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Lo que el gobernador Enrique Alfaro y MC opinaban sobre El Zapotillo cuando eran oposición

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VIDEO: Postura de Enrique Alfaro y MC sobre la presa El Zapotillo cuando eran oposición

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Nuevo acuerdo entre Jalisco y Guanajuato carece del aval de CONAGUA

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Por Mario Ávila //

Para la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), están vigentes las posibilidades de elevar la cortina a 105 metros de altura o desmantelar la presa; según lo expuso su directora en reunión sostenida con representantes de “Salvemos Temaca”.

Los habitantes de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, mantienen vivas las esperanzas de que sus comunidades se salven de ser inundadas, ya que no se ha tomado una determinación y por tanto están vigentes las dos posibilidades extremas: que la cortina de la presa El Zapotillo se eleve a los 105 metros de altura o bien que se desmantele el proyecto de la construcción de la presa en la región de Los Altos de Jalisco.

Esto quedó en claro para los representantes del Colectivo “Salvemos Temaca” y abogados defensores de los derechos de los pobladores de estas tres comunidades en riesgo, luego de tomar parte en una reunión efectuada el pasado martes, en la que estuvo presente la directora de CONAGUA, Blanca Jiménez Cisneros, el jefe de Asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador, Lázaro Cárdenas Batel y representantes del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario.

En el encuentro, la directora de CONAGUA, Blanca Jiménez aseguró que no hay hasta ahora una decisión tomada, según lo refieren versiones de los asistentes, vertidas a algunos medios de comunicación digitales como Zona Docs y Somos el Medio.

Blanca Jiménez aseguró que hasta el momento, la CONAGUA se encuentra analizando todas las opciones que van desde construir la cortina de la presa El Zapotillo a 105 metros de altura, hasta de desmantelarla; sin embargo, reafirmó que no se ha tomado ninguna decisión.

Con el objetivo de solucionar el conflicto que tiene detenida la construcción de la Presa El Zapotillo que se inició desde hace 13 años e impedir que los pueblos sean inundados, la CONAGUA, el Gobierno Federal y la representación legal del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, acordaron reunirse a finales del mes de julio para analizar la situación jurídica del caso.

La primera de las dos opciones (levantar la cortina a 105 metros), maduró a raíz de la presión que ejercieron los empresarios de Jalisco en reunión sostenida con el presidente Andrés Manuel López Obrador el mes pasado, y aumentó, una vez que los gobernadores Enrique Alfaro Ramírez y Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de Jalisco y Guanajuato, respectivamente, desconocieron los acuerdos de distribución del agua del Río Verde firmados en el 2006 cuando prácticamente el presidente de la República, Vicente Fox Quezada, presionó y obligó al entonces mandatario jalisciense, Francisco Javier Ramírez Acuña, quien se había defendido diciendo con firmeza que “Jalisco no se vendía por un plato de lentejas”.

NO CUADRAN LOS DATOS

Para Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), los porcentajes manejados en el Acuerdo de Entendimiento firmado, el pasado 29 de junio, por los gobernadores Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y Enrique Alfaro Ramírez: “No le cuadran”, ya que los datos de disponibilidad de agua con los que cuenta la CONAGUA, no corresponden a los datos manejados en el Acuerdo de Entendimiento firmado por los funcionarios.

Lo anterior fue explicado por la Directora de CONAGUA durante la reunión que sostuvo, el pasado martes 9 de julio, en la Secretaría de Gobernación, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y el Colectivo de Abogados de las comunidades; en dicha reunión también estuvo presente Lázaro Cárdenas Batel, jefe de Asesores del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Respecto a los 500 millones de pesos, destinados dentro del Presupuesto de Egresos Federal 2019, la titular de la CONAGUA señaló que, por órdenes de López Obrador, sólo se usaron 270 millones de pesos para realizar trabajos de seguridad en El Zapotillo, tales como instalar unos diques que impidan que ramas, basura, piedras o cualquier otro elemento lleguen a obstruir las compuertas de presas, lo cual podría ocasionar un desastre.

Jiménez Cisneros resaltó que su administración se encuentra enfocada en tener toda la información del proyecto Presa El Zapotillo- Acueducto Zapotillo-León; no obstante, no han revisado toda la documentación que se encontraba en las oficinas de CONAGUA Jalisco y que recientemente ha sido trasladado a sus oficinas en la Ciudad de México.

Hemos encontrado irregularidades -dijo-, por lo que ya tenemos la información en la Ciudad de México donde la estamos analizando, pero ha sido un dolor de cabeza analizar el expediente, precisó.

Respecto a la millonaria demanda de la empresa española Abengoa contra el Gobierno de México por el pago de una indemnización por la inversión que realizó en el proyecto Acueducto Zapotillo-León, Blanca Jiménez resaltó que no pagarán lo que exige la empresa española: “No lo vamos a pagar: ¿De dónde saldría eso? Esto con los abogados de CONAGUA ya lo estamos judicializando”.

Por su parte, Lázaro Cárdenas Batel se comprometió a agendar una reunión en las próximas semanas con el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró a las comunidades que Obrador no tomará ninguna decisión “en lo oscurito”.

No tengan preocupación de que se enteren de la decisión del Gobierno Federal no fue consensuada con ustedes, que no fue platicada o que, simplemente, se tomó en lo oscurito y que ustedes se enteraron por los medios… tengan la absoluta certeza de que eso no va ocurrir”.

LAS PRESAS ‘NO SON LA OPCIÓN’

El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo acompañados del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), el Colectivo de Abogados, y representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas también se reunieron con Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien al iniciar la reunión recordó el caso de la presa Miguel Alemán, en Oaxaca, que inundó 47 mil hectáreas dejando bajo el agua pueblos, cultura, y tradiciones ancestrales.

Refieren los medios de comunicación digitales Zona Docs y Somos el Medio, en el material periodístico firmado por Mario Merlo, que en los resultados del encuentro destaca la aportación de titular de Semarnat: “Recuerdo muy bien el caso donde gente mayor mazateca, se suicidó después de ver a su pueblo inundado… porque estaban inundando, su historia y pueblo mazateco.”

Por ello, Víctor Manuel Toledo celebró que a diferencia de los mazatecos: Temacapulín, Acasico y Palmarejo sean un frente de resistencia que se organiza y lucha por defender sus derechos.

La novedad que yo veo ahora y que me da mucho gusto es que ustedes se organizan, y que tienen 14 años luchando y hasta ahora tienen detenida la presa. Aquí la pregunta es qué tanto un proyecto de escala federal tiene derecho a irrumpir la vida a nivel local y municipal, esto en un modelo de civilización donde prevalece la ciudad y la industria como mecanismos de destrucción y depredación de los pueblos.”

Después de escuchar a las comunidades, el secretario de la Semarnat, propuso visitar a la comunidad a finales del mes de julio con la intención de conocer el territorio y buscar soluciones para: “la gestión integral del agua” y “la resistencia de las comunidades contra el proyecto Presa El Zapotillo-Acueducto Zapotillo-León”.

A modo de conclusión, Toledo comentó a los pueblos que actualmente: “las presas no son la opción”, y que en el caso de las hidroeléctricas, la solución es mil pequeñas micro-hidroeléctricas, manejadas por la gente de las comunidades o mediante un modelo de cooperativas donde no predomine el gigantismo ni la concentración de energía que imita las prácticas del poder económico y político.

ALCALDES DE LOS ALTOS, AVALAN ACUERDO

Mediante un desplegado, alcaldes de 16 municipios de la región de Los Altos de Jalisco, sin el aval de sus respetivos cabildos, manifestaron su respaldo al nuevo proyecto de distribución de agua entre Jalisco y Guanajuato firmado el pasado 29 de junio por los gobernadores Enrique Alfaro Ramírez y Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

No tenemos duda -exponen-, que el acuerdo es un hecho histórico que permite a los jaliscienses recuperar el agua que se había perdido en los convenios de 2005 y 2007, y a la vez respetar los acuerdos de distribución de agua de 1995 y 1997 donde corresponden a Jalisco 76% del agua de la cuenca del Río Verde y a Guanajuato el 24%”.

El desplegado lo firman los alcaldes de Arandas, Encarnación de Díaz, Jalostotitlán, Lagos de Moreno, Mexticacán, Ojuelos, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, San Julián, San Miguel el Alto, Teocaltiche, Tepatitlán, Unión de San Antonio, Valle de Guadalupe, Villa Hidalgo y Yahualica.

En la publicación los munícipes advierten: “El acuerdo permitirá además evitar prácticas como la sobreexplotación de los manos acuíferos, garantizar la vida de las fuentes de abastecimiento del Estado y que se cumpla plenamente el derecho al agua, tanto de la región de Los Altos, como del Área Metropolitana de Guadalajara”.

Dicen entender la importancia que tienen los recursos hídricos para el desarrollo de las comunidades y señalan: “Este histórico acuerdo es una gran noticia porque permite garantizar el abasto de agua para uso humano para los ciudadanos de Los Altos de Jalisco, lo que traerá grandes beneficios a sus habitantes. Pero también garantiza el agua para actividades ganaderas y de cultivo, en una de las regiones más prósperas del país en esta materia”.

Y sentencian: “Tanto el Gobierno del Estado como los alcaldes de los municipios de Los Altos, estaremos al pendiente de los pasos a seguir por parte del gobierno Federal, a través de la Conagua, para llevar a cabo los estudios, proyectos y obras de infraestructura para trasladar el agua a la población.”

Y remata el desplegado: “Estaremos atentos también a proyectos como el de la presa El Zapotillo, sobre el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador ya anunció hace unos días, que se retomarán los trabajos con recursos federales”.

RECHAZAN REGIDORES DAR AGUA A LEÓN

En tanto que, para los regidores de oposición en algunos de los municipios alteños, el nuevo acuerdo de distribución del agua del Río Verde, firmado entre Jalisco y Guanajuato, pone en evidencia que el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro, “le da la espalda a los Altos de Jalisco”.

Particularmente regidores priistas de la región criticaron la decisión del gobernador que prevé entregar el agua a Guanajuato de una cuenca deficitaria que pertenece solamente a Jalisco y manifestaron su rechazo a la decisión del gobierno de Jalisco, que pretende entregar el agua de la cuenca del Verde al estado de Guanajuato y con ello afectar la economía y desarrollo de toda la región alteña.

Hugo René Ruiz Esparza, regidor del municipio de Lagos de Moreno, explicó que el acuerdo signado por ambos gobiernos afecta a toda la zona de Los Altos de Jalisco, “pero sobre todo muestra una incongruencia del actual gobernador quien durante su campaña aseguró que no permitiría el trasvase para entregar el agua a Guanajuato”.

Los Altos de Jalisco -dijo-, están perdiendo en este acuerdo que el gobernador de Jalisco está teniendo con el gobernador de Guanajuato. Es un acuerdo que nos lesiona y nos afecta porque está entregando nuestra agua, a todas luces salimos perdiendo. Él prometió que no se haría el trasvase, pero tan pronto como llegó a ser gobernador, nos dio la espalda a los alteños”.

Reunidos en las oficinas del Comité Directivo del PRI, ediles de la región alteña junto con el presidente del partido Ramiro Hernández García, explicaron que la posición de los habitantes de la zona es que el agua de la región se quede para la región.

Pareciera -expuso por su parte Ramiro Hernández-, que se da un discurso para llegar al gobierno y otro diferente cuando se llega. Y esto en términos reales es demagogia. Lo que estamos viendo es que el gobernador está finiquitando un acuerdo. Es por eso que respaldamos la propuesta que los regidores de la región de Los Altos, que plantean que sea un porcentaje más alto lo que se quede en Los Altos con relación a lo que se otorga al estado de Guanajuato”.

En rueda de prensa, los ediles aseguraron que el acuerdo que se publicó este martes con la firma de alcaldes de la región de Los Altos avalando el acuerdo, fue una decisión unilateral que nunca pasó por el pleno del cabildo y que los regidores desconocen completamente.

Finalmente, plantearon que esperarán a que el acuerdo que otorga ventaja al gobierno de Guanajuato llegue al Congreso de Jalisco, para cerrar filas con la fracción parlamentaria y evitar que se apruebe este convenio con los términos actuales.

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El Ministerio Público y el modelo de justicia penal en Jalisco

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Por Alfonso Partida Caballero //

El proceso de reforma del sistema de seguridad y justicia en Jalisco -en transcurso desde 2008-, ha impactado de manera decisiva al ente persecutor del delito, el Ministerio Público. Ésta figura esencial para el funcionamiento del modelo acusatorio, no ha sido -por una falta de visión- objeto de un análisis serio que incluya estudios de gran calado que desemboquen en un correcto funcionamiento, estructura y organización para dar la respuesta puntual que los tiempos modernos exigen, no resulta lógico que en nuestro estado esta figura continúe funcionando con criterios del sistema anterior (inquisitivo mixto), esta parálisis ha causado una preocupante crisis de impunidad y desorden, a pesar de ello resulta imperioso resaltar que esta institución constituye un garante imprescindible en el funcionamiento de toda la estructura legal y administrativa del sistema acusatorio adversarial, por lo que es necesario darle coherencia y articulación para conseguir mayor eficacia.

En Jalisco los continuados errores del Legislativo, la manipulación y la dominación que ha ejercido el Ejecutivo han frustrado y entorpecido las funciones de este importante organismo, pues no le han permitido un pleno desarrollo y la fluidez necesaria a la hora de representar los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de las facultades de dirección de la investigación autónoma contra los hechos que revisten las conductas delictivas, con su intervención, el Ejecutivo ha complicado la protección a víctimas, testigos, esclarecimiento de los hechos delictivos y el sustento de la acción penal ante la autoridad judicial.

Se vislumbran sólo fracasos a la vista con el camino seguido hasta ahora, y las pocas voces discordantes parecen no tener cabida en el proceso, pero no existe alternativa, como sociedad debemos exigir diálogo, se acabaron los tiempos de monólogos autoritarios, es momento de tranformaciones con base en el conocimiento y no en los intereses políticos.

Como ciudadanos debemos tener claro cuáles son las funciones y funcionarios que requiere el Ministerio Público moderno y el rol que debe cumplir en el sistema acusatorio. Si no se comprende esta nueva concepción, la reforma puede verse reconducida hacia antiguos conceptos, en la inocua tarea de intentar -sin éxito- adecuar lo “moderno” dentro de lo “antiguo”, no sólo en lo normativo sino también en lo estructural y operativo.

El riesgo, es el de reproducir el sistema anterior -que duró más de 100 años dando tumbos entre violaciones a los Derechos Humanos, manipulación política, tortura y utilización facciosa en el nivel de sus prácticas y aplicación- bajo el manto de nuevas normas cancelando así las expectativas generadas por la reforma constitucional que pretendía transparencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas, para establecer criterios viables y resultados de la política criminal efectiva.

El sistema acusatorio en Jalisco demanda que las acciones del Ministerio Público se someta a los principios de legalidad, objetividad y dinamismo en el proceso de investigación criminal, dotándolo de mayor independencia, fortaleza y profesionalización, así como un diseño coherente de cargas de trabajo que le permitan funcionar con parámetros laborales claros y transparentes, sin un volúmen excesivo de trabajo y coordinando de manera eficiente la función policial y pericial, éstas acciones formarán parte de su naturaleza institucional y deben ser el parámetro que oriente su conformación orgánica.

Esto implica que esté organizado, pueda tomar y ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas sobre los casos, sin presión y amenazas de los otros poderes estatales -o grupos políticos y económicos- y que estos mismos se conduzcan únicamente con fidelidad a la ley y a las pruebas que posean. Esto implica revisar la forma en que se regula su gestión administrativa, financiera, disciplinaria, los métodos para nombrar, designar, promover y remover a sus empleados; esto se conoce en cualquier latitud que se jacte de respetar el estado de derecho como “Autonomía”. Hay que precisar que existen cuatro directrices o condiciones insoslayables para hacer realidad este principio a) inexistencia de superior jerárquico sobre la institución del MP; b) exclusión de influencias externas en la toma de decisiones; c) potestad reglamentaria propia, y d) libertad de ejecución presupuestaria. 

Resulta imperioso precisar con criterios de eficiencia las funciones del Ministerio Público, fijar políticas, dictar criterios, lineamientos efectivos, reorganizar a la institución, preparar a los operadores con el perfil adecuado para darle coherencia y funcionalidad. Esta visión cumple con la realización de las exigencias ciudadanas, fortalecer la institución e inhibir la violencia social y, con base en estos objetivos, configurar una política de persecución penal que haga frente de forma efectiva a la criminalidad, le de certeza al ciudadano y revalorice la función del Estado.

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Juan José Hernández se apunta para relevar a Juan Pelayo en Ipejal: El tope de pensiones podría ser de 70 mil pesos

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Por Mario Ávila //

Con un trabajo efectivo de apenas 48 días, Juan José Hernández Rodríguez, líder de la Federación de Sindicatos Independientes de Jalisco (Fesijal), levanta la mano y pide al Congreso del Estado modificar la ley para que se de un relevo en la representación de los trabajadores en el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado y lo designe a él en sustitución de Juan Pelayo Ruelas, quien desde el año 2000 ha representado a los servidores públicos al servicio del Estado, los municipios y los organismos públicos descentralizados.

Esta federación -dijo-, tiene 48 días de vida, nos tardamos más de dos años en hacer que esto sucediera, pero legalmente nosotros tomamos protesta el 30 de abril de este año y ya somos la federación mayoritaria en Jalisco.

Y abundó. “Hemos platicado con diputados de todos los colores, esta federación por eso se caracteriza por entrarle al diálogo y así le entraremos a las mesas de trabajo y le entraríamos hasta con recurso económico para hacer un estudio actuarial y que sean las personas que tengan el expertiz las que entren al tema y definan cuál debe ser el tope de las pensiones, aunque nosotros creemos que el límite máximo podrían ser los 70 mil pesos mensuales”.

Una enmienda que además sugirió a los legisladores el también líder de los trabajadores de los hospitales civiles, fue en el sentido de que se modifique el artículo 151 fracción tercera, “en donde se pone con nombre y apellido a la federación que encabeza Juan Pelayo, para que diga que sea la federación mayoritaria la que tome decisiones, para sacar a Pelayo de Pensiones del Estado y llegue una federación que sí abogue por los servidores públicos”.

Expuso Juan José Hernández que fue justamente el hecho de que no se sentían representados por Juan Pelayo, el motivo por el que tomaron la determinación de crear la nueva Federación y detalla: “La Fesijal empieza a gestarse hace más de dos años, iniciamos con el doctor Carlos Ortiz, representante en el Hospitalito de Zapopan, platicamos también con Ángel Rodríguez y Arturo Cruz Lara en el Siapa, con Larios en los bomberos de Guadalajara, porque no nos sentíamos representados”.

Y abundó. “Recientemente se dio la reestructuración de Ipejal en las cuatro modalidades de préstamo, con el aval de los representantes de los trabajadores, uno de ellos el hipotecario en donde baja el 23.8% en el alcance, si antes del 3 de junio por ejemplo pedías 500 mil pesos, hoy solo te prestan 380 mil por la reestructuración en el Ipejal”.

“La lectura que nosotros le damos es que Pensiones del Estado, ante las malas inversiones con dinero de los trabajadores como Chalacatepec, es que no hay un representante de los trabajadores que se oponga o que al menos diga que no es correcto lo que se está haciendo. Hoy con la Fesijal se les habrá de decir que no estamos de acuerdo, al menos tendremos voz, aunque sabemos que solo somos un voto digno que represente a los 117 mil trabajadores que cotizamos en el Instituto.

“Es decir, la federación nace porque no nos sentimos representados, porque así como autorizó y fue omiso en decirle a los trabajadores lo que estaba ocurriendo, también fue omiso con las Villas Panamericanas, Chalacatepec, Abengoa, TMM y con las pensiones VIP, todos esos temas son los que nos han venido afectando a los trabajadores”, expuso Juan José Hernández Rodríguez, mejor conocido como “El Choco”, en entrevista realizada en el programa radiofónico “Tela de Juicio”.

TOPE DE 70 MIL PESOS A LAS PENSIONES VIP

Sobre el tema de las 70 pensiones que otorga mensualmente el IPEJAL y que rebasan los 100 mil pesos, Juan José Hernández garantizó: “Hoy el talento sindical se organiza y a través de la Fesijal no seremos omisos a lo que está pasando en el Estado. El ser omiso también es ser corrupto, si tú no lo dices o lo señalas, te vuelve parte de”.

Puso como ejemplo el caso de Leonel Sandoval, el papá del exgobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, que se retira con una pensión cercana a los 200 mil pesos, cuando lo que él aporta a Pensiones en toda su vida laboral, se lo va a terminar en 2 años como jubilado “y lo vamos a tener que mantener en los años siguientes y se le pagará con las aportaciones de entre 20 y 30 trabajadores en activo”.

Para topar las pensiones -dijo-, se debe hacer un estudio actuarial en donde le entren los expertos a revisar con lupa sobre lo que se debe hacer. Incluso anticipó que como Federación, la propuesta sería en un límite máximo de los 70 mil pesos.

Comentó que del 2009 hacia atrás las aportaciones de los trabajadores era de 5% y con la reforma llega al 11.5% más una parte similar como aportación del patrón.

SUS ORÍGENES EN EL SINDICALISMO

Juan José Hernández nació a la lucha sindical en esta misma década y así recuerda sus orígenes en las disputas presupuestales con la Secretaría de Salud: “Cuando creíamos que con Carranza habíamos tocado fondo, llega Antonio Cruces Mada y nos obliga a salir a la calle 6 veces, porque él le tenía una fobia a los hospitales civiles, desconozco si fue porque nunca tuvo el intelecto para estar dentro de nuestra casa de estudios, pero por ahí va el tema”.

“Nosotros nos manifestamos y presentamos las denuncias, ya quedó el seguimiento en manos de la autoridad; como sindicato y como ciudadanos hicimos lo que nos correspondía, no nos pagaba, había un contrato por 846 millones de pesos y salía con cada señalamiento infundado hasta que las batas blancas, las cofias y los estetos salimos a las calles para informarle a la ciudadanía de que no había ni siquiera isodine ni guantes para obstetricia”.

“Fue el Jurídico del Hospital Civil quien le da seguimiento a la denuncia, aunque vemos tristemente que muy probablemente no va a pasar nada, creemos que en México todo es permisible, pero tenemos que cambiar eso”.

“Yo vengo de ser afanador en el Hospital Civil, mi papá fue pintor de brocha gorda durante 41 años también en el Hospital Civil. Soy ingeniero biomédico por la Universidad de Guadalajara, tengo una maestría en gerencia en salud y quiero ser doctor en salud ocupacional”.

“Lo primero que tenemos que hacer es salvaguardar nuestra fuente de empleo, porque sin empleo no hay trabajadores y sin trabajadores no hay sindicato. Fortalecer las instituciones lo primero que tenemos que hacer”.

“Competí en el 2010 por primera vez por la dirigencia del sindicato y perdí por 154 votos; en el 2014 los trabajadores me buscan de nuevo, competí y gané con una diferencia de más de 1,300 votos, después de lo cual me quería retirar a mis negocios, porque tengo una empresa de venta de equipo médico y doy servicio a equipo de ventilación de anestesia”.

“Pero se hace un balance de la gestión y detectan que tuvimos 684 bases en el período, conseguimos con las movilizaciones 294 millones de pesos, el 10.2% en capítulo 1000 al irreductible para el Hospital Civil de Guadalajara; hubo 277 procesos escalafonarios durante cuatro años donde más de mil trabajadores cambiaron de categoría y lo más interesante fue el acercamiento con IPEJAL para que aceptara a todos los trabajadores que no son de base, hicimos un buen acuerdo y desde el 1 de noviembre del 2017 las personas que entran al hospital Civil tienen garantizada su seguridad social aportando al IPEJAL”. En estos párrafos se resumen las acciones más relevantes del líder sindical, Juan José Hernández Rodríguez, alias “El Choco”.

 

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