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CONFLICTO ENTRE PODERES

CONFLICTO ENTRE PODERES

Abr 14, 2012

“No queda sin efecto jurídico el acuerdo del Legislativo donde fueron designados magistrados, que ese será el fondo de la materia de la controversia donde la Suprema Corte habrá de decidir si la decisión del Congreso fue violatoria de la autonomía del Poder Judicial al haber hecho las designaciones”.

MAGISATRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA/ TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 

 

En el asunto de la controversia por nombramientos del Poder Legislativo de cuatro magistrados del Poder Judicial, aparentemente se generó un cisma en uno de los pilares republicanos del Estado de Jalisco. Es la primera ocasión en la historia moderna de México en que el máximo tribunal de justicia del país procede a destituir y enjuiciar penalmente a un legislador, derivado de una violación de un amparo otorgado por la misma SCJN.

 

Consultados al respecto especialistas en materia del derecho sobre esta controversia constitucional entre poderes que se vive en Jalisco y que es impulsada por el Poder Ejecutivo contra el Legislativo, bajo la convicción de que los diputados violaron un amparo de suspensión de nombramiento de cuatro magistrados al tomarles protesta, pese a la orden en contrario, los especialistas consideran que este caso “puede permitir crear un precedente en torno al desprecio generalizado del derecho que suele hacerse cotidianamente en México y que nos ha llevado a que la impunidad se imponga en cerca de un 99 por ciento”.

 

Es considerada una decisión netamente jurídica, señalan y destacan: En el caso concreto de esta controversia y de la orden de la Suprema Corte de Justicia de enjuiciar penalmente al entonces presidente del Congreso del Estado, diputado Gustavo Macías aquel 23 de agosto del 2011 que supuestamente ignoró la orden de suspender los nombramientos decretada por la SCJN, se advierte que el fondo del tema de la disputa entre los poderes en Jalisco, no se está tocando fondo.

 

El jurista y magistrado administrativo Armando García Estrada puntualiza que aquí “no queda sin efecto jurídico el acuerdo del Legislativo donde fueron designados magistrados, que ese será el fondo de la materia de la controversia donde la Suprema Corte habrá de decidir si la decisión del Congreso fue violatoria de la autonomía del Poder Judicial al haber designado a esos cuatro magistrados”.

 

“Ahorita el tema se constriñe nada más a dejar sin efectos la toma de protesta que ya se había recibido la notificación con anticipación al momento de esa multicitada toma de protesta, entonces, todavía falta el fondo y la resolución de la película. No tiene ganado absolutamente nada, porque esos mismos pueden ser magistrados”. “Por eso en el fondo nadie ha ganado nada, ni Celso, ni el Ejecutivo, ni los diputados”, remarca el entrevistado.

 

EL PROCEDIMIENTO DE ENJUICIAMIENTO

Durante la sesión de los ministros de la SCJN realizada el pasado jueves, durante cerca de dos horas los integrantes de este poder colegiado discutieron cuál es el procedimiento que debe aplicarse en este caso de violación al amparo por parte del entonces presidente del Congreso del Estado aquel 23 de agosto del 2011 cuando llegó la notificación del ministro Sergio Valls.

 

Son diversos criterios los que en esa sesión esgrimieron los ministros, como Olga Sánchez que se pronunció a actuar con firmeza y plantear que la resolución que dicte el Ministerio Público “no podría ser diferente a las conclusiones presentadas por la Corte, por tratarse del máximo tribunal de la nación que ya determinó que sí existe delito penal que perseguir”.

 

“Parece que estamos pintados en la pared (…) La verdad es que aquí no se cumplió con nuestra resolución. Se le debe consignar por abuso de autoridad”, argumentó la ministra Olga Sánchez al pronunciarse a favor de que el caso sea consignado a un juez de distrito. El ministro jalisciense Sergio Aguirre Anguiano, dijo que el caso se debe remitir al Ministerio Público porque no se puede eliminar los pasos de un proceso judicial. Insistió en su exposición que debe ser el Ministerio Público el que impulse la sanción, porque se debe de dar el derecho de defensa del inculpado. “El responsable tiene derecho de un juicio de defensa y no sólo debe ser receptor de la sanción; estimo que se debe de garantizar el derecho de le defensa del inculpado”, argumentó Aguirre Anguiano.

 

La discusión siguió entre los ministros en torno cuál debe ser la vía para realizar el proceso judicial. El ministro Arturo Zaldívar expuso que existen riesgos si el caso se somete a la PGR y dijo que el Ministerio Público no puede abrir una averiguación previa, ya que se pone en riesgo que el funcionario por razones que tendría que ver con cuestión política no sea sancionado.

 

EL DEBATE EN JALISCO

En cuanto al impacto que esta acción ha tenido en Jalisco, las opiniones han versado en uno y otro punto. El Poder Ejecutivo, autor de la controversia contra el Poder Legislativo hasta el momento ha guardado silencio, no así el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Celso Rodríguez González, quien ha hecho equipo con el Ejecutivo.

 

En declaraciones a los medios, Celso Rodríguez criticó a los legisladores quienes han fallado en aplicar las leyes cuando deberían ser los primeros en hacerlo, por el desacato a la disposición de la Corte. Fue aún más allá el presidente del STJ al señalar que prevé que la queja interpuesta en la Corte por nombrar tres magistrados con el argumento de que ya cumplieron la edad para jubilarse, también debe culminar con una sanción para legisladores. (Mural).

 

Consideró que todos incurren en responsabilidad todos los legisladores que tuvieron conocimiento de que había llegado la suspensión, no sólo el entonces presidente de la Mesa Directiva, Gustavo Macías Zambrano. “Si se tiene una suspensión por la Corte, pues se debe de respetar porque es la máxima autoridad del País, y si ya no lo hacemos a esta autoridad, entonces vamos rompiendo con todas las reglas jurídicas del País”, declaró a Mural.
Dijo de la misma forma que lo hecho por el Congreso del Estado es un agravio para la sociedad, rechazando la versión de que los diputados desconocían la orden de suspensión de la Corte de designen a los cuatro magistrados. “Ellos conocían de la suspensión, fue notificado (el Congreso del Estado), así fue levantada el acta del notificador de la Corte, bueno si tenían conocimiento pleno de que no podían actuar, pues sí violentaron la ley y la misma suspensión al llevar a cabo esta actividad que no se les permitía y precisamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, publicó este diario regiomontano.

 

LA OMISIÓN DEL EJECUTIVO

El diputado Raúl Vargas López entrevistado por La Jornada de Jalisco denunció que el Poder Ejecutivo ha sido omiso en publicar las reformas al Poder Judicial del Estado, lo que derivó en la consignación del diputado panista, quedando por determinar si será ante el Ministerio Público o a un juez federal.

 

“El asunto de fondo es la omisión, un día sí y otro también, del Poder Ejecutivo para publicar la reforma al Poder Judicial del Estado y que tiene que ver con la creación de cuatro salas nuevas y resulta paradójico que invocando esta omisión el Ejecutivo buscó la suspensión del acto de nombramiento de los magistrados, buscó la suspensión invocando la misma omisión en la que ha incurrido al no publicar la reforma”, criticó el legislador de izquierda.

 

Sobre el proceder y la celeridad de la Corte al conceder aquella suspensión que solicitó el Ejecutivo de Jalisco y que en menos de 24 horas la concedió, es de llamar la atención del legislador jalisciense: “(…) La Corte dio en forma expedita –menos de 24 horas– la suspensión. Se presume que el notificador llegó a Jalisco contando con el apoyo del gobierno del Estado, incluso se presume que en un avión particular, si hubiera importado, como lo mostró el Gobierno del Estado en el traslado de quien debió de entregar el comunicado de suspensión que hubiera entregado directamente al presidente, no a la Oficialía de Partes del Congreso, a donde llega un sinnúmero de comunicados”.

 

Considera el diputado Raúl Vargas que la SCJN está dejando en estado de indefensión y violando el derecho de ser escuchado en la fase de averiguación del inculpado Gustavo Macías. “No hubo daño, ni siquiera se concretó el que los magistrados hubieran entrado en funciones. No hubo daño patrimonial ni social”.

 

“Pero nadie cuestiona al gobernador por no publicar la reforma al Poder Judicial que se aprobó en la pasada legislatura y no se ha publicado. Ese es el fondo del problema, el gobernador ha sido incapaz de construir acuerdos para la proporcionalidad de los magistrados. El fondo de todo esto es la omisión de la incompetencia del Poder Ejecutivo: el publicar la reforma”.

 

DEFENDERÁN A GUSTAVO MACÍAS EN EL CONGRESO DE JALISCO:

¿Y qué dice el presidente del Congreso del Estado, diputado Enrique Aubry de Castro Palomino al respecto? 

“La presidencia del Congreso del Estado tiene que ser respetuoso y tiene que acatar, y así va a ser, vamos a acatar la resolución de la SCJN”, respondió a Conciencia Pública. “En cuanto nos notifiquen yo daré cuenta al pleno y actuaremos de cómo lo pide la SCJN. Tenemos que acatar la ley”.

 

¿Han analizado este caso? – Se le insistió–.

“Lo hemos comentado, pero no puede analizar algo que no te ha llegado oficialmente. Hay que esperar y ver que defensa la vamos a dar al tema del ex presidente del Congreso del Estado, Gustavo Macías”, expresó al reiterarle su apoyo al legislador de extracción panista.

 

DEFINICIONES

El próximo martes volverá a sesionar el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es el día que han marcado para tomar la decisión sobre el procedimiento que se ajustará para llevar a juicio al diputado Gustavo Macías, existiendo dos vías jurídicas: la del Ministerio Público, quien abre la averiguación, conforme la ley lo establece o la del juez federal que sin necesidad de desafuero, determina la sanción al inculpado.

 

Entrevistado el magistrado administrativo del Estado, Armando García Estrada, señala que en este tipo de delitos se establecen penas de uno a ocho años de prisión, pero por ser delito no grave, se tiene derecho bajo fianza, implica la pérdida de los derechos civiles y políticos del inculpado que es una de las consecuencias jurídicas inmediatas, lo que le impediría al político panista ser candidato a diputado federal por el I Distrito de Jalisco con cabecera en Tequila.

 

¿Y qué sucede aquí con el fuero? –Le preguntamos–. Nos explica: “El tema fundamental para mí es que existen dos preocupaciones. Una, si nos vamos a fundar la decisión en lo que establece el capítulo del 108 y o 109 de la Ley de Amparo, si se rige por estos fundamentos la decisión de la Corte se requiere primero el juicio procedencia para que sea desaforado y a su vez y que se proceda la consignación ante el MP para el ejercicio de la acción penal por el delito de abuso de autoridad, si ese es el precepto en el que se fundamenta, pero si el caso deriva de la Ley Reglamentaria del 105 de la Constitución de las controversias constitucionales allí la ley no permite la posibilidad de lo que señala la Ley de Amparo y allí es consignación directa conforme al artículo 49”.

 

P. Pero se trata de una controversia de un funcionario que tiene fuero. ¿A quién le correspondería aquí desaforarlo? ¿Se requeriría del Congreso del Estado o de la Cámara Federal?

R. Lo que yo entiendo aquí que la SCJ en este tipo de situaciones en la ley de amparo sí clarifica. Cuando hay funcionarios que gozan de fuero, como son los jueces, los magistrados, que esa norma está encaminada a ellos, porque ordinariamente quien desacata las disposiciones en amparos son propiamente las autoridades jurisdiccionales, que puede ser un juez local, un juez federal, que puede ser un MP Local o MP Federal, un magistrado local o federal. Para ellos está encaminada la norma, por eso la necesidad que haya el desafuero y la consignación del ejercicio de la acción penal por el ministerio público.

 

Tratándose de un diputado del Congreso habría que ver si el desafuero es competencia reglamentaria en el Congreso para poder desaforar un par a otro par. Yo iría del principio de que no porque están en el principio de igualdad de rangos y un par no puede desaforar a otro par. Para mí sería mandar la línea al Congreso de la Unión para que sean ellos que vengan a desaforar a ese diputado, que el mismo caso sería para el gobernador, quien lo puede desaforar es el Congreso de la Unión. Aquí el detalle es que en la regulación especial de las controversias no da las mismas razones la ley como en la ley de amparo donde permite todas estas cosas, y en la ley reglamentaria allí sí, limitó, excluyó, nada más que no cumpla juez de distrito abuso de autoridad y se acabó.

 

P. El diputado antes de ser desaforado tiene que defenderse…

R. Si aplicamos la regulación de la ley de amparo, primero lo tiene que desaforarlo. Si nos vamos ir a la regla especial de las controversias no se requiere desaforarlo. El desafuero es por automático. Son dos normas.

 

P. El martes la SCJ determina su resolución final y sus efectos. ¿Es inmediato?

R. Ya que determina sus efectos allí van a decidir si será el MP previo, el desafuero obviamente previo o si van a aplicar la ley especial, con todo y fuero se va al Juez de Distrito por el delito de abuso de autoridad.