presentarla en el seno del Consejo General Universitario, esto debido a la preocupación que se tiene de políticas públicas erróneas, de falta de resultados, de violaciones de derechos humanos, de ocurrencias de la misma autoridad en todo sentido”.
“El instrumento que tiene la Universidad son sus investigadores, sus profesores, sus alumnos, que se utilizará para realizar estudios empíricos, sustentables científica y técnicamente de lo que está sucediendo, la razón por la cual estamos en esta circunstancia, simplemente un domingo tuvimos 112 homicidios en el país, ninguna sentencia, tenemos una impunidad aproximada al 99 por ciento, es decir, solamente se tiene una eficacia de menos del 1 por ciento”.
Subraya: “Solamente se castiga en Jalisco el .06 de cada 100, ni siquiera uno. Esto se debe a una serie de errores que se han cometido porque el estar creando instancias como la Fiscalía General en su momento con el exgobernador Aristóteles Sandoval, las fuerzas únicas, las policías metropolitanas encumbradas en una institución que nada tiene que hacer como es una OPD, todo este tipo de cosas se hacen sin tomar en cuenta los estudios científicos que deben realizarse, porque el derecho es una ciencia, la policiología es una ciencia, la investigación de la misma manera, de eso se trata, de poner a disposición de la ciudadanía a los académicos, a los investigadores, estudiantes, para realizar los estudios empíricos necesarios para saber las razones”.
LA ENTREVISTA
Pregunta. El fenómeno delictivo tiene varias pistas, como la prevención, la persecución, la impartición de justicia, readaptación. ¿Ustedes lo van a tratar con visión de conjunto?
Respuesta. Sí por supuesto, será no solamente las consecuencias sino también las causas, porque se van a sumar una serie de investigadores, criminólogos, psicólogos, que justamente harán la investigación para determinar por qué sucede esto y la responsabilidad de las autoridades en este tipo de implementaciones que en muchas ocasiones dejan mucho que desear. Como ejemplo, un estudio que avanzamos en el CUCSH, en 4 años van más de 300 modificaciones al reglamento de policía, al código penal, a las instancias de seguridad pública, bueno, vemos cómo hasta el ejecutivo y legislativo cometen errores garrafales como modificar estas leyes, sin aplicar recursos, sin establecer mecanismos eficaces, sin capacitación y profesionalización de los elementos necesarios, porque no necesitamos más policías, necesitamos mejores policías, no profesionistas en las policías sino profesionales, todo esto se hará con estos estudios que se realicen por varios de los académicos, con datos que se tienen que saber, información que es importante para la toma de decisiones.
Pregunta. Una cosa es tener la información, otra qué harán con la misma, pues siempre queda en el papel…
Respuesta. Bueno, es parte de la misma vigilancia que tiene un observatorio ciudadano. Se tiene que dar el siguiente paso una vez teniendo la información y hacer las propuestas de cómo los profesionales ven una política pública, contrastar en lo que están haciendo con lo que deben hacer, es una parte muy significativa, porque esto no será con ocurrencias, lo que diga la Universidad de Guadalajara deberá estar sustentado con estos estudios.
POLÍTICAS PÚBLICAS SIN DIAGNÓSTICOS
Pregunta. La violencia y la inseguridad es el gran problema de México, los nuevos gobiernos están instrumentando estrategias, la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana…pero los índices delictivos no bajan, siguen a la alza.
Respuesta. Una buena política pública es aquella que va acompañada de un diagnóstico, de objetivos tanto generales como particulares que es de lo que carecen estas dos instancias que se crearon. Primero se nombra a la persona, luego esa persona hace unas propuestas, les dan un mes, pero no se ve por ningún lado, no se ve cuántos recursos aplicar, el proyecto se debe hacer primero, se tiene que convencer tanto a los legislativos como a los municipios para ver que esa propuesta de cambio o de instrumentación es la más correcta o la más adecuada, porque aquí empezamos al revés, aquí primero creamos a la persona para luego que esa persona va a crear la instancia correspondiente. Le estamos haciendo chalecos a la medida de una persona, no de las necesidades que se requieren, porque esta parte es donde 7 mil policías van a pertenecer, que no saben cómo van a funcionar, no se tienen ni siquiera oficinas, los alcaldes dicen que ellos no van a otorgar recursos, pero entonces, firman una OPD para soltar todos los recursos, son políticas de incoherencia, sin sustento.
Pregunta. ¿Cuándo empiezan a presentar estos estudios?
Respuesta. Ya empezó el esquema a trabajar, en los próximos días estaremos presentando la incidencia del homicidio, pero no en Jalisco como han sacado las estadísticas, sino municipio por municipio nos iremos visualizando cómo ha crecido el homicidio en la Zona Metropolitana como inicio, porque son puntos ciegos, nos hablan del total de Jalisco, que está entre los tres (estados del país) de más alto índice de homicidio, pero cómo está Zapopan, que dice el alcalde que es el municipio más seguro cuando el observatorio tiene otros datos, datos empíricos, que son de ellos mismos pero que se escudriñaron colonia por colonia, área por área, puntos neurálgicos, porque la mayoría de los homicidios se cometen en 22 colonias cuando Guadalajara tiene cerca de 600 colonias, ahí debe haber una estrategia para solucionar el problema en las colonias, porque si se quiere resolver de manera completa te tienes que ir por partes.
Pregunta. ¿Qué propondría para solucionar todo esto?
Respuesta. Primero hacer los estudios empíricos, ver cómo se puede realizar una política pública que sea integral. Un esquema de seguridad tiene que ver con la prevención, con la persecución del delito, con ejecución de penas, con la lucha anticorrupción, en ese esquema, se tiene que hacer un planteamiento integral.
Pregunta. ¿Cómo andamos en Jalisco en homicidios en el contexto nacional?
Respuesta. Andamos arriba de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, estamos solamente rebasados por el Estado de México y Tamaulipas, andan en un poquito más con variaciones cada mes, la constante debe ser por un año, pero tenemos unos estándares de una ciudad en guerra, está el tema del dengue, mueren más gentes por homicidio que por la enfermedad. Los datos los vamos a precisar completamente, incluso se hará un estudio entre el gobierno de Emilio González Márquez, con Aristóteles Sandoval, porque no tienen esa información en la Fiscalía, tienen ciertos datos, si nos alcanza nos iremos hasta gobiernos anteriores.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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