MUNDO
Con derecho al retorno: Cómo Israel repatrió a los judíos de todo el mundo
(Sputnik Mundo). Hace justo 70 años, el 5 de julio del 1950, el Parlamento de Israel (Knéset) aprobó la Ley del Retorno, que garantiza el derecho de todos los judíos a regresar a Israel y solicitar la ciudadanía. Esta iniciativa legislativa, que se convirtió en una de las más importantes del país, no ha estado exenta de polémicas.
Inicialmente, el artículo 2 de esta ley prescribía que el visado de repatriado podía concederse a cualquier persona de origen judío que manifestara su deseo de asentarse en Israel. Las autoridades israelíes solo podían rechazar una solicitud si el individuo había sido acusado de cometer un crimen contra el pueblo de Israel o si presentaba una amenaza a la salud pública y la seguridad del Estado hebreo.
Tampoco podían regresar a Israel aquellas personas que tuvieran un historial criminal en el pasado. Esta disposición buscaba evitar a los delincuentes que veían el regreso a Israel como una manera de escapar de la justicia en otros países.
La aprobación de la Ley del Retorno condujo inmediatamente a la aparición de ciertos problemas legales. En particular, se hizo necesario determinar algunos criterios que debía cumplir cada solicitante para ser repatriado a Israel.
En 1958, el ministro del Interior de la época, Yisrael Bar-Yehuda, dio instrucciones para que «una persona que declare sinceramente que es un judío sea registrada como judío, sin exigir pruebas mayores». Sin embargo, esto causó una fuerte polémica dentro del país, especialmente dentro de los sectores más religiosos, por lo que el primer ministro, Ben Gurión, decidió derogar esta modificación.
Esta situación solo empeoró en 1962, con el caso del monje católico de origen judío Oswald Rufeisen y en 1968, con el comandante de la Armada israelí, Benjamin Shalit, casado con una mujer atea y escocesa, y quien exigió reconocer a sus hijos como judíos. La historia de Rufeisen fue tan determinante que se convirtió en un símbolo de la lucha de los que no estaban de acuerdo con la definición oficial de persona judía.
Algunos expertos defendían que era necesario que los repatriados respetaran el Halajá: el cuerpo colectivo de reglas religiosas judías que reglamenta la vida religiosa y social de los adeptos al judaísmo. Otros sugerían que para reconocer a un individuo como judío bastaba con que este pasase a confesar la respectiva fe, sin importar si era un afroamericano o un aborigen.
En 1970, la Ley del Retorno fue completada con la siguiente definición: un judío era aquel individuo que nacía de una madre judía o realizaba un giyur —conversión de un no judío al judaísmo —, y no pertenecía a otra religión. Al mismo tiempo, su cónyuge, hijos y nietos de otra confesión que arribaron al país hebreo junto con él podían contar con los mismos derechos y beneficios que otros repatriados, según la base de la Ley del Retorno.
«Guiado por esta ley, el Gobierno israelí abrió las puertas a una repatriación ilimitada e inmediatamente enfrentó el problema de la repatriación y absorción masiva de inmigrantes», recordó en una de sus obras literarias el escritor ruso Rafael Grugman.
La primera ola estaba compuesta por refugiados procedentes de Europa que habían sobrevivido al Holocausto y se habían asentado en Chipre. La segunda procedió de los países árabes y del norte de África.
«Los judíos fueron forzados a abandonar sus hogares, les confiscaron sus propiedades, casas y tierras. Un gran número de nativos multilingüe de 70 países que no hablaba la lengua hebrea se movilizaron a Israel, entre ellos había muchas personas discapacitadas, ancianos y niños que necesitaban un cuidado especial», escribió Grugman.
Como consecuencia, este flujo de migrante condujo a una profunda crisis económica en Israel. El 12 de marzo de 1951, el país hebreo envió una nota a Estados Unidos, la URSS, Reino Unido y Francia exigiendo que le pagasen una indemnización de 1.500 millones de dólares de los fondos recibidos como parte de las reparaciones alemanas. La URSS decidió no responder a esta nota, mientras los países occidentales recomendaron que Israel recurriese directamente a la Alemania Occidental.
De acuerdo con lo señalado por Joseph Telushkin en su libro El Mundo Judío, «la Ley del Retorno es probablemente el acta más popular de todas las que fueron introducidas por el Knéset. Incluso al día de hoy sigue siendo una fuente de confort psicológico para los judíos de todo el mundo, incluso para los que no tienen la intención de volver a Israel.”
No obstante, una de las principales críticas a las que se somete esta ley es el hecho de que muchos de los que volvieron a Israel no se asocian con el pueblo judío. En cambio, lo hicieron solo con el fin de mejorar su situación socioeconómica al recibir los beneficios que otorga esta ley a los repatriados. Parte de estas personas considera a Israel como un punto intermedio para emigrar a EEUU o Canadá.
De hecho, la profesora de derecho israelí Ruth Gavison opina que la repatriación debe permitirse solo a los que estén interesados en el modo de vida judío. Por esta razón, ya se propuso una enmienda a la ley, que incluiría un criterio de interés por la vida judía.
– Por Francisco Junco
Hernán Bermúdez Requena, el ex secretario de Seguridad Pública, nombrado por el entonces Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, ahora senador de la República, rechazó ser extraditado a México.
Durante la audiencia inicial, donde un juez dictó prisión preventiva, se le ofreció la extradición voluntaria, pero Bermúdez Requena, presunto líder del cartel de “La Barredora”, no aceptó.
Ahora se iniciará un proceso ordinario, que podría tardar hasta 60 días, en tanto, Bermúdez Requena, continuará bajo la custodia de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay.
En tanto, en México se informó que la Fiscalía General de la República ya presentó la solicitud de extradición contra Hernán Bermúdez Requena al gobierno guaraní.
“El Abuelo” o “El Comandante H”, como se le conoce al exfuncionario del gobierno del morenista Adán Augusto López en Tabasco, e identificado como el presunto líder del Cártel de “La Barredora”, fue detenido la madrugada del sábado, en Paraguay, en una residencia ubicada en la zona exclusiva de Marino Roque Alonso, donde permanecía escondido.
Este fin de semana, el presidente Santiago Peña, dio a conocer, en un pequeño video de 45 segundos, cómo fue el arresto de Bermúdez Requena.
En las imágenes, primero se ven aspectos de la residencia, se ve cómo las fuerzas especiales, revisaron la finca y derribaron la puerta, suben una escalera y someten a ex secretario de seguridad, lo encañonaron y lo tiraron al suelo, donde lo tenían sometido, bocabajo y un elemento le pone un pie en la espalda.
Después, el presunto líder de La Barredora, quien cuenta con una ficha roja activa de la Interpol, aparece sentado en un sillón con ropa deportiva, pelo más largo y canoso, barba larga.
Cuenta con una orden de captura en México por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.
En el video, se muestra que en la residencia, donde permanecía escondido, había fajos de dólares y guaraníes, moneda uruguaya, así como joyas, tarjetas bancarias, identificaciones y una camioneta de alta gama.
Manuel Doltane, titular de Asuntos Internacionales de la Fiscalía de Paraguay, reveló que Bermúdez, entró de manera ilegal al país.
Y es que en febrero de este año, después de hacer pública la orden de aprehensión en su contra, el ex funcionario estatal huyó del país.
De acuerdo con las autoridades, viajó primero a Panamá, después a España, más tarde a Brasil, para terminar en Paraguay.
En medios locales del país sudamericano, como el diario ABC, informaron que la detención del ex funcionario de Adán Augusto López, se logró, gracias a que en el mes de julio se detuvo a Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino del presunto líder de “La Barredora”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– Opinión, por Miguel Anaya
¿Qué significa ser conservador en 2025? La etiqueta, lejos de significar a una persona o grupo de ellas, aglutinadas en torno a la Biblia o valores cristianos, se ha vuelto un acto de rebeldía. El conservadurismo pareciera significar a una nueva minoría (o una mayoría silenciosa) que enfrenta un prejuicio constante en redes sociales.
En sociedades donde la corrección política dicta el guion, ser conservador implica defender valores tradicionales —para algunos valores anacrónicos— en medio de un mar de redefiniciones. La sociedad dio un giro de 180 grados en tan solo 20 años y aquellos que señalaban hace dos décadas, hoy son señalados.
¿Y ser liberal? El liberalismo que alguna vez defendió la libertad frente al Estado hoy se ha transformado en progresismo militante: proclamar diversidad, reivindicar minorías, expandir derechos. Noble causa, sin duda.
El problema comienza cuando esa nobleza se convierte en absolutismo y se traduce en expulsar, callar o cancelar a quien no repite las consignas del día. El liberal de hoy se proclama abierto, pero con frecuencia cierra la puerta al que discrepa. Preocupante.
He aquí la contradicción más notable de nuestro tiempo: vivimos en sociedades que presumen de “abiertas”, pero que a menudo resultan cerradas a todo lo que incomoda. Lo que antes era normal hoy puede costar reputación, trabajo o, en casos extremos, la vida. Hemos reemplazado la pluralidad por trincheras y el desacuerdo por el linchamiento mediático (“funar” para la generación Z).
La polarización actual funciona como un espejo roto: cada bando mira su fragmento y cree que posee toda la verdad. Los conservadores se refugian en la nostalgia de un mundo que quizá nunca existió, mientras que los liberales se instalan en la fantasía de que el futuro puede aceptar todo, sin limitantes.
Ambos lados olvidan lo esencial: que quien piensa distinto no es un enemigo para destruir, sino un ciudadano con derecho a opinar, a discernir y, por qué no, a equivocarse humanamente.
La violencia y la polarización que vivimos, no son fenómenos espontáneos. Son herramientas. Benefician a ciertas cúpulas que viven de dividir, a las plataformas digitales que lucran con cada insulto convertido en tema del momento.
El odio es rentable; la empatía, en cambio, apenas genera clics. Por eso, mientras unos gritan que Occidente se derrumba por culpa de la “ideología woke”, otros insisten en que el verdadero peligro son los “fascistas del siglo XXI”. Y en el ruido de esas etiquetas, el diálogo desaparece.
Lo más preocupante es que ambos discursos se han vuelto autorreferenciales, encerrados en su propia lógica. El conservador que clama por libertad de expresión se indigna si un artista satiriza sus valores; el liberal que defiende la diversidad se escandaliza si alguien cuestiona sus banderas.
Todos piden tolerancia, pero solo para lo propio. Lo vemos en el Senado, en el país vecino, tras el triste homicidio de Charlie Kirk y hasta en los hechos recientes en la Universidad de Guadalajara.
En buena medida, este mal viene precedido de la herramienta tecnológica que elimina todo el contenido que no nos gusta para darnos a consumir, solo aquello con lo que coincidimos: EL ALGORITMO.
El algoritmo nos muestra un mundo que coincide totalmente con nuestra manera de pensar, de vivir, de vestir, nos lleva a encontrarnos únicamente con el que se nos parece, creando micromundos de verdades absolutas, haciendo parecer al que piensa un poco distinto como ajeno, loco e incluso peligroso. Algo que debe ser callado o eliminado.
Occidente, en 2025, parece olvidar que lo que lo hizo fuerte no fue la homogeneidad, sino la tensión creativa y los equilibrios entre sus diferencias. Quizá el desafío es rescatar el principio básico de que la idea del otro no merece la bala como respuesta.
Solo la palabra, incluso aquella que incomoda, puede mantener vivo un debate que, aunque imperfecto, sigue siendo el único antídoto contra el silencio y la complicidad impuestos por el miedo o la ignorancia.
– A título personal, por Armando Morquecho Camacho
En la historia de la política internacional, las decisiones económicas suelen asemejarse a partidas de ajedrez: cada movimiento no solo busca ganar terreno en el presente, sino también anticipar jugadas futuras que podrían definir la victoria o la derrota.
México, con el anuncio de aranceles de hasta un 50% a productos provenientes de países sin acuerdos comerciales —particularmente China—, ha hecho una jugada que puede parecer arriesgada, pero que revela un cálculo estratégico más amplio: equilibrar una balanza comercial desigual y, al mismo tiempo, alinearse con el tablero donde Estados Unidos y China libran una guerra cada vez más abierta.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha justificado la medida bajo dos argumentos centrales: primero, la necesidad de equilibrar la balanza comercial con China, que hoy refleja una brecha difícil de ignorar; y segundo, el impulso del llamado Plan México, su proyecto estrella para transformar la economía y fomentar la producción nacional.
Visto desde esa óptica, el arancel no es un simple impuesto, sino un muro de contención frente a la dependencia excesiva de productos chinos y, al mismo tiempo, una palanca para reconfigurar las cadenas de valor en territorio mexicano.
El gesto tiene también una lectura geopolítica. Estados Unidos ha reactivado una estrategia de confrontación comercial contra China y la Unión Europea ha hecho lo propio. México, tercer socio comercial de Estados Unidos y pieza clave en la industria automotriz de Norteamérica, no podía permanecer neutral. Imponer aranceles de este calibre es enviar una señal de lealtad estratégica a Washington, asegurando que México no será el eslabón débil en la cadena norteamericana.
La analogía podría entenderse si imaginamos un puente colgante sobre un río. Durante décadas, México ha cruzado ese puente que fue construido con materiales chinos y que servían de soporte a la industria nacional. Ahora, la decisión de elevar aranceles implica retirar varios de esos tablones y reemplazarlos con productos propios o con piezas de otros socios.
No es una tarea sencilla. Estos cambios en un inicio podrían debilitar el puente, pero esto se hace con la finalidad de consolidar la estructura y hacerla menos dependiente de un solo proveedor.
Los críticos señalan que el golpe puede resultar contraproducente. La industria automotriz mexicana, uno de los grandes motores de la economía, ha construido buena parte de su competitividad sobre la base de insumos chinos.
No obstante, esta medida podemos verla desde otra perspectiva y no solo como una medida para eliminar de golpe la presencia china, sino que esta busca generar incentivos para que la inversión y la producción se instalen en territorio mexicano o en países con reglas más claras.
Esta jugada puede entenderse también como una apuesta al futuro del nearshoring, el fenómeno que ha llevado a empresas globales a trasladar operaciones de Asia a países más cercanos al mercado estadounidense. México, por su ubicación geográfica y su red de tratados, se ha convertido en uno de los destinos más atractivos.
Para capitalizar esa ventaja era necesario enviar una señal firme: que el país está dispuesto a reordenar su comercio exterior y a reducir su dependencia de un socio con el que no comparte compromisos de largo plazo.
No obstante lo anterior, en lo político, México también gana margen de maniobra. Al mostrar una postura clara frente a China, fortalece su posición en la relación con Estados Unidos, con quien compartimos más que fronteras. Recordemos que, en el contexto sociopolítico actual, el T-MEC exige disciplina y coordinación en temas comerciales, especialmente en la industria automotriz, que es clave tanto en México como en Estados Unidos.
El reto, sin embargo, será enorme. La transición hacia cadenas de suministro menos dependientes de China implicará costos de corto plazo, ajustes en la industria y tensiones con empresarios acostumbrados a la eficiencia y el bajo precio de los insumos chinos.
Pero en la economía, como en la vida, no siempre se trata de elegir el camino más fácil, sino el que garantiza mayor estabilidad y desarrollo a largo plazo. Si el Plan México logra que las fábricas, en lugar de importar piezas, empiecen a producirlas en territorio nacional, la apuesta habrá valido la pena.
Imaginemos por un momento la industria del automóvil como un gran árbol. Sus raíces se extienden en múltiples direcciones: hacia Estados Unidos, hacia Europa y, en las últimas dos décadas, con fuerza, hacia China. Lo que hoy propone el gobierno mexicano es podar algunas de esas raíces para que el árbol no dependa en exceso de un solo suelo.
Es verdad que hay incertidumbre. Nadie puede asegurar que los aranceles funcionarán como palanca de desarrollo interno y no como un freno a la producción. Nadie puede anticipar hasta qué punto las tensiones con China podrían derivar en represalias.
Pero lo que sí es claro es que seguir con una dependencia de 130 mil millones de dólares en importaciones de China, frente a apenas 15 mil millones en exportaciones de México, es caminar sobre una cuerda floja demasiado delgada.
México está intentando, con esta decisión, dejar de ser un simple espectador en la guerra comercial de Estados Unidos contra China, para convertirse en un jugador que elige con quién y cómo quiere relacionarse. El Plan México puede ser la brújula que oriente esta transición, y los aranceles, la herramienta que marque el rumbo.
No se trata de cerrarse al mundo, sino de abrirse de manera más inteligente, cuidando que el intercambio económico no se convierta en una relación de dependencia.
Al final, lo que está en juego no es solo la balanza comercial con China ni la competitividad de la industria automotriz, sino la posibilidad de que México aproveche este momento de reconfiguración global para fortalecerse como un país capaz de producir, innovar y sostener su crecimiento sin depender de los caprichos de una sola potencia. El puente que hoy tambalea puede convertirse, si se refuerza con visión, en la vía sólida hacia un futuro de mayor autonomía económica.
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