Portal informativo de análisis político y social

Litigio sobre formas valoradas, el Ejecutivo pierde el primer round

Litigio sobre formas valoradas, el Ejecutivo pierde el primer round

Feb 27, 2011

Los coordinadores parlamentarios no quitaron el dedo del renglón y la magistrada, Patricia Campos González de la V Sala Unitaria, será la ponente para revisar el expediente de más de 100 cuartillas que enviaron los diputados en la querella que sostienen para obligar a la Secretaría de Finanzas a que pague un adeudo de más de cinco años por la impresión de las formas valoradas que son los recibos oficiales que emiten los gobiernos como las actas de nacimiento o boletaje de teatros o unidades deportivas.

En el cuerpo de la petición se solicita la rendición de un informe pormenorizado relativo a la adquisición y expedición de los documentos en cuestión: “recibos para cobro de ingresos, sellos de seguridad u hologramas, por parte de las autoridades demandadas durante el periodo que comprenden los cinco años anteriores a la fecha de su presentación y los que se sigan adquiriendo y expidiendo hasta el momento en que dicho informe sea rendido”.

Y además, se pide un desglose de los aspectos fiscalizables de todas y cada una de las adquisiciones para las distintas entidades fiscalizables y auditables, que engloba las impresiones, la entrega bajo cualquier concepto sea suministro por venta y o requisición, pago o reintegro.

A quien se le culpa de la falta de pago es directamente al Gobierno estatal, al Secretario de Finanzas, a la Secretaría de Administración, la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración y al director de abastecimiento de la misma dependencia.

Asimismo, se hace referencia que las autoridades demandadas, “han realizado una serie de compras de formas valoradas y o recibos para cobro de ingresos de terceros ajenos al Congreso para suministrar a las entidades fiscalizables y auditables”, por tanto se hace una detallada lista de referencias y los montos que se pudieron comprobar.

Entre ellas el pago de las facturas a favor de Coformex por un millón 428 mil 875 pesos; 358 mil 627 pesos; un millón 70 mil 247 pesos y una más por 857 mil 325 pesos y tres más a Litho Formas que en global suman tres millones 42 mil 325 pesos.

INVESTIGACIÓN

En el documental que presentaron el 11 de enero de este año y se turnó a la magistrada para su estudio el 27 de enero a las 14:19 horas, con el número de expediente 0029/2011, se relata que el 21 de septiembre del año pasado se solicitó a la Secretaría de Administración copia certificada de la totalidad de las actuaciones que conforman el concurso número C40/2009, denominado “Adquisición de Formas Impresas para la Secretaría de Finanzas”, así como los actos o constancias emitidos por el mismo objeto, referentes a la expedición de formas valoradas y recibos oficiales que se utilizaran en ese momento por el Gobierno del Estado y en general por las entidades fiscalizables, sin que hasta la fecha se tuviera una respuesta a la petición.

Cabe recordar, que la Junta de Coordinación Política del Congreso en reiteradas ocasiones ha manifestado su molestia contra el Poder Ejecutivo por la negativa de reintegrar a las arcas del Legislativo el pago de las formas valoradas que imprime y vende la Secretaría de Finanzas violando los acuerdos parlamentarios, donde se manifiesta que es atribución de este la impresión y venta de las mismas, por lo que se desconoce si las compras que se realizaron con anterioridad son las únicas que se realizaron por parte de las autoridades demandadas.

“Ante formas valoradas y recibos oficiales apócrifos como los que son utilizados por el Gobierno, no es factible que exista la elemental certeza que se requiere en el ámbito de rendición de cuentas y particularmente del ejercicio del gasto público, ya que se suprimen los mecanismos de control establecidos al respecto…”, consigna el documento.

SUSPENCIÓN

El mismo pleno de los diputados solicita en la demanda que se les otorgue de forma “urgente” una acción de Suspensión para que las cosas se mantengan en el estado en el que actualmente se encuentran y particularmente para que las demandadas se abstengan de realizar o ejecutar cualquier acto que implique la utilización, adquisición o expedición de formas valoradas o recibos oficiales que no se hubieran librado por el Congreso, obligándolas en todo caso a que adquieran dichas formas y recibos ante este poder, cubriendo para tal efecto las tarifas vigentes previstas en la Ley de Ingresos del Estado.

“Se insiste pues en solicitar la medida cautelar para los efectos de que se ordene a las demandadas se abstengan de adquirir formas valoradas y recibos oficiales que no provengan del Congreso, asimismo para que no utilicen formas valoradas y recibos oficiales que no se hubieran expedido por este poder público y en todo caso que las adquieran precisamente ante el Congreso hasta en tanto cause la sentencia que se dicte en el presente juicio”.

Una vez analizado el informe rendido por las autoridades demandadas se les conmina a realizar el pago y/o reintegro de las cantidades mencionadas en uno de los puntos de la demanda.

COMPRUEBAN 60 MILLONES

Como la única forma que tienen los diputados de obtener información es a través de una solicitud de transparencia, la fracción del PRD en el Congreso, le solicitó al entonces titular de la Secretaría de Finanzas, José Luis de Alba González, un requerimiento donde le especifican que determine cuáles son los tipos de las “formas valoradas” que se han utilizado en la dependencia a su cargo, desde el 2008 al 2010, qué cantidad adquirieron en esos mismos años en cada uno de sus tipos y el monto total erogado por el pago de dichas adquisiciones, pero además solicitan se acompañe de los comprobantes fehacientes con los que pueden acreditarlos.

En la respuesta que les remitió el otrora titular, en el oficio UTIP/0605/2010-Solicitud/0136/2010 de la Dirección General de Auditoría Interna y Desarrollo Institucional, de la Unidad de Transparencia la dependencia, puso a disposición –y tras riguroso pago de las copias– la documentación de la Dirección General de Egresos y la Dirección General de Administración, Contabilidad y Tecnología de Información de la dependencia, con la que pudieron comprobar pagos a empresas como Litho Formas, y Coformex, por 32 millones de pesos en documentales de formas valoradas que se adquirieron a esas imprentas tan sólo en el 2009.

Y de acuerdo a la Ley de Fiscalización, si alguna de las entes adquiere los formatos fuera del Congreso, se obliga a pagar al Poder Legislativo el doble del costo de las mismas, de modo que con el documental entregada por finanzas se comprueba un adeudo de 64 millones de pesos, y si se toma en cuenta que es de un solo ejercicio fiscal, si se multiplica por los tres que están en litigio, se tienen los casi 200 millones de pesos que sostiene la fracción perredista.

Todavía los perredistas están a la espera de recibir más notificaciones de la Secretaría de Finanzas y poder comprobar que se imprimieron y vendieron formas valoradas a los ayuntamientos y dependencias del Gobierno, esto mientras continua en la congeladora la denuncia penal que interpusieron en contra de la directora de ingresos, Ruth Jiménez Sánchez.

SE DEFIENDEN

En la comparecencia del titular de la Sefin, Martín Mendoza, el martes pasado en la glosa del Informe de Gobierno del 2010, al término y en entrevista sobre el tema, reconoció que las formas valoradas no se contemplaban en la ley de ingresos, lo que ya se subsanó, pero que el problema es en dónde se van a comprar los formatos este año.

“No se le compraban –al Congreso– porque no estaban en la Ley de Ingresos, hoy sí están y tendremos que llegar al acuerdo también derivado del precio, es un tema que estamos trabajando con los responsables de estos temas porque no vamos a comprar al precio que pongan, tiene que ser uno razonable. Sí estamos de acuerdo en comprarle al Congreso, pero si una forma vale cinco pesos en el mercado y aquí vale 15 pesos, ¿en donde lo compramos? Queremos sacar precios equilibrados en el mercado, no es que vendan caro, yo si estuviera aquí –en el Congreso– también le quisiera poner un precio altísimo a las formas porque requiero fondearme”.

Para el encargado de las finanzas estatales, las formas valoradas que se tienen en bodega sólo alcanzarían para el primer semestre y sobre el adeudo de los 200 millones de pesos que asegura el Congreso les debe, así respondió: “Estamos platicando qué les debemos y de dónde deriva esa deuda, no podemos decir que le vamos a pagar, no, hay que ver cómo les podemos ayudar, el Congreso está desesperado porque no tiene recursos, vamos a ver cómo le vamos a ayudar”, finalizó.