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COMPRAN CÁMARAS A SOBREPECIO: PRETENDEN LLEVAR A JUICIO A FUNCIONARIOS ESTATALES

COMPRAN CÁMARAS A SOBREPECIO: PRETENDEN LLEVAR A JUICIO A FUNCIONARIOS ESTATALES

Oct 1, 2011

Un gran juicio se hará al Poder Ejecutivo después de los Juegos Panamericanos, anuncia el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Poder Legislativo, diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, al considerar que son numerosas las irregularidades que los funcionarios han cometido con el manejo discrecional de recursos en la organización de los Juegos Panamericanos, como es evidente con las adjudicaciones directas a empresas en la compra de las 654 cámaras de videovigilancia y que registran un sobreprecio de 159 por ciento, así como el beneficio a Iusacell para la transmisión de datos por red de fibra óptica.

Al Gobierno del Estado se le hace bolas el engrudo con dicha adjudicación que hace la Secretaría de Administración así como el contrato con el que se beneficia a Iusacell para que construya la red, en perjuicio de empresas locales que han invertido disponen ya de la infraestructura.

La investigación de Milenio exhibió el negocio millonario que se impulsa desde la Secretaría de Administración y que ha sido denunciado por los alcaldes priístas de la zona metropolitana por la carencia de transparencia y que además se les ha marginado de participar en este proceso de adjudicación directa sin mediar la licitación pública.


PEDIRÁN COMPARECENCIAS

El próximo lunes serán llamados a comparecer ante el Congreso del Estado, tanto el secretario General de Gobierno, Fernando Guzmán y el secretario de Administración, Ricardo Serrano, este último ha ejecutado el otorgamiento de las adjudicaciones en forma directa, sin someterlas a concurso, aduciendo la urgencia que existe para ofrecer seguridad en los Juegos Panamericanos.

Hasta el pasado viernes al Congreso del Estado no le había llegado la información que habían solicitado ocho días anteriores al Gobierno del Estado sobre dichas compras. Los municipios no han sido atendidos en sus requerimientos en dónde se deben de instalar dichas cámaras, en especial el municipio de Tonalá y que representa el diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Poder Legislativo.

Recuerda el entrevistado que desde el mes de abril fue la fecha en la que otorgaron el aval para la adquisición del crédito de mil 500 millones de pesos, se corrieron los plazos para que se hicieran las licitaciones, sin embargo desde el Gobierno del Estado decidieron hacer la compra en forma directa, lo cual es muy cuestionable, advierte.

Chávez Dávalos considera que en el caso de la compra del helicóptero Black Hawk se justifica porque sólo hay un fabricante a nivel mundial, pero en el caso de la compra de las cámaras se ha comprado a sobreprecio del 159 por ciento “y ellos argumentan que no lo licitaron porque es un asunto de urgencia de seguridad”, facultad que le otorga la Ley de Adquisiciones, pero al final del día no van a estar instaladas las 654 cámaras en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara y hay voces del Gobierno del Estado que señalan que terminarían de instalarlas hasta el 2012.

“Sería allí donde se estarían violentando el artículo 13 de la Ley de Adquisiciones porque es de urgencia y lo van a trasladar hasta el 2012”, precisa el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado y aclara que son parte de los cuestionamientos que le están haciendo al secretario General de Gobierno, Fernando Guzmán, porque fue con él con quien se hicieron las negociaciones y el que dio la cara al Poder Legislativo.

Recuerda que al aprobar el Congreso del Estado el crédito para seguridad, le pusieron un candado para que les estuvieran informando del status del crédito. “Nos han ido informando mes a mes, en tiempo y forma, hay que decirlo, pero de una manera muy escueta”, apunta.

Explica: “En el caso de las cámaras de videovigilancia nos han informado que han gastado 200 millones de pesos, pero no nos proporcionan información técnica ni administrativa, y hace ocho días por medio de oficio se le pidió al Secretario General de Gobierno que informaran específicamente el tema de las videocámaras y no lo han hecho”.

El próximo miércoles este tema, anuncia, lo estarán llevando a la tribuna y antes será presentado a la Comisión de Coordinación Política para que se haga la invitación a comparecer al secretario de Administración, Ricardo Serrano y al secretario General de Gobierno, Fernando Guzmán, a fin de que aclaren al Poder Legislativo y al pueblo de Jalisco estos cuestionamientos públicos que se les ha hecho por las compras a sobreprecio y sin licitación de por medio, que hace pensar que las cosas se están haciendo mal.

Al referirse a la contratación del servicio de fibra óptica y que se dio en forma directa a Iusacell, evidentemente carece de lógica la decisión tomada, porque si existe urgencia, como lo subraya el secretario de Administración, pero se contrata a una empresa que carece de la infraestructura y que con los propios recursos que reciba invertirá para generarla. Ahora Iusacell supuestamente dispone de 200 o 300 kilómetros de fibra óptica frente a los cerca de 2,000 kilómetros que tienen dos empresas que aquí ya están instaladas y que ofrecen dicho servicio, sin embargo las marginaron.

 

– ¿En el caso de la compra de las cámaras de vigilancia, parece ser que es un hecho consumado… se puede revertir? –Se le señala al diputado Sergio Chávez y responde–:

“Se puede revertir si no está de una manera transparente como es el caso de contratación del servicio fibra óptica que se ha venido cuestionando y les adelanto: va a venir un gran juicio después de los Juegos Panamericanos, porque es un tema de seguridad”, advierte.

Al mismo tiempo se refiere a lo que han hecho con los recursos de Iprovipe que se han canalizado a los Juegos Panamericanos, así como el tema del “famoso boquete financiero que trae la Secretaría de Finanzas por el tema de los Panamericanos. El gran juicio tendrá que venir a principios del mes de noviembre para no contaminar estos Juegos”.

“Van a ver que se trata de un gran escándalo que le estará pegando a los Juegos Panamericanos, pero este dinero es de los jaliscienses y los tendremos que pagar durante los próximos 20 años, por lo que estamos obligados a cuidar su correcta aplicación y que las compras sean con total transparencia”, precisa.


DENUNCIA PENAL

El presidente de Conciencia Cívica, Salvador Cosío Gaona, presentó denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJEJ)y la Procuraduría General de la República (PGR) para que se indague la compra a sobreprecio que se incurrió de 654 cámaras de videovigilancia.

Según el presidente de Conciencia Cívica se incurrió en violaciones a la Ley de Adquisiciones y Obra Pública, al haberse asignado a la empresa Iusacell en forma directa sin licitación pública.

Al mismo tiempo, el denunciante reveló que presentó recursos legales para que se investigue la compra a sobreprecio de las cámaras de referencia, considerando que un sistema con las mismas características costó mucho menos en el municipio de San Pedro Garza García en Nuevo León, además que se adquirieron mayor número de cámaras y con menos recursos.

“No hay razón para que se adjudiquen en forma directa, porque no se trata de que exista únicamente un proveedor, hay varios, por lo que no se justifica que se gasten más de 200 millones de pesos, evidentemente algo sucio se está fraguando y no debemos permitirlo como sociedad, por lo que invito a los ciudadanos, a los medios de comunicación y a los dirigentes empresariales a elevar la protesta y evitar esta suciedad”, declaró Cosío Gaona en entrevista durante el programa radiofónico Conciencia al Aire.

“Es muy grave lo que está sucediendo con la compra de estas cámaras y la adjudicación a Iusacell para la prestación del servicio de fibra óptica (…) Invito a los líderes empresariales a que se sumen a esta protesta y lo hagan con valor, defendiendo los intereses de los jaliscienses, porque hasta el momento han sido voces timoratas, les pido que le echen enjundia”, exhortó el presidente de Conciencia Cívica.


CASTRO EXIGE TRANSPARENCIA

El presidente municipal de Tlaquepaque, Miguel Castro Reynoso, ante la falta de información oficial del crédito, presentó una solicitud de información, apelando a la transparencia que presume el Gobierno del Estado. “El único ánimo es tener las respuestas sobre este tema, que pide desde hace tres meses”, subraya.

Castro Reynoso durante dos ocasiones y en forma oficial ha solicitado información al Gobierno del Estado sobre la compra el destino de los recursos provenientes del crédito contratado para seguridad pública. “Hoy vengo de manera respetuosa aquí a la Secretaría General de Gobierno y hago llegar un oficio con el único ánimo de poder tener respuestas sobre este tema”, señala y aclara que se carece de los detalles de la aplicación de los recursos de dicho crédito y que en su momento pidieron el apoyo de los alcaldes para su aprobación.

Castro Reynoso fue atendido por el secretario General de Gobierno, Fernando Guzmán, al presentarse a esta dependencia a solicitar formalmente la información. “El alcalde presenta una serie de solicitudes muy amplias, las cuales tendrán respuesta, no hay ningún problema, esa información se presentará”, sentenció el titular de la Secretaría General de Gobierno.

Castro Reynoso en su petición demanda la siguiente información: “Las preguntas del Gobierno de Tlaquepaque van encaminadas a conocer el monto total del crédito, el programa de gasto y recursos, las características de los bienes y servicios, empresas proveedoras, los métodos y resultados de los estudios que se han contratado”. En el caso de las cámaras de seguridad, solicita la ubicación y destino, número, cuándo inician o terminan con su colocación, así como quién y quiénes habrán de tener el control de cada uno de los bienes o servicios. Además de solicitar los acuerdos de los municipios de la zona metropolitana para el destino final de las cámaras, solicitud y notificaciones de los municipios de la zona metropolitana para la instalación de infraestructura especial de seguridad y si las empresas contratadas con recursos procedentes del crédito lo fueron por adjudicación directa o algún modelo de esquema.