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SOLO LA CÁRCEL DESTRABARÍA EL TEMA DE VILLAS PANAMERICANAS

SOLO LA CÁRCEL DESTRABARÍA EL TEMA DE VILLAS PANAMERICANAS

Jun 4, 2016

El litigio que sobre las Villas Panamericanas se dirime en el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, va para largo. Al menos hay materia para que durante un par de años más las partes involucradas puedan estar enredadas en recursos legales, por lo que las ideas que sobre el uso del inmueble llegan desde Zapopan, no son fiables, antes bien, hacer justicia y encarcelar a los responsables, sería el único método para destrabar el litigio.

El juicio se encuentra actualmente en la etapa de la integración de pruebas documentales y periciales, de las que aún quedan varias por atender y podrían tardarse hasta medio año; una vez resueltos los juicios en el Tribunal, cualquiera de las partes que sienta que no salió beneficiada puede interponer un recurso de reclamación que llevaría entre seis meses y un año para resolverse; pero una vez resuelto en el pleno del TAE, las partes tendrían la posibilidad de irse a un amparo y ese procedimiento también tardaría aproximadamente otro año.

Sin embargo, la opción más rápida que se tendría para solucionar el conflicto, es la aplicación de la justicia, es decir, que los que violaron las normas ambientales, los reglamentos de construcción y los que dispusieron de las arcas públicas para financiar este tipo de proyectos, paguen con cárcel y se les obligue a resarcir el daño económico y ambiental que causaron.

En manos de la Fiscalía están las denuncias penales con las que pudiera actuar. Se cuenta además con los dos documentos fundamentales que le dieron vida a las Villas Panamericanas y en los que están señalados plenamente los responsables.

Un documento es el proyecto de la obra que presenta Corey Integra, S.A. de C.V. el 22 de septiembre del 2009 y que firma Héctor Francisco Cornejo Reynoso, como único responsable. En este documento se explica en detalle: a) El proyecto arquitectónico conceptual; b) La ubicación del predio; c) La propuesta de inversión; d) Propuesta de financiamiento; e) Uso de suelo y f) Condiciones complementarias.

El segundo documento es la «Carta Compromiso» que en respuesta dan el 27 de abril del 2010 cuatro altos funcionarios del Gobierno del Estado: Emilio González Márquez, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, José Luis de Alba González y Sergio Carmona Ruvalcaba, gobernador y secretarios General de Gobierno, Finanzas y Desarrollo Urbano, respectivamente.

En este documento, los también funcionarios del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, se comprometen: «… en el ámbito de su competencia, a instrumentar las acciones necesarias para procurar el cumplimiento de las condiciones complementarias establecidas en dicha propuesta, de acuerdo a la suficiencia y validación presupuestal; así como a coadyuvar y a gestionar ante otros ámbitos de Gobierno y competencia, para el efecto de que el desarrollador, Corey Integra, S.A. de C.V. lleve a cabo la construcción de la Villa Panamericana».
Indignación en el Parlamento de Colonias

Villas Panamericanas

«El Gobierno del Estado no puede decir que en un mes resuelve esto», dijo enfático Alejandro Cárdenas, presidente del Parlamento de Colonias, la organización civil que ha abanderado la defensa de la zona de El Bajío y ha impedido en los tribunales, que se consume el daño ambiental concediéndole el permiso de habitabilidad a las Villas Panamericanas.

Y demandó:

«Que lo resuelva como debe, tiene todos los elementos para hacerlo, porque aquí hubo delitos por parte del exgobernador y por parte de los constructores, lo que tendrían que hacer es no replicar contra la sociedad y no beneficiar a estos especuladores de la tierra. Si ellos causaron un daño ambiental y patrimonial, lo que se tiene que hacer es cobrarles. Y les pueden cobrar, ellos firmaron documentos, pagarés por más de 700 millones de pesos; hay un convenio leonino con el IPEJAL con más de 340 millones de pesos a favor de estos sinvergüenzas constructores».

El Gobierno del Estado —dijo el representante vecinal—, tendría que estar fincando la responsabilidad ambiental y patrimonial a estos sinvergüenzas, y recuperar, porque todos estos que orquestaron el ecocidio y el desfalco al Ipejal y el Iprovipe, tienen dinero suficiente para pagar lo que se gastó. Hoy la sociedad ya no puede soportar este tipo de latrocinios y no podemos estar a expensas de que se les condone la pena, que se aplique la ley como se debe y a eso está obligado el Gobierno del Estado».

Recordó que la agrupación que encabeza presentó hace un año, el pasado 9 de junio del 2015, una denuncia penal que no la ha caminado a pesar de que tienen todos los elementos y explicó que la misma Contraloría del Estado presentó denuncias penales que han corrido la misma suerte.

Expuso que dentro de los elementos que prueban la violación al marco legal es el hecho de que el dictamen de la manifestación de impacto ambiental la elaboraron en menos de 15 días y la aprobaron en menos de 7 días, «y cuando se cuestione ese proceso claro que va a tronar, o la visita pericial que hizo el propio municipio cuando se constató el derrame de aguas negras a la cuenca, sacaron 50 camiones váctor con 5 metros cúbicos cada camión, es decir, más de 250 metros cúbicos de aguas negras, que fue nada en relación de lo que en verdad se depositó y dañó los acuíferos».

Si no protegemos la zona de El Bajío, las mil 200 hectáreas que es una zona de las de mayor recarga hidráulica, haciendo que se respeten los ordenamientos ambientales, ecológicos y urbanos que hay, los vivales aparecerán de inmediato e inundarán de edificios esa zona. Lo que hubo fue una flagrante violación por parte del exgobernador y el empresario constructor, que a sabiendas de que había tantas irregularidades, construyeron.

El arquitecto Cornejo es, a mi juicio, el mayor responsable, tiene una instrucción académica de carácter técnico, es arquitecto, pero además es el perito de la obra, es el perito de la urbanización y el perito de la edificación, él tiene una gran responsabilidad, es propietario de los terrenos y junto con el exgobernador, aun con todas las violaciones firmaron documentos que los comprometía a realizar la obra, aun violando la ley y poniendo en riesgo el patrimonio no de los que estamos aquí, sino de los que todavía no nacen.

Ratificó que

«la Villa Panamericana fue el resultado de una rotunda violación a los instrumentos legales, ambientales y urbanos; todas las cuestiones de la administración pública en el manejo de los recursos al destinar 736 millones de pesos del Iprovipe a la Villa, cuando el Organismo Público Descentralizado fue concebido para que le dé viabilidad a la vivienda de interés social o popular, que no rebasa los 500 mil pesos, y los departamentos en la Villa Panamericana son de más de 1.5 millones de pesos, no tenía por qué hacer una inversión de esa naturaleza.

«Los documentos dicen que Gobierno del Estado le dio 400 millones pagaderos al último de noviembre del 2012, luego le dan otros 300 millones de pesos y después 36 millones de pesos para los permisos a fondo perdido.

«Si en este país aplicara el Estado de Derecho y hubiera conciencia de defender este patrimonio ambiental, debería haber cárcel para los responsables y los edificios se deben demoler, ya que una vez que se le dé habitabilidad a la Villa, ya sea educativa, asistencial o de investigación, se corre el riesgo de que las 1,200 hectáreas sean ocupadas por una densidad de aproximadamente 400 habitantes por hectárea, es decir, se poblaría la zona con casi medio millón de habitantes».

Por cierto, entre las pruebas que el Parlamento de colonias aportó en el juicio, son las conclusiones que un grupo de expertos convocados por el gobierno de Zapopan en la pasada administración, en donde llegaron a tres conclusiones: 1.- Que no hay estudios suficientes, 2.- Que es necesario que se hagan esos estudios y 3.- Que la zona tiene una importancia hidrológica y ambiental para toda la Zona Metropolitana.

 

Agotado el fideicomiso

Conferencia sobre las Villas Panamericanas

Con relación al Fideicomiso de 65 millones de pesos que existía para el mantenimiento de la zona, Alejandro Cárdenas denuncia:

«Se lo acabaron ellos mismos (Corey Integra), crearon empresas fantasma para el mantenimiento, para la vigilancia pagándoles 300 mil pesos mensuales a cada una y eran ellos mismos los dueños de las empresas».

Los dos meses para los que únicamente queda dinero para mantenimiento, dijo, «son como el petate del muerto, igual que lo que ha dicho Pablo Lemus sobre de que se va a incendiar por la maleza, como si nada más alrededor de la villa creciera la mala hierba».

Y denunció:

«El despacho jurídico que encabeza Víctor Manuel Peña Briseño ha cobrado más de 6 millones de pesos por estar asesorando a Corey y en un momento dado también han asesorado al Gobierno del Estado y también tienen un juicio mercantil para disolver el fideicomiso que legalmente firmaron en contra del Gobierno del Estado y de Ipejal. Aquí se da una cuestión de prevaricato por parte de este despacho, aquí nos gustaría saber qué papel juega este despacho que es el que hizo la rueda de prensa, con qué cara, porque el Fideicomiso de 65 millones de pesos verdaderamente fue saqueado por Grupo Corey y por estos abogados».

«Ahora, por otro lado, es obvio y patente los delitos ambientales que se cometieron con el tema de la Villa, es obvio y ha sido patente la violación a los Planes Parciales de Desarrollo que estaban vigentes cuando se autorizó la Villa Panamericana, todas estas violaciones están en los juicios, si se ha demorado la resolución de los juicios es porque los mismos abogados que ha tenido Corey han interpuesto infinidad de recursos y se ha retrasado la resolución», se pregunta Alejandro Cárdenas.

 

Dos meses de plazo

07

Por su parte el abogado del Grupo Corey Integra, Víctor Manuel Peña Briseño, expuso que el dinero que garantizaba el mantenimiento del inmueble, prácticamente está agotado y planteó que los recursos de la Villa Panamericana estarían garantizados, sólo si se le da un destino y uso en el corto plazo.

En un principio, abundó, cuando se construyó la Villa, la inversión del Instituto de Pensiones estaba plenamente garantizada en virtud del éxito notorio del proyecto que implicó el apartado y venta de departamentos de lo que desde un principio tuvo como vocacionamiento la vivienda; el mercado respondió de forma muy positiva a la oferta, por lo que la inversión del IPEJAL, implicaba no sólo la certeza de la inversión inicial sino importantes márgenes de rendimiento.

«Sin embargo, el abandono en el que se encuentra la Villa y su eventual deterioro, tendrá un impacto negativo significativo en la inversión que se hizo a este inmueble con dinero de los trabajadores del estado; con el paso del tiempo, la inversión del IPEJAL en la Villa sufre una permanente devaluación, por lo que el factor tiempo se vuele algo estratégico para otorgar certidumbre al recurso de los trabajadores y por lo tanto a su futuro.

Peña Briseño expuso que en los últimos días diversas autoridades se han referido al futuro de la Villa Panamericana, destacando los pronunciamientos del gobernador de Jalisco, del alcalde de Guadalajara y del alcalde de Zapopan. «Y todo parece indicar que hay claridad y consenso en el destino final de la Villa, misma que albergaría un centro de investigación y tecnología orientado fundamentalmente a temas de salud. Tal parece que el gobierno estatal y el gobierno municipal de Zapopan han llegado a un acuerdo positivo para destinar la Villa al propósito referido».

«Celebramos que, después de casi 5 años en que la Villa ha estado en una total parálisis, se haya definido la ruta para aprovechar este inmueble como más convenga al desarrollo de la región; exhortamos al Gobierno del Estado, principal responsable de la solución de este tema, a que en un plazo máximo de un mes exponga ante la opinión pública el plan específico de acción para resolver el conflicto y una ruta de tiempo para llevar a cabo los compromisos asumidos», dijo el abogado de la empresa Corey Integra, Víctor Manuel Peña Briseño.