MUNDO
La guerra del agua: Cuando la fuente de la vida se convierte en oro líquido
Por María Luisa Ramos Urzagaste //
Se dice que las futuras guerras serán por el agua, pero lo cierto es que hoy ya se libera una lucha entre la apropiación del agua por parte de las transnacionales, frente a millones de ciudadanos que no tienen acceso al líquido elemento. Es una lucha entre la codicia del lucro privado y el derecho humano al agua de millones de ciudadanos.
Si bien es cierto que hay suficiente agua dulce en el planeta, el problema es que su distribución no es la adecuada ni la más justa.
El 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego y solo el 10% se destina al abastecimiento de agua potable para la ciudadanía.
Según la ONU, 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura.
En cuanto a América Latina y el Caribe, más de un tercio no tiene acceso al agua «gestionada de forma segura».
Alrededor del líquido elemento se disputan grandes intereses y se generan conflictos como los que viven muchos países como Honduras, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, etc. Al otro lado del mapa mundial, Palestina, la República Democrática del Congo, son países donde el acceso al agua hace la diferencia entre la vida y la muerte.
EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO
Luego de intensos esfuerzos, el año 2010, Bolivia junto a otros países logró que la Asamblea General de la ONU reconociera explícitamente que «el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos».
A los países les queda claro que deben buscar soluciones al problema. Para ello los Gobiernos ejecutan diferentes esquemas. Pero la preocupación surge cuando los Parlamentos y Gobiernos buscan ‘transferir’ a la empresa privada la responsabilidad que le toca asumir al Estado.
EL CASO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en El Salvador más del 40% de sus habitantes vive en situación de pobreza.
Los datos que publica el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales son aún más lapidarios puesto que «más de 1,5 millones de personas no tienen acceso al agua y el 75% de las grandes industrias carecen de sistemas de tratamiento de aguas servidas».
El 90% de los ríos del país están contaminados por vertidos domiciliares sin tratamiento y casi el 60% de la población rural no tiene acceso al agua.
A esta calamitosa situación se suma que la mora en el pago del servicio fue tan alta, que en enero de 2019, el entonces presidente Sánchez Cerén exoneró a los usuarios en mora, de los intereses moratorios y los recargos por pago extemporáneo, permitiéndoles obtener la reconexión del vital líquido.
Durante su gestión Sánchez Cerén promovió una reforma constitucional al artículo 69 de la Constitución Política del Estado de El Salvador, para garantizar el derecho humano al agua y la alimentación. Dicha iniciativa incluso contó con el apoyo de la ONU, pero la oposición no lo permitió.
UN DERECHO HUMANO INCOMPATIBLE CON EL INTERÉS PRIVADO
La sociedad salvadoreña en su conjunto entiende que es vital resolver el problema, por ello el Congreso lleva ya varios años buscando aprobar una Ley de Aguas.
Si bien el actual anteproyecto define que «el derecho humano al agua y el saneamiento es fundamental e irrenunciable», no obstante, lo que preocupa a la población es la posible privatización del sector mediante la creación de un ‘ente rector’ o figura similar, con participación de las empresas privadas.
La Procuraduría de El Salvador lamentó la propuesta de conformar una Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con participación del sector privado. Argumenta que, por la naturaleza de ese sector, su objetividad puede estar gravemente comprometida.
Según la Alianza contra la privatización del Agua «se trata de un proyecto exclusivo para las clases altas de nuestro país» por tanto se hace necesario frenar este matrimonio declarado entre empresa privada y Estado que atenta contra el agua, el medio ambiente y la vida.
Otro aspecto que genera preocupación son los permisos que podría otorgar el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
INFORMAR MEDIANTE UN CARTELITO
El artículo 70 del anteproyecto propone que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá autorizar a particulares a través de un permiso, el uso o aprovechamiento del agua y «solo en casos excepcionales se hará divulgación pública sobre el proyecto en cuestión, y los posibles afectados tendrán 10 días para reaccionar».
Se dispone además que, en los casos excepcionales, se haga una publicación nacional en la prensa y además «por medio de un cartel». Dicho anuncio de cartel deberá ser fijado en las Alcaldías Municipales correspondientes.
¿Se imagina usted a padres, madres, campesinos, trabajadoras de maquilas, estudiantes, vigilando a diario las alcaldías para enterarse de si han colgado algún cartelito por ahí, que le signifique a la larga, riesgo de enfermedades e incluso su vida?
LA CARGA DE LA PRUEBA CAE EN LOS POSIBLES AFECTADOS
Más aún, el artículo 85 propone que, en el caso de los proyectos grandes, los afectados deberán exponer «razones de hecho y de derecho para no conceder la autorización» y deben adjuntar «las pruebas que tengan en su poder o señalando donde se encuentran, si estas existieren».
Al leer esto uno se pregunta, ¿y dónde está el Estado? ¿Por qué deben ser los ciudadanos de a pie, quienes deban demostrar la inviabilidad de un proyecto? ¿acaso no es el Estado el llamado a buscar el bienestar de sus ciudadanos AL?
Estas son apenas algunas pinceladas, que justifican claramente la preocupación de la gente.
CHILE Y BOLIVIA, DOS ANTÍPODAS
En febrero de 2000, el entonces presidente y exdictador de Bolivia Hugo Banzer, azuzado por el Banco Mundial, privatizó el servicio de suministro de agua a Cochabamba. Bolivia ese tiempo vivía uno de los momentos históricos más nefastos por la imposición del modelo neoliberal que solo dejó pobreza y debilitó al Estado.
El contrato de privatización del agua fue adjudicado a un consorcio multinacional. Poco después, surgieron quejas sobre el aumento de las tarifas del agua, que se incrementaron hasta llegar a un 300%.
El pueblo cochabambino organizado logró la anulación del contrato de privatización en una movilización conocida como «la guerra del agua«.
Con tal nefasta experiencia, el pueblo boliviano el año 2009 aprobó en la nueva constitución política que «el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo”.
La carta fundamental de Bolivia define que los recursos hídricos en todos sus estados, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y que cumplen una función social, cultural y ambiental, por tanto «no podrán ser objeto de apropiaciones privadas».
EN CHILE LA PROPIEDAD DEL AGUA FUE PRIVATIZADA
La Constitución Política adoptada en 1980 durante la dictadura de Pinochet, define el agua como un bien privado y no como un derecho humano, al otorgar «la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes» donde «los derechos de los particulares sobre las aguas, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos».
El código de aguas de Chile indica que el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él y puede ser incluso hipotecado.
Como resultado de ésta política, según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, las empresas estatales y municipales cubren un 4,3% de los servicios de agua potable, mientras que las empresas privadas manejan el 95,7% del mercado.
Según la misma fuente, la falta de prevención en la garantía del derecho humano al agua potable significó, en los últimos años, cortes significativos de ese servicio para los usuarios.
Por su parte, el movimiento por la defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente (MODATIMA) afirma que «el agua no es, ni puede continuar siendo una mercancía, por tanto no debe continuar privatizada, ni dejada al arbitrio de las especulaciones del mercado».
La lucha por hacer valer el derecho humano al agua es tortuoso para los activistas sociales que se manifiestan por la necesidad de recuperar y defender el agua.
¿ESTADOS AL SERVICIO DE LAS COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES?
Lo que ocurre actualmente en Chile como en El Salvador debe servir de espejo y alerta por lo que pueda suceder o ya está sucediendo en muchos países donde pretenden privatizar el agua.
La privatización, a menudo, es presentada como la única forma de hacer más eficiente la prestación de algún servicio o la administración y explotación de algún recurso.
Este no debería ser el caso del agua, pues al tratarse de un derecho humano, es completamente impropio ‘delegar’ su gestión o su propiedad a la empresa privada.
Cuando el Estado se desentiende de sus obligaciones frente a sus ciudadanos, y transfiere o delega sus deberes al sector privado, este último, por su naturaleza, lo que hará es convertir a los ciudadanos en clientes, y el agua en una mercancía.
El ser cliente significa que, si la persona no tiene capacidad de pago, pierde el derecho al servicio. Así de simple. Es cuestión de estar dentro o fuera del mercado. Estar ‘fuera del mercado» implicará mayor pobreza, enfermedades y muerte.
En la lógica de apropiación privada del agua subyace una cruda verdad, que en términos económicos se denomina «demanda inelástica«, entendida como aquella demanda de mercado que no sufre variación, a pesar de que el precio del producto se eleve.
Esto ocurre con la demanda del agua, por el hecho de ser un elemento vital para la vida que no tiene sustitutos. Esta característica proporciona a las compañías privadas la certeza de que su requerimiento no disminuirá, incluso si los ingresos de la familia bajan o si el precio se incrementa.
Es justamente por esta razón que la responsabilidad de los Estados en la protección de la vida y los derechos de sus ciudadanos es mayor y no debe ser transferida a terceros. Son los Estados los que deben buscar ser eficientes y justos.
MUNDO
Acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás busca poner fin al horror, aunque persisten interrogantes
– Por Redacción Conciencia Pública
Tras más de dos años de conflicto, Israel y Hamás han firmado un acuerdo para una tregua temporal acompañado de un intercambio de rehenes y prisioneros.
En este pacto, Hamás se compromete a liberar a los rehenes israelíes que aún estén con vida, y a cambio Israel liberará a cientos — incluso miles — de prisioneros palestinos. La firma del convenio fue producto de intensas negociaciones indirectas llevadas a cabo en Sharm el-Sheij (Egipto), con la mediación de Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía.
Israel aceptó también una retirada parcial de sus fuerzas en Gaza como parte del paquete negociado. No obstante, la aplicación del pacto depende de una ratificación oficial por parte del gobierno israelí.
En cifras, se estima que Hamás liberará alrededor de 20 rehenes vivos que le restan, más los cuerpos de quienes fallecieron mientras estaban detenidos. Israel, por su parte, liberará cerca de 2,000 prisioneros palestinos, excepto los terroristas que participaron directamente en el ataque contra Israel el 07 de octubre de 2023.
El intercambio se realizará por fases: se prevé que los primeros movimientos ocurran en los días siguientes a la aprobación estatal israelí.
Aunque este pacto es visto por algunos como un hito diplomático, contiene múltiples interrogantes. Entre los puntos no resueltos están el desarme de Hamás, el papel político del grupo en el futuro de Gaza y la soberanía palestina.
Además, hay sectores dentro del poder israelí — especialmente de tendencia ultraderechista — que han expresado su rechazo al acuerdo y podrían obstaculizar su ejecución.
La implementación del acuerdo requerirá vigilancia internacional. Se espera que garantes externos supervisen el cumplimiento de las distintas fases, desde la liberación hasta la retirada militar parcial y la apertura humanitaria.
Aun así, la experiencia reciente advierte que cada etapa puede ser objeto de demoras, interpretaciones divergentes o incluso rupturas.
El contexto es abrumador: desde el inicio del conflicto, se han reportado más de 67,000 muertes en Gaza, muchas de ellas civiles, mientras que el ataque inicial de Hamás en octubre de 2023 causó aproximadamente 1,200 muertos en Israel y la captura de 251 rehenes.
Para las poblaciones atrapadas en el enfrentamiento, las esperanzas con este pacto no pueden disociarse del temor: ¿logrará imponerse la paz sobre la ruptura?
En última instancia, el éxito —o fracaso— del acuerdo no dependerá solo de las letras firmadas, sino de la voluntad real de las partes para transformarlas en acción durable.
Si los liberados regresan con vida, si el retorno de los prisioneros se realiza sin tropiezos, y si Gaza vuelve a ver ingreso efectivo de ayuda humanitaria, podríamos estar ante un punto de inflexión. Pero si el pacto se queda en promesa incumplida, alimentará la desconfianza y prolongará el sufrimiento.
– Por José Modesto Barros Romo
A un año de haber asumido la presidencia de México, Claudia Sheinbaum se ha convertido en una figura de atención global. Desde París hasta Bruselas, su estilo de gobierno, sus reformas sociales y su firmeza frente a los Estados Unidos despiertan un creciente interés en los círculos políticos y académicos europeos.
En Francia, medios como France 24, Le Monde y el CNRS han dedicado amplios espacios a analizar su perfil, su política interior y su papel como la primera mujer presidenta en la historia mexicana.
El interés francés no es casual. En un contexto internacional marcado por el avance de la derecha populista y el repliegue de muchas democracias, México ofrece un caso singular: un gobierno progresista que combina ciencia, ecología y política social.
Sheinbaum, doctora en ingeniería energética y exintegrante del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), representa para Europa una nueva clase de liderazgo: técnico, racional y comprometido con la justicia social. Su discurso feminista y su promesa de “poner a los pobres primero” contrastan con las tendencias autoritarias que dominan en buena parte del continente americano e incluso en algunas partes de Europa y Asia.
Durante su primer año de gestión, Sheinbaum ha mantenido una alta popularidad, impulsada por un avance en la reducción de la pobreza, el aumento del salario mínimo y el fortalecimiento de los programas sociales. Los observadores europeos destacan que estos resultados no se explican solo por la continuidad del proyecto de López Obrador, sino por una administración más metódica, con énfasis en el orden, la transparencia y la rendición de cuentas.
Francia, que atraviesa su propio debate sobre la igualdad de género y la transición ecológica, observa en México un experimento político de gran valor simbólico.
Uno de los temas que más atención ha generado en los foros franceses es la reforma judicial mexicana. La elección directa de jueces y magistrados —una medida sin precedentes a nivel mundial— ha sido vista en Europa como una apuesta arriesgada por democratizar la justicia, aunque no exenta de riesgos.
Investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS, por sus siglas en francés), como Hélène Combe, han subrayado la importancia del intento mexicano por romper con décadas de impunidad, aun cuando la baja participación electoral (13 %) y las acusaciones de politización ensombrecen los resultados iniciales.
En materia de relaciones exteriores, la prensa francesa destaca la capacidad de Sheinbaum para mantener la autonomía nacional frente a Estados Unidos. Su frase “cooperamos, pero no nos sometemos” resonó en los medios galos como símbolo de una política exterior soberana.
Incluso cuando el expresidente Donald Trump amenazó con endurecer aranceles y militarizar la frontera, México optó por la diplomacia firme, enviando refuerzos militares a sus fronteras sin ceder en su dignidad. Ese equilibrio entre pragmatismo y soberanía ha sido interpretado en Europa como una lección de política exterior latinoamericana.
Francia también observa con atención el componente feminista y cultural de la llamada “Cuarta Transformación”. En los debates televisivos franceses, se ha destacado cómo el ascenso de Sheinbaum refleja tres décadas de feminización de la vida política mexicana. Hoy el Congreso es paritario y más del 50% de los cargos locales están ocupados por mujeres. “El tiempo de las mujeres ha llegado”, dijo un analista en France 24, aludiendo al impacto simbólico que tiene que una nación históricamente patriarcal haya elegido a una científica feminista como jefa del Estado.
Este interés europeo no se limita a la política. En el ámbito económico y ambiental, el modelo de desarrollo sustentable promovido por México podría ofrecer nuevos puentes de cooperación con la Unión Europea. París ve en Sheinbaum una interlocutora con quien se puede dialogar sobre energía limpia, justicia climática y reducción de desigualdades.
La “presidenta científica” se ha convertido en un referente de gobernanza moderna, donde, hasta el momento, la evidencia y la ética pública reemplazan el populismo y la improvisación de administraciones pasadas.
México, por tanto, vuelve a ocupar un lugar importante en el mapa de la atención internacional. A ojos de Francia y del mundo, el país se está transformando en una especie de laboratorio político donde se combinan la ciencia, la igualdad y la justicia social bajo un liderazgo femenino que redefine la izquierda latinoamericana.
Los expertos europeos coinciden en que si logra consolidar sus reformas y mantener su independencia diplomática, política y administrativa, incluso frente a varios de sus propios compañeros de partido (Morena-AMLO), Claudia Sheinbaum podría pasar a la historia no solo como la primera presidenta de México, sino como el rostro de una nueva era de cooperación entre América Latina y Europa.
AQUÍ PUEDE VER UNO DE LOS PROGRAMAS FRANCESES DONDE SE HA ANALIZADO EL GOBIERNO DE CLAUDIA SHEINBAUM:
JALISCO
Edición 810: Claroscuros de la reforma a la Ley de Amparo de Sheinbaum: Javier Hurtado ve la mano de EEUU, GAFI y T-MEC
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia
– Opinión, por Miguel Anaya
En octubre de 1949, Mao Zedong proclamó la República Popular China sobre los escombros de una guerra civil y de siglos de invasiones extranjeras. Era un país rural, analfabeto, con hambre y sin rumbo. 75 años después, esa misma nación fabrica teléfonos y desarrolla apps que influyen en todo el mundo. El gigante, en teoría comunista, es parte vital del rompecabezas capitalista. Ironías del progreso.
China no conquistó el mundo con ejércitos, sino con contenedores, con comercio. No levantó su poder con discursos sensacionalistas, sino con fábricas. Mientras occidente se perdía en contradicciones sociales y culturales, China hablaba poco, trabajaba mucho y exportaba todo.
El secreto no está solo en la economía, sino en la idiosincrasia. China entendió el comunismo con alma confuciana: orden antes que libertad, armonía antes que rebeldía. Mao, no impuso una doctrina foránea; apenas adaptó la vieja idea de que el individuo debe inclinarse ante el todo. Así, el Partido Comunista se convirtió en una versión moderna de un imperio: no se cuestiona, se obedece; no se dice, se hace.
Claro que el camino no fue un cuento chino. El “Gran Salto Adelante” fue más bien un salto al vacío: millones sufrieron entre hornos de hierro y campos estériles. La Revolución Cultural desató una purga donde callar se volvió virtud y la lealtad, salvoconducto. Pero incluso en el desastre, el sistema sobrevivió. China tiene una habilidad ancestral para convertir la tragedia en método.
Luego llegó Deng Xiaoping, un pragmático con alma de comerciante. Su frase, “no importa de qué color sea el gato con tal de que cace ratones”, inauguró el comunismo más rentable de la historia. Permitió la riqueza privada, pero no la libertad pública; abrió las puertas del mercado, pero cerró las ventanas del poder. El resultado: cientos de millones salieron de la pobreza, mientras el partido consolidó el control absoluto.
Hoy, China es el espejo que el mundo observa con una mezcla de fascinación y recelo. Produce, compra, vende y presta. Dirige satélites, controla redes sociales y construye su propio universo digital. Lo que empezó como una extraña mezcla del capitalismo de Occidente y el comunismo de la Unión Soviética, la convirtió en el competidor más disciplinado.
Mientras en las democracias los presidentes cambian cada cuatro o seis años, en China los planes se diseñan para medio siglo. Mientras aquí debatimos el precio de la gasolina, allá diseñan los autos eléctricos que la harán obsoleta.
Y mientras unos discuten si la inteligencia artificial es peligrosa, China ya la utiliza para vigilar a sus ciudadanos, predecir sus hábitos y hasta modelar su “buena conducta”. Orwell se quedó corto: el Gran Hermano aprendió mandarín.
Pero más allá de todo, hay algo que resulta innegable: China entendió el poder como una ciencia exacta. No necesita persuadir, solo demostrar eficiencia. Donde Occidente se desangra en ideologías, China se concentra en resultados. Donde otros prometen libertad, China ofrece prosperidad. Y aunque lo nieguen los románticos, la prosperidad convence mejor que cualquier discurso.
El dragón no rugió: esperó. Tejió mientras otros se distraían en guerras, elecciones o redes sociales. Planeó mientras el mundo lo subestimaba. Y cuando todos despertaron, ya era demasiado tarde: China estaba en los bolsillos, en las pantallas, en las deudas y en los sueños del siglo XXI.
Quizá no sea el modelo ideal para imitar, pero sí el espejo que obliga a mirar sin filtros. Porque, al final, China no sustituye el poder económico, militar y ni el alto consumo de Estados Unidos, pero si hace ver un mundo distinto. Una realidad qué algunos admiran y otros más, temen.
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