Portal informativo de análisis político y social

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN SIGUE EN LA “CONGELADORA”

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN SIGUE EN LA “CONGELADORA”

Ago 2, 2014

Por Mario Ávila Campos

Mientras la corrupción carcome la función pública en medio de una total impunidad, la iniciativa de ley para combatirla a través de una fiscalía especial duerme el sueño de los justos desde hace más de un año.

Su promotora, Celia Fausto Lizaola, lanza un llamado enérgico a sus compañeros diputados, para desempolvarla porque con una fiscalía contra este delito Rodolfo Ocampo, ex director del SIAPA, no sería el único tras las rejas, habría varios funcionarios públicos haciéndole compañía.

“No habría cárceles suficientes para albergar a muchos funcionarios que hoy están gozando de libertad, simplemente porque les han temblado las corvas en el Ejecutivo para atreverse a actuar en contra de los peces gordos”, apuntó.

Desde el pasado mes de junio del 2013 la diputada Fausto Lizaola habló de la necesidad de crear esta Fiscalía Anticorrupción en Jalisco, con el objetivo de investigar de oficio, por denuncia o por queja, abierta o anónima, todos los actos de corrupción.

Justificó la necesidad de esta medida, haciendo alusión a los datos de Transparencia Mexicana, que tanto a nivel federal como estatal dice que a México le cuesta la corrupción en un solo acto, o un solo modelo o una sola acepción como es la “mordida”, en el uso de 35 servicios públicos que son prestados desde el Gobierno a la sociedad, en 2007 costó 197 millones de pesos, pero la cifra subió a 200 millones de pesos en el 2010.

Abundó que en promedio por pago de “mordida” el ciudadano destinaba en el 2007, una cifra de 135 pesos y en el 2010 la cantidad creció a 165 pesos. “Se oye poco, pero multiplicado por los 200 millones de actos de corrupción que se registraron en el 2010 en todo el país, la cantidad es estratosférica”.

Detalló que los hogares mexicanos, concretamente de la gente que menos tiene, impacta en gran medida ya que se destina el 14 por ciento de los ingresos, “con ello prescinden de elementos importantes como los uniformes de los muchachos, los tienen que remedar, quizá los zapatos son los mismos, sacrifican libros y útiles escolares, o hasta dejan de comer, pero ojo, para las familias que viven con un salario mínimo les representó un 33 por ciento el dinero que se destina a actos de corrupción”.

La legisladora del Partido del Sol Azteca, habló de la gravedad del caso de Jalisco, considerado como de los estados más corruptos, se ubica en el sitio 25 de 32 en el orden descendente del ranking en materia de corrupción, en donde el 32 es el más corrupto y el 1 el menos.

Eso nos revela –dijo–, la magnitud de la gravedad de la situación y en el caso de Jalisco lamenta que se carcoma con este cáncer, con este mal endémico, que por supuesto al paso de los años va siendo más severo y más grave.

Parece ser que quien accede al ejercicio del poder público –añadió–, lo interpreta como un “ahora o nunca”, como la oportunidad de hacer su “agosto” y por ello hay casos de enriquecimiento ilícito, haya cada vez más servidores públicos que vivían modestamente, pero de repente se compran grandes mansiones en los principales fraccionamientos residenciales, o aparecen con cuentas bancarias fuera del país.

Hay 20 millones de actos de corrupción en Jalisco

Recordó la representante popular, Celia Fausto Lizaola, que los datos de Transparencia Mexicana dicen que a Jalisco la corrupción le cuesta al año aproximadamente tres mil 300 millones de pesos, particularmente en el caso del año 2010, que es el dato más actualizado que se tiene. Es decir la corrupción estaba a la par del presupuesto de egresos de su ciudad capital, es decir fue similar al gasto del Ayuntamiento de Guadalajara.

Estos tres mil 300 millones de pesos se erogaron en 20 millones de actos de corrupción, es decir el 10 por ciento del total de los actos de corrupción que se realizaron en el país.

La diputada se pregunta cuánto se puede hacer con esta cifra si la corrupción se erradicara, clínicas, escuelas, rehabilitación de espacios públicos, dotación universal de bicicletas a los ciudadanos para abatir la contaminación o bien la implementación de nuevos programas sociales o la ampliación de los ya existentes.

A la par de la creación de la Fiscalía Anticorrupción, Celia Fausto propuso la creación de una Ley de Combate a la Corrupción en el Estado de Jalisco, es decir el marco normativo, en donde la intención general es prevenir, “porque digo, combatirlo ahorita de entrada, erradicarlo, tampoco es posible, tendríamos que atacar a un gran número de servidores públicos y no tenemos las cárceles suficientes.

“Esto es de cultura, es de valores, es de principios; la tarea es prevenir, controlar sí la problemática, pero a través de la prevención, porque no solamente hablamos del combate y las sanciones, hablamos también de generar una cultura de prevención de disuasión, de persecución, de combate y de sanción”.

Sobre las facultades de la Fiscalía Anticorrupción, Celia Fausto expuso que serán: evaluaciones de riesgo, emitir apercibimientos, emitir disposiciones para inhibir actos de corrupción, presentar a entes públicos soluciones de sanción administrativa ya cuando investigan a servidores públicos que hayan incurrido en una responsabilidad de tipo administrativa y solicitar al Congreso del Estado, cuando es de tipo penal, la declaración de procedencia de juicio penal contra el servidor público que tenga fuero.

“No debemos de ser intocables, el fuero no debe ser un escudo para hacer fechorías, es sólo una protección constitución en la expresión de ideas y propuestas que puedan molestar a los poderes Ejecutivo y Judicial, porque somos representantes populares”, apuntó la también ex regidora del Ayuntamiento de Guadalajara.

Habrá 14 fiscales en la entidad

La iniciativa habla de que la Fiscalía Anticorrupción tendría en su estructura un Fiscal Estatal y 13 fiscales regionales conforme está dividido el Estado conforme al Plan Estatal de Desarrollo, a fin de que se descentralice esta instancia.

Sobre el perfil de la fiscalía, la propuesta contempla que se trate de un órgano autónomo, imprescriptible y obviamente a los 13 fiscales regionales y al fiscal estatal los estaría nombrando el Poder Legislativo en razón de mayoría calificada.

Entre los requisitos para ser fiscal, además de abogados, contadores, economistas y quizá algunos hasta expertos en desarrollo urbano, está la realización de un examen o una prueba de control de confianza que se podría aplicar anualmente.

La autora de la iniciativa explica que en la práctica, hoy día como no hay una cultura de combate a la corrupción desde la esfera gubernamental, el servidor público de menor nivel que tiene evidencia de que se está incurriendo en actos de corrupción, no alza la voz aunque esté en desacuerdo, porque tendrá represalias como despido injustificado, o se le fabricará alguna falta grave, acoso a su persona a su familia, e inclusive a su patrimonio.

Ante ello el Estado –dijo–, tiene que otorgarle garantías a los ciudadanos honestos, probos y valientes que quieran que con su trabajo se logre esa sociedad que todos queremos, pero sobre todo que se logre un desempeño honesto de los servidores públicos de todos los niveles de gobierno. Por ello la Fiscalía habrá de integrar la queja, se habrá de hacer un escrito de hechos, se entregará copia del IFE del ciudadano que presenta la denuncia, se presentarán pruebas o elementos de prueba, y a partir de ahí la Fiscalía habría de proteger la integridad y le otorgaría seguridad al denunciante y a su familia.

Un tema relevante es que esta Fiscalía, en la investigación de oficio, la estará haciendo a tiempo real, no va a esperarse a que concluya el Ejercicio Fiscal Anual, o a que haya una cuenta pública o a que la Contraloría del Estado o la del municipio le diga que hay presunción de un acto de corrupción. Es decir a tiempo real podrá hacer un calendario, un programa en donde investigue a los municipios o lo podrá hacer aleatoriamente.

%d bloggers like this: