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MUNDO

La guerra del agua: Cuando la fuente de la vida se convierte en oro líquido

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Por María Luisa Ramos Urzagaste //

Se dice que las futuras guerras serán por el agua, pero lo cierto es que hoy ya se libera una lucha entre la apropiación del agua por parte de las transnacionales, frente a millones de ciudadanos que no tienen acceso al líquido elemento. Es una lucha entre la codicia del lucro privado y el derecho humano al agua de millones de ciudadanos.

Si bien es cierto que hay suficiente agua dulce en el planeta, el problema es que su distribución no es la adecuada ni la más justa.

El 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego y solo el 10% se destina al abastecimiento de agua potable para la ciudadanía.

Según la ONU, 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura.

En cuanto a América Latina y el Caribe, más de un tercio no tiene acceso al agua «gestionada de forma segura».

Alrededor del líquido elemento se disputan grandes intereses y se generan conflictos como los que viven muchos países como HondurasArgentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, etc. Al otro lado del mapa mundial, Palestina, la República Democrática del Congo, son países donde el acceso al agua hace la diferencia entre la vida y la muerte.

EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO

Luego de intensos esfuerzos, el año 2010, Bolivia junto a otros países logró que la Asamblea General de la ONU reconociera explícitamente que «el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos».

A los países les queda claro que deben buscar soluciones al problema. Para ello los Gobiernos ejecutan diferentes esquemas. Pero la preocupación surge cuando los Parlamentos y Gobiernos buscan ‘transferir’ a la empresa privada la responsabilidad que le toca asumir al Estado.

EL CASO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en El Salvador más del 40% de sus habitantes vive en situación de pobreza.

Los datos que publica el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales son aún más lapidarios puesto que «más de 1,5 millones de personas no tienen acceso al agua y el 75% de las grandes industrias carecen de sistemas de tratamiento de aguas servidas».

El 90% de los ríos del país están contaminados por vertidos domiciliares sin tratamiento y casi el 60% de la población rural no tiene acceso al agua.

A esta calamitosa situación se suma que la mora en el pago del servicio fue tan alta, que en enero de 2019, el entonces presidente Sánchez Cerén exoneró a los usuarios en mora, de los intereses moratorios y los recargos por pago  extemporáneo, permitiéndoles obtener la reconexión del vital líquido.

Durante su gestión Sánchez Cerén promovió una reforma constitucional al artículo 69 de la Constitución Política del Estado de El Salvador, para garantizar el derecho humano al agua y la alimentación. Dicha iniciativa incluso contó con el apoyo de la ONU, pero la oposición no lo permitió.

UN DERECHO HUMANO INCOMPATIBLE CON EL INTERÉS PRIVADO

La sociedad salvadoreña en su conjunto entiende que es vital resolver el problema, por ello el Congreso lleva ya varios años buscando aprobar una Ley de Aguas.

Si bien el actual anteproyecto define que «el derecho humano al agua y el saneamiento es fundamental e irrenunciable», no obstante, lo que preocupa a la población es la posible privatización del sector mediante la creación de un ‘ente rector’ o figura similar, con participación de las empresas privadas.

La Procuraduría de El Salvador lamentó la propuesta de conformar una Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con participación del sector privado. Argumenta que, por la naturaleza de ese sector, su objetividad puede estar gravemente comprometida.

Según la Alianza contra la privatización del Agua «se trata de un proyecto exclusivo para las clases altas de nuestro país» por tanto se hace necesario frenar este matrimonio declarado entre empresa privada y Estado que atenta contra el agua, el medio ambiente y la vida.

Otro aspecto que genera preocupación son los permisos que podría otorgar el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

INFORMAR MEDIANTE UN CARTELITO

El artículo 70 del anteproyecto propone que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá autorizar a particulares a través de un permiso, el uso o aprovechamiento del agua y «solo en casos excepcionales se hará divulgación pública sobre el proyecto en cuestión, y los posibles afectados tendrán 10 días para reaccionar».

Se dispone además que, en los casos excepcionales, se haga una publicación nacional en la prensa y además «por medio de un cartel». Dicho anuncio de cartel deberá ser fijado en las Alcaldías Municipales correspondientes. 

¿Se imagina usted a padres, madres, campesinos, trabajadoras de maquilas, estudiantes, vigilando a diario las alcaldías para enterarse de si han colgado algún cartelito por ahí, que le signifique a la larga, riesgo de enfermedades e incluso su vida?

LA CARGA DE LA PRUEBA CAE EN LOS POSIBLES AFECTADOS

Más aún, el artículo 85 propone que, en el caso de los proyectos grandes, los afectados deberán exponer «razones de hecho y de derecho para no conceder la autorización» y deben adjuntar «las pruebas que tengan en su poder o señalando donde se encuentran, si estas existieren».

Al leer esto uno se pregunta, ¿y dónde está el Estado? ¿Por qué deben ser los ciudadanos de a pie, quienes deban demostrar la inviabilidad de un proyecto? ¿acaso no es el Estado el llamado a buscar el bienestar de sus ciudadanos AL?

Estas son apenas algunas pinceladas, que justifican claramente la preocupación de la gente.

CHILE Y BOLIVIA, DOS ANTÍPODAS

En febrero de 2000, el entonces presidente y exdictador de Bolivia Hugo Banzer, azuzado por el Banco Mundial, privatizó el servicio de suministro de agua a Cochabamba. Bolivia ese tiempo vivía uno de los momentos históricos más nefastos por la imposición del modelo neoliberal que solo dejó pobreza y debilitó al Estado.

El contrato de privatización del agua fue adjudicado a un consorcio multinacional. Poco después, surgieron quejas sobre el aumento de las tarifas del agua, que se incrementaron hasta llegar a un 300%.

El pueblo cochabambino organizado logró la anulación del contrato de privatización en una movilización conocida como «la guerra del agua«.

Con tal nefasta experiencia, el pueblo boliviano el año 2009 aprobó en la nueva constitución política que «el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo”.

La carta fundamental de Bolivia define que los recursos hídricos en todos sus estados, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y que cumplen una función social, cultural y ambiental, por tanto «no podrán ser objeto de apropiaciones privadas».

EN CHILE LA PROPIEDAD DEL AGUA FUE PRIVATIZADA

La Constitución Política adoptada en 1980 durante la dictadura de Pinochet, define el agua como un bien privado y no como un derecho humano, al otorgar «la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes» donde «los derechos de los particulares sobre las aguas, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos».

El código de aguas de Chile indica que el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él y puede ser incluso hipotecado.

Como resultado de ésta política, según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, las empresas estatales y municipales cubren un 4,3% de los servicios de agua potable, mientras que las empresas privadas manejan el 95,7% del mercado.

Según la misma fuente, la falta de prevención en la garantía del derecho humano al agua potable significó, en los últimos años, cortes significativos de ese servicio para los usuarios.

Por su parte, el movimiento por la defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente (MODATIMA) afirma que «el agua no es, ni puede continuar siendo una mercancía, por tanto no debe continuar privatizada, ni dejada al arbitrio de las especulaciones del mercado».

La lucha por hacer valer el derecho humano al agua es tortuoso para los activistas sociales que se manifiestan por la necesidad de recuperar y defender el agua.

¿ESTADOS AL SERVICIO DE LAS COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES?

Lo que ocurre actualmente en Chile como en El Salvador debe servir de espejo y alerta por lo que pueda suceder o ya está sucediendo en muchos países donde pretenden privatizar el agua.

La privatización, a menudo, es presentada como la única forma de hacer más eficiente la prestación de algún servicio o la administración y explotación de algún recurso.

Este no debería ser el caso del agua, pues al tratarse de un derecho humano, es completamente impropio ‘delegar’ su gestión o su propiedad a la empresa privada.

Cuando el Estado se desentiende de sus obligaciones frente a sus ciudadanos, y transfiere o delega sus deberes al sector privado, este último, por su naturaleza, lo que hará es convertir a los ciudadanos en clientes, y el agua en una mercancía.

El ser cliente significa que, si la persona no tiene capacidad de pago, pierde el derecho al servicio. Así de simple. Es cuestión de estar dentro o fuera del mercado. Estar ‘fuera del mercado» implicará mayor pobreza, enfermedades y muerte.

En la lógica de apropiación privada del agua subyace una cruda verdad, que en términos económicos se denomina «demanda inelástica«, entendida como aquella demanda de mercado que no sufre variación,  a pesar de que el precio del producto se eleve.

Esto ocurre con la demanda del agua, por el hecho de ser un elemento vital para la vida que no tiene sustitutos. Esta característica proporciona a las compañías privadas la certeza de que su requerimiento no disminuirá, incluso si los ingresos de la familia bajan o si el precio se incrementa.

Es justamente por esta razón que la responsabilidad de los Estados en la protección de la vida y los derechos de sus ciudadanos es mayor y no debe ser transferida a terceros. Son los Estados los que deben buscar ser eficientes y justos.

 

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¿Paz o ilusión?, acuerdo histórico entre Israel y Hamás pone fin a las hostilidades en Gaza

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– Política Global, por Jorge López Portillo Basave

La semana pasada se cumplieron dos años de la masacre perpetrada por terroristas armados de Hamas contra miles de habitantes del oeste de Israel. Este conflicto, sin embargo, no comenzó aquel día, y muchos esperan que esta vez sí llegue a su fin —al menos por un par de décadas—.

El primer ministro israelí, junto con los líderes de Qatar, Egipto, Turquía e incluso Irán, respaldaron el nuevo acuerdo de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el propósito de cerrar un capítulo que ha desangrado a la región durante generaciones.

La Franja de Gaza, con una extensión de poco más de 300 km² —similar a la mitad de Puerto Vallarta—, se ubica al suroeste de Israel y al norte de Egipto. Este territorio nació junto con el Estado de Israel tras la Segunda Guerra Mundial. Como lo hemos señalado en otras ocasiones, Gaza no ha conocido una paz duradera en la era moderna.

El plan de Trump consistió en involucrar a los principales patrocinadores de Hamas —no solo a palestinos e israelíes— en la negociación. Así, Qatar, Egipto e incluso Irán se sumaron, de una u otra forma, al nuevo acuerdo. Qatar desempeñó un papel central, pues desde hace años alberga a los líderes de Hamas, quienes viven rodeados de lujos mientras su pueblo sobrevive en la miseria. Irán, por su parte, también se pronunció de manera favorable. En las calles de Gaza y de Israel, miles de personas salieron a celebrar el pacto.

Durante décadas, presidentes estadounidenses —Reagan, Bush padre e hijo, Clinton, Obama— intentaron un acuerdo de paz que desarmara a Hamas, sin éxito. Con Biden, la situación se agravó: la guerra de los últimos dos años ha dejado miles de muertos en Gaza y centenares en Israel. El primer ministro israelí buscó ocupar Gaza para erradicar a Hamas, algo que los países vecinos rechazaban, aunque tampoco apoyaban a la organización, temerosos del surgimiento de movimientos radicales como el que tomó el poder en Irán tras la caída del Sha en los años setenta.

El pacto alcanzado en días pasados, en su primera fase, la retirada de las tropas israelíes y el regreso de todos los rehenes —vivos o muertos— a Israel o a sus países de origen. A cambio, Israel liberará a más de dos mil prisioneros pertenecientes a Hamas, algunos de ellos condenados a cadena perpetua por actos terroristas.

Países como Egipto, Qatar y Estados Unidos enviaron contingentes de observadores militares, encargados de verificar el cumplimiento de los compromisos. Sin embargo, la segunda fase será la más compleja: implica que Hamas deponga las armas y se convierta en un movimiento político, mientras las naciones árabes de la región colaboran en la reconstrucción y el desarrollo de Gaza.

Desde los años sesenta, cuando se fundó la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), y más tarde, en 1994, con la creación de la Autoridad Palestina, los países árabes y musulmanes de la zona han mantenido una relación distante con los palestinos: los apoyan retóricamente, pero rara vez les ofrecen asilo o visas. Los quieren, sí, pero de lejos. Tal vez esa sea la principal diferencia con los intentos anteriores: esta vez participan activamente árabes, musulmanes, judíos y cristianos bajo una misma idea de cooperación.

El acuerdo aún está en proceso de implementación, pero ya logró algo inédito: sentar en una misma mesa a personajes que históricamente se han odiado, para dialogar sobre un futuro posible para la región y el mundo.

Incluso la política demócrata Hillary Clinton reconoció públicamente el esfuerzo de Doland Trump. El Papa León XIV, en su mensaje dominical, pidió por el éxito del proceso de paz y por las legítimas aspiraciones de los pueblos israelí y palestino. “Que se aleje el odio y florezca la reconciliación”, expresó desde el Vaticano.

Gaza, pese a su reducido tamaño, tiene un peso geopolítico enorme. Se cree que en sus costas existen recursos energéticos significativos, pero su población vive sumida en la pobreza, atrapada entre la tiranía de sus propios líderes —electos por el miedo y la doctrina— y los bombardeos israelíes. Si el acuerdo logra sumar a países árabes, musulmanes, judíos y cristianos, los extremistas que se alimentan del odio racial y religioso perderán fuerza.

También debe reconocerse que el temor constante a los ataques desde Gaza ha sido utilizado por líderes israelíes para justificar bombardeos masivos contra ciudades enteras, muchas veces usando a civiles como escudos humanos. La paz exige detener ese ciclo.

El principal promotor del acuerdo, Donald Trump, afirmó que lo hizo porque “detesta las guerras y la muerte de personas por causas estúpidas”. Cabe recordar que Trump ha cultivado una relación cercana con líderes árabes y musulmanes, especialmente con Arabia Saudita y Qatar. Este último fue un aliado clave en la negociación, y como parte del entendimiento, Estados Unidos permitirá que Qatar establezca una escuela militar conjunta con el Departamento de Defensa estadounidense para la formación de pilotos en Idaho.

Así, la paz entre Israel y Hamas se entrelaza con acuerdos comerciales y militares entre Estados Unidos, Qatar, Egipto, Turquía, Arabia Saudita e Israel.

Dios quiera que este sea un pacto duradero, por el bien de esa gente y del mundo entero. No olvidemos que judíos, musulmanes y árabes forman parte vital de las naciones occidentales —desde Berlín hasta San Francisco, desde Alaska hasta el Cabo de Buena Esperanza—, y que además poseen influencia, tecnología y recursos que los convierten en actores fundamentales del equilibrio global.

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MUNDO

Primer año de gobierno: Claudia Sheinbaum, popular, poderosa y reformista

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– Opinión, por Pedro Vargas Ávalos

A los ojos del mundo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se ha convertido en una figura destacada entre las mujeres que lideran sus países en el ámbito internacional. En contraste, la exmandataria de Perú, Dina Boluarte, destituida el pasado 9 de octubre, fue señalada por diversas encuestas como la presidenta más impopular de Latinoamérica, con apenas un 3% de aprobación, producto de un gobierno marcado por la represión y los escándalos de corrupción. Boluarte llegó al poder tras traicionar al expresidente —hoy encarcelado— Pedro Castillo, de quien fue vicepresidenta.

En México, en cambio, los sondeos públicos otorgan entre 70 y 80 por ciento de respaldo a la jefa del Ejecutivo. Según Mitofsky (El Economista, 30-IX-2025), al cumplir un año de gestión, Sheinbaum registró una aprobación del 71.6%, diez puntos más que al inicio de su mandato. Por su parte, el área de Estudios Económicos de Banamex, tras analizar más de 30 encuestas realizadas en línea, por teléfono y en vivienda, concluyó que en agosto pasado la aprobación promedio fue del 73% (Sin Embargo, 5-X-2025).

A su vez, el diario español El País otorgó a CSP un sobresaliente 78% y destacó que “brilla con luz propia como presidenta de México. La primera mujer en ocupar el Ejecutivo goza de una sólida aprobación tras su primer año en el cargo, superando con un 78% a su antecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien en su primer año obtuvo un 72%” (El País, 30-IX-2025).

En el programa La Base, del periodista español Pablo Iglesias, los comentaristas Inna Afinogenova, Estefanía Veloz y Marco Teruggi coincidieron en que México se ha convertido en un ejemplo de redistribución de la riqueza sin necesidad de imponer más impuestos. “Es un modelo factible para muchos países”, concluyeron.

En la página web del programa, una usuaria identificada como Gabriela3527 escribió: “Nací en Ecuador, crecí en Chile y ahora vivo en Brasil. Me inspira lo que sucede en México y me da esperanza ante la adversidad que vivimos hoy. Ojalá sigan gobiernos coherentes y humanos, y que este modelo se expanda a otros territorios”. A su comentario se sumó el de otro usuario mexicano: “Nací y crecí en Estados Unidos creyendo que era el mejor país del mundo. Obrador y Sheinbaum me abrieron los ojos y me devolvieron el orgullo de mi sangre y mi tierra” (@Jl2damax).

El medio estadounidense Newsweek tituló su análisis tras el primer año de gobierno: “La presidenta celebró el primer aniversario de su gestión en la explanada más emblemática del país —el Zócalo de la Ciudad de México— ante más de 400 mil personas. Un espectáculo político que recuerda que, por más doctora que sea, también es una gran operadora política” (Emilio Flores Escalona, 10-X-2025).

Estos testimonios sirven para entender el interés que suscita Sheinbaum en instituciones de Estados Unidos como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Servicio de Investigación del Congreso (CRS).

La primera, fundada en 1974 y dedicada a promover los derechos humanos y la democracia en América Latina, señaló: “Hace un año, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera presidenta de México. Llegó con la promesa de continuar y ampliar el proyecto de la ‘Cuarta Transformación’. Un año después, podemos afirmar que no se ha apartado del camino trazado por López Obrador” (WOLA Perspectivas, 1-X-2025).

En efecto, Sheinbaum ha elogiado reiteradamente a AMLO, describiéndolo como “honesto y comprometido con el pueblo”. Un análisis de sus discursos mostró que lo mencionó en el 94% de sus alocuciones durante su primer año de gobierno, reflejando tanto su lealtad como el peso que el expresidente conserva en su narrativa política. En su mensaje en el Zócalo enfatizó: “No habrá divisiones ni distanciamientos, porque nuestro proyecto representa la continuidad del legado de la Cuarta Transformación”.

Por su parte, el CRS —organismo del Congreso estadounidense—, citado por el periodista Salvador Frausto en Milenio (1-X-2025), calificó a Sheinbaum como impulsora de una “continuidad con cambio”. Mientras su homólogo en EE.UU., Donald Trump, sufría una caída en su aprobación, la mandataria mexicana consolidaba su respaldo popular. Un informe del CRS de 2024 señaló que el legado político de López Obrador marcó el inicio de la gestión de Sheinbaum.

Sin embargo, el organismo advirtió que la velocidad con que se aprueban las reformas podría afectar la independencia institucional y generar desconfianza entre inversionistas estadounidenses. “No obstante”, agrega el documento, “esta transición no rompe, sino que reconfigura el obradorismo con tintes propios”.

El informe más reciente del CRS, del 30 de enero de 2025, titulado México: Panorama político y relaciones entre Estados Unidos y México (IF12765), subraya que la presidenta y su partido, Morena, aprobaron 17 reformas constitucionales entre septiembre y enero, algunas heredadas de AMLO y otras con sello propio.

Su conclusión advierte: “La cooperación bilateral es sólida, pero podría deteriorarse si Estados Unidos recurre a aranceles o medidas unilaterales”. Los analistas del Capitolio, según Milenio, también expresan preocupación por “las imprudencias y el tono agresivo de Trump”, situación que Sheinbaum ha sorteado con habilidad, firmeza y responsabilidad, lo que le ha ganado admiración internacional.

La cooperación entre México y Estados Unidos en materia de migración, seguridad, narcotráfico y comercio es reconocida, aunque aún perfectible. El informe del Capitolio destaca los esfuerzos del gobierno de Sheinbaum y concluye, de manera elocuente, que la presidenta mexicana “es vista como una líder popular, poderosa y reformista”.

Con sobrada razón, la gran mayoría de los mexicanos avala su desempeño, confiando en que cada día nuestro país sea más libre, democrático, igualitario y soberano.

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Perú llega a seis presidentes desde el 2018; tres están en prisión

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Por Mario Ávila 

Tras la destitución de Dina Boluarte, como presidenta de Perú y la designación del presidente del Congreso, José Jerí, como nuevo presidente, la cifra de mandatarios del país andino llega a seis, desde el 2018 a la fecha.

En medio de acusaciones en su contra, Boluarte, quien se fue por votación unánime en el Congreso y sin expresar nada en su defensa, asumió el cargo el 7 de diciembre de 2022 en sustitución del presidente Pedro Castillo, quien fue detenido y acusado de un intento de autogolpe de Estado.

El país sudamericano ha tenido hasta seis presidentes desde 2018 debido a destituciones o renuncias de sus líderes. Tres exmandatarios están en prisión por casos de corrupción o abuso de poder.

Al filo de la madrugada de este viernes, el Congreso de Perú aprobó la destitución de Dina Boluarte como presidenta de la república.

El Poder Legislativo había citado a la jefa de Estado para que ejerciera de inmediato su defensa antes de proceder con la votación, pero la mandataria rechazó hacerlo al considerar «inconstitucional» el procedimiento.

Ante ello, los congresistas apoyaron la vacancia al cargo presencial por unanimidad, con 118 votos a favor, ninguno en contra, y cero abstenciones.

El presidente del Congreso, José Jerí, juró como nuevo presidente y será el encargado de dirigir el país hasta las próximas elecciones, previstas para abril de 2026. El relevo presidencial fue fijado para el 28 julio, también del año entrante.

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La activista María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025: del exilio interno al reconocimiento mundial

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– Redacción Conciencia Pública 

El anuncio por parte del Comité del Nobel de que María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 ha estremecido el panorama político latinoamericano. Reconocida “por su incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por una transición justa y pacífica del autoritarismo a la democracia”.

La distinción coloca su figura en el escenario global y evidencia que la crisis venezolana sigue siendo tema de atención internacional.

Para muchos analistas, la elección de Machado responde no solo a su oposición frontal al régimen de Nicolás Maduro, sino también a su capacidad para articular un discurso de resistencia simbólica en medio de la represión. El comité Nobel la definió como una “campeona valiente y comprometida con la paz” que ha mantenido viva “la llama de la democracia en medio de una oscuridad creciente”.

En Venezuela, su figura ya estaba cargada de misticismo político: siquiera poder presentarse como candidata fue vetado, y debió operar en condiciones de clandestinidad durante gran parte de la contienda electoral.

Este premio juega con paradojas notables. Por un lado, legitima la denuncia internacional contra las prácticas autoritarias en Venezuela y fortalece moralmente al movimiento opositor. Por otro, expone tensiones internas dentro de esa misma oposición: ¿cómo construir una agenda democrática que no dependa exclusivamente del liderazgo personal?

Además, algunos críticos han cuestionado su cercanía a Estados Unidos y ciertos sectores del ala dura del antichavismo, así como su respaldo público a figuras como Donald Trump, al cual ha calificado de “valiente” y “visionario” por su postura frente al régimen venezolano.

Las reacciones oficiales al premio han sido variadas. El gobierno de Venezuela se apresuró a lanzar discursos de conspiración y a criminalizar el reconocimiento internacional. En contraste, funcionarios y líderes democráticos de la región expresaron su satisfacción, interpretando el galardón como un mensaje claro en favor de la democracia latinoamericana.

En Estados Unidos, la Casa Blanca emitió un comunicado criticando la decisión y acusando al comité Nobel de favorecer la “política sobre la paz”, ya que Donald Trump en los últimos meses ha venido presionando al Comité del Premio Nobel para que le entregara el Nobel de la Paz por sus intervenciones para poner fin a varias guerras.

Para los venezolanos en el país y en el exilio, el premio encarna una reivindicación simbólica: no todos los caminos hacia la libertad pasan por las armas, sino por la persistencia, la denuncia y la esperanza.

Machado, quien estuvo bajo condiciones de invisibilidad política durante parte del conflicto electoral de 2024, reapareció públicamente en el contexto de las protestas del 9 de enero de 2025, evento en el cual fue detenida brevemente antes de ser liberada. Esa experiencia de persecución y riesgo personal refuerza el relato del sacrificio y la resiliencia.

Sin embargo, ganar un Nobel no transforma de inmediato la realidad institucional. Venezuela sigue marcada por una economía en ruinas, una estructura estatal militarizada y profundos vacíos de legitimidad. El mayor desafío para Machado y sus aliados será traducir este reconocimiento internacional en presión diplomática efectiva, fortalecer una plataforma programática viable y reconstituir tejido civil en un país fragmentado. La simbología del Nobel abre puertas diplomáticas, pero no asegura cambios de fondo.

En su alocución tras el anuncio, Machado dedicó el premio al “pueblo venezolano que sufre” y exhortó a los aliados internacionales a acompañar la causa democrática con acciones concretas. “Este reconocimiento es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la libertad” dijo.

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