ENTREVISTAS
Sí a la Policía Metropolitana, no a un proyecto al garete: Regidor de Tlaquepaque Alberto Maldonado
Por Mario Ávila //
El regidor por Morena en San Pedro Tlaquepaque, Alberto Maldonado Chavarín, un abogado con maestría en Seguridad Pública, advirtió que los 880 policías del muncipio que se sumarán a la nueva corporación de seguridad metropolitana representan un tercio del total de los empleados y del gasto en nómina del ayuntamiento, por lo que ceder todo sería atentar contra la soberanía de municipio. Planteó que al menos 30 mil millones de pesos anuales costaría una policía para los 9 municipios.
Sobre el tema de la creación de la Policía Metropolitana, que se gestó en primera instancia con la oposición de la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón García y posteriormente con un cambio drástico de actitud, el edil de la villa alfarera planteó: “Lo que hemos dicho nosotros hasta el cansancio, sí le conviene a la ZMG una estrategia de estas, sí; pero no un proyecto al garete, sin plan de operación, sin plan de trabajo, sin programación, sin presupuestación y sin métodos claros de evaluación”.
Admitió que se trata de un modelo novedoso que ha funcionado en algunas otras partes del mundo, caso concreto Medellín, Colombia y Barcelona, España, “es decir, el modelo de tener una policía Metropolitana es una determinación atinada, sí sirve, sí funciona; sin embargo no en el modelo que como una ocurrencia ellos lo habían gestado, y a mí hasta se me enchina la piel con el hecho de pensar que siendo la seguridad pública el tema más importante en Jalisco y más en Tlaquepaque, no se haya hecho un trabajo de consulta a los expertos en mesas de trabajo, o incluso en un foro durante un solo día, en donde seguramente pudieron haber surgido aportaciones novedosas que se podrían incorporar a la propuesta”, planteó el regidor de oposición.
“Lo que sorprende -dijo Maldonado Chavarín-, es que se haya atenido solamente el gobernador a su fuerza política, a sabiendas de que todos los alcaldes de la Zona Metropolitana son de su mismo partido, diciéndoles de que a partir de que truene los dedos ya no tendrán policía en su municipio, sino que se habrán de incorporar a la Policía Metropolitana”.
Alberto Maldonado también censuró el modelo original, “decir que es una OPD la que manejará la seguridad pública, en ningún lugar del mundo se ha visto, con patrimonio propio, gestión propia, gobierno propio; como OPD nunca hubiera podido funcionar porque es un modelo ocurrente y totalmente vergonzoso para quien le entiende un poquito al Derecho”.
“No hay una parte en el mundo -expuso-, en donde un gobierno ceda su policía y ceda su dinero, es decir la esencia, el espíritu, el alma del artículo 115 Constitucional es la autonomía, la soberanía de los municipios. Y la Soberanía se compone de tres elementos: población, territorio y poder, entendiendo el poder en dos vertientes, ya que el poder se tiene cuando tienes el dinero, es decir el manejo de la hacienda pública y cuando tienes armas y/o ejército. Solo así eres un municipio soberano. El primer esquema que nos propuso Alfaro, que fue una propuesta vergonzosa, planteaba que los municipios cedieran su policía y su dinero, y esto en qué cabeza cabe”.
“Por eso considero -abundó-, que la presidenta municipal, María Elena Limón hizo bien en oponerse a este primer modelo, desde el momento que dijo: a ver, yo esto no se los firmo, están locos, cómo les voy a ceder mi mando policiaco y mi dinero”.
Otro de los contrasentidos que detectó el regidor Alberto Maldonado, “es que no nos dicen detalles, ni cantidades, solo pedían que se les cediera recursos materiales y humanos y ellos se comprometían a atender el problema de la inseguridad, ¿pos dónde la viste? No era un esquema claro, no era un esquema transparente como no lo es aún en este momento”, advirtió.
“AÚN NO TIENEN EL CÓMO, SÓLO TIENEN RESUELTO EL QUÉ”
Para el regidor morenista, aún quedan muchas dudas después de echar a andar oficialmente la operación de la Policía Metropolitana y expuso: “De dónde va a salir el dinero, cuánto va a aportar cada municipio, qué porcentaje de sus ingresos tendrá que aportar cada gobierno municipal, cuántos elementos se enviarán de cada corporación y finalmente el Estado por qué no ha levantado la mano con su policía estatal, porque no es claro y dice si no van a aportar o solo se trabajará con policías municipales, para resolver un problema estatal”.
En todos los lugares del mundo -afirmó-, en donde ha sido exitosa la Policía Metropolitana, es donde existe sí en efecto una policía de este tipo, pero todos los municipios siguen conservando sus policías municipales, que son los policías de proximidad, de primer contacto con la ciudadanía, la que te atiende cuando tienes problemas con un vecino ruidoso, cuando un hombre quiere golpear a una mujer, cuando se presentan casos del día a día.
“De ahí que la propuesta de Tlaquepaque -abundó-, es y seguirá siendo, fortalezcamos las policías municipales y hagamos un exitoso modelo de Policía Metropolitana y entonces sí, estrellita, trofeo y mención honorífica. Pero no me quites la cobija, en Tlaquepaque tenemos una fuerza policiaca de 880 elementos, pero se necesitan alrededor de 1 mil 600 para llegar a los estándares que demandan los criterios internacionales, de acuerdo a nuestra población. ¿Y todavía quieres que te dé elementos y que te dé dinero, pos en qué cabeza cabe?”
Otra duda de las más significativas que dice tener el regidor Alberto Maldonado, consiste en que “mis policías realizan una función de policía preventiva y lo que el gobierno del Estado quiere, es formar una policía reactiva; esta Agencia Metropolitana que es una policía reactiva no puede estar previniendo, o eres una cosa o eres la otra. Insisto, estamos a favor de la coordinación, de una policía metropolitana de reacción, bien preparada, en qué les ayudamos, en dónde les firmamos, pero no me digas que me vas a quitar el dinero y a los elementos”.
Finalmente Maldonado Chavarín dijo respaldar cabalmente la postura de su presidenta municipal, María Elena Limón y sobre su actuación dijo: “La vemos con buenos ojos, porque la presidenta lo que nos dijo a nosotros en una reunión previa que tuvimos los regidores el martes a las 19 horas, fue que ella no cedería ni el mando ni el dinero, aún así ellos le entregaron del nuevo modelo, solo un documento de buenas intenciones y ahí dice puntualmente que se le darán 30 días al Comisario para presentar su plan de trabajo y que le darán de 3 a 6 meses para poder tener la parte reglamentaria. Y ese es el problema, no se ha determinado dónde tienes competencia y dónde no, por ello la propuesta en el caso del Cabildo de Tlaquepaque se turnó a comisiones para su estudio, análisis y dictaminación”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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