ENTREVISTAS
Juan Huerta, secretario adjunto de la FTJ: Le urge a Jalisco un nuevo pacto social
Por Raúl Cantú //
El sistema que tenemos es obsoleto y no funciona al cien por ciento, desde hace tiempo el crimen organizado va ganando la batalla, a Jalisco le urge un nuevo pacto social y por ende una nueva Constitución.
Así lo piensa y así lo expresa el secretario sustituto en funciones de encargado de despacho de la Federación de Trabajadores de Jalisco (FTJ), Juan Huerta, quien al mismo tiempo subraya que “hacer política es crear acuerdos que permitan un mejor equilibrio de fuerzas y grupos fácticos”.
Juan Huerta dice estar completamente de acuerdo tanto con la iniciativa del gobernador Enrique Alfaro de convocar a un Pacto Social en Jalisco, como la del presidente de la Canaco Guadalajara, Xavier Orendáin de Obeso, que le llamó “Pacto por la Integridad y por el Bien Ser de Jalisco.
“El pacto que propone el líder patronal es una respuesta válida ante el descontento social, donde podemos ver tantas situaciones que provocan atrasos y nos evitan avanzar en pos del progreso económico y social. La convocatoria nos invita a ser íntegros para que cada quien haga su parte, es decir, lo que se debería hacer, sin las simulaciones que mucho afectan y nada aportan”.
El secretario sustituto en funciones de encargado de despacho de la FTJ manifestó su coincidencia con Orendáin de Obeso en que “los verdaderos adversarios de Jalisco son la corrupción, la inseguridad, las desapariciones, la impunidad, el comercio ilegal y la sobrerregulación”.
“Habría también que agregarle las malas aplicaciones de la justicia laboral, la falta de salarios más competitivos, de capacitación y adiestramiento para la fuerza laboral y empresarios, entre otras cosas. Y ahora con la Reforma Laboral que está por salir convierte a las empresas en un botín para los advenedizos nuevos líderes sindicales que brotan por generación espontánea”.
LA ENTREVISTA
Pregunta. ¿Antes de la propuesta de Xavier Orendáin el gobernador Enrique Alfaro había planteado un nuevo Pacto Social dentro de su proyecto de Refundación de Jalisco? ¿Qué tan necesario es? ¿Cómo está diseñado hoy el Estado requiere cambios profundos o ajustes?
Respuesta. Quien puede ser incluyente en la realización de pactos, es sin duda el gobernador de Jalisco, que tiene muy claros los objetivos a perseguir para lograr el liderazgo en varios rubros. Debemos recordar que hacer política es crear acuerdos que permitan un mejor equilibrio de fuerzas y grupos fácticos. Últimamente se ha venido realizando la socialización sobre el tema de la refundación y nos ha tocado verlo muy de cerca con el diputado Héctor Pizano, quien de manera muy atinada ha estado convocando a la gente pensante de nuestro estado para tener mejores argumentos al respecto de crear una nueva constitución en el estado de Jalisco.
Por mi parte considero que a nuestro estado no le falta, le urge un nuevo pacto social y por ende una nueva Constitución.
P. La lógica del gobernador es que el sistema político es obsoleto, no funciona por lo que se requiere al mismo tiempo una Constitución y un nuevo Pacto Social.
R. Bueno, a todas luces el sistema que se sigue es obsoleto y no funciona al cien por ciento, tanto así que sólo hay que ver las estadísticas donde el crimen organizado va ganando la batalla desde hace tiempo. Se necesita hacer algo, cambiar procesos, sistemas y sobre todo entrar a la modernización con argumentos sólidos y actuales, aprovechar la tecnología de la información, y sí, el sector obrero está consciente que para llegar todos a una meta hay que definirla y hacer el plan para lograrlo; es por eso que también estamos en planes de lanzar nuestro propio acuerdo entre centrales obreras y el Gobierno del Estado.
DEBE DESAPARECER EL SALARIO MÍNIMO
P. Se ha hablado de un Pacto entre los sectores productivos… ¿Qué papel le toca jugar al sector social? ¿Cómo está la calidad de vida de los trabajadores? ¿Los salarios en Jalisco qué tan competitivos son?
R. Existe mucha información y estadística sobre el empleo y la calidad de vida en base a las encuestas de satisfacción para ver la situación de cada trabajador, que por estar en nuestro estado valora mucho la convivencia con su familia y la posibilidad de tener un empleo, aunque no esté muy bien pagado. Sin embargo esa es una de las tareas de los sindicatos, el buscar la mejora en las condiciones de vida de los agremiados. A través de salario, prestaciones y justicia laboral.
La CTM nacional ha promovido la desaparición de los salarios mínimos porque limitan mucho las negociaciones colectivas, en cambio con la libertad de la oferta y demanda cada puesto tiene un escalafón de acuerdo a la competitividad de cada empresa. En la actualidad estamos más arriba de la media nacional.
P. Los servicios de salud son muy importantes en un Pacto Social que impactan la calidad de vida, el funcionamiento del IMSS… ¿Se deben incluir en ese Pacto Social? ¿Qué compromisos se deben asumir?
R. La salud es primordial para el buen desarrollo de los pueblos y en México contamos desde hace tiempo con el IMSS, que fue en su tiempo la mejor respuesta para el cuidado del trabajador, según la visión de uno de sus principales impulsores desde la secretaria general de la CTM, Don Fidel Velázquez Sánchez, pero ahora se necesita un impulso fuerte para que crezcan las clínicas en los municipios, con los mejores adelantos tecnológicos y médicos… ¡Claro que sí se necesita mejorar las políticas públicas que norman al Seguro Social, para regresarle al trabajador la certidumbre y confianza de tener un aliado en caso de enfermedad! Y para que se puedan dar estos cambios es necesario avalarlos con presupuesto.
P. El tema de la seguridad se ha convertido en un grave problema. ¿Qué tanto les impacta a los trabajadores organizados?
R. Para los trabajadores en particular y, para toda la sociedad en general, la seguridad es prácticamente el talón de Aquiles de todo gobierno actual, donde los asesinatos, robos, desfalcos, secuestros, se han desbordado hasta un punto de alarma, que si lo contabilizamos en competitividad resta mucho potencial para el desarrollo de nuevas fuentes de trabajo y de incremento en inversión de las actuales. Existe mucha preocupación…
LOS COMITÉS DE ADQUISICIONES
P. La opacidad y ausencia de transparencia facilita la corrupción. ¿Cómo han visto ustedes el funcionamiento de los Comités que prácticamente están integrados por representantes de las cúpulas del Sector Privado en las adjudicaciones de contratos y que se convierten en juez y parte?
R. Pues para que sea algo más democrático, se debería abrir ese sistema para que integrantes de la ciudadanía y de los grupos de usuarios más representativos pudieran avalar la mejor decisión, de una manera más técnica recordando siempre que debe existir el informe de cada licitación y adjudicación… Ya tenemos varios ejemplos de lo que sucede cuando no hay claridad en los procesos y en cómo se dieron esas concesiones, es conocido el transparente maridaje entre algunos empresarios y el gobierno donde se ven los oscuros manejos para la asignación de los contratos.
P. Recientemente se publicó un desplegado en la prensa local firmado por decenas de organismos de la sociedad civil, a propósito del Pacto por la Integridad y por el Bien Ser de Jalisco que piden al presidente del Congreso del Estado, diputado Salvador Caro Cabrera impulsar 3 iniciativas:
– La integración y funcionamiento de los Comités de Adquisiciones.
– Los procesos de adjudicación directa y contratos irregulares.
– Una plataforma abierta de compra que transparente y permita comparar procesos.
R. Es algo que se debe normar y adquirir el compromiso de sujetarse a esa plataforma abierta, de tal manera que aparezca la mayor información de quiénes, qué, cómo y cuánto de manera clara, para que no haya suspicacias y todos puedan jugar el mismo juego, sin trampas, ni prebendas, acabando con esas adjudicaciones directas y contratos irregulares que dañan mucho la confianza de los participantes, así como del pueblo en general por ser indicaciones, en muchas ocasiones, de corrupción.
P. Plantean de la misma forma aprobar la Ley Estatal de Mejora Regulatoria antes del 18 de mayo del 2019, así como instalar las mesas de gobernanza legislativa, para revisar y hacer modificaciones necesarias en el marco legal del Sistema Estatal Anticorrupción, que ya han sido planteadas desde el Comité de Participación Social del SEA. Y Plantean lo siguiente:
– Crear la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía Anticorrupción.
– Articular las agendas de las instituciones que integran el Comité Coordinador del SEA en un esquema de cooperación y complementación.
Dotar de una Secretaría Técnica y una estructura de apoyo al Comité de Participación Social del SEA.
¿Consideran todo esto necesario? ¿No hay el riesgo de que sea más burocracia y que todo termine en un elefante blanco?
R. Existe siempre el peligro de que sea una gran inversión y fracase, sin embargo para que ello no ocurra se deben convencer a las partes que lo integran a participar ampliamente y sin reservas, de lo contrario se esperan grandes cambios y los resultados, sobre todo a corto plazo, pueden ser pobres.
Se necesita personal adiestrado y capaz en cada área planteada, mejores espacios y sobre todo una estrategia articulada que pueda generar sinergia entre todos. Si no existe todo eso y hay que procurarlo… seguramente se necesitará más que voluntad y dinero para desarrollarlo y hacer que funcione en un tiempo razonable. ¿Lo tenemos? Y, además con la creación de comisiones, observatorios, comités y secretarías no tenemos la garantía de buenos resultados… ¡Al contrario!
P. Qué opinión tienes sobre la forma como se ha integrado el Sistema Estatal Anticorrupción y su operación. ¿Qué la falta para que dé resultados? ¿Hay que darle más tiempo? ¿Voluntad de su titular?
R. Como todo organismo que tiene una gran cantidad de trabajo, necesita prácticamente todo, se ve que existe voluntad de su titular por hacer las cosas, pero si no tiene los recursos necesarios y de acuerdo a la magnitud y complejidad de sus metas, considero que debe tener más apoyos y recursos económicos y humanos, de lo contrario es como mandar a la guerra a un soldado sin buen armamento para ganar la batalla… Ojalá funcione y no quede en un complejo esquema que al final sólo tenga como resultado la simulación.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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