MUNDO
Política Global: De cómo el imperio destruye a Julian Assange y a Wikileaks
Con información Agencia de Noticias Sputnik //
Ya es de conocimiento mundial que cuando un ser humano entra en la mira de los servicios de inteligencia en cualquier país del mundo por considerarlo un «peligro para la seguridad nacional» todo el sistema represivo se lanza contra este hombre o mujer hasta destruirle o desprestigiarle.
Así está pasando con Julian Assange, uno de los tres pilares de WikiLeaks, quien abrió los ojos al mundo entero sobre los crímenes y las atrocidades que estaban cometiendo EEUU y sus obedientes sirvientes de la OTAN en el Oriente Medio al lanzar su ‘guerra permanente’ para apoderarse de los recursos nacionales de Irak, Afganistán, Libia, Somalia, Siria. Ahora, este valiente comunicador social está recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres, conocida como el ‘Guantánamo británico’ y con la salud seriamente decaída.
Lo trágico de este caso consiste en que todo el proceso contra Assange está basado en la decisión de Washington de considerarlo culpable hasta que se demuestre su inocencia en los 18 cargos sobre el rol de Julian Assange en la revelación de crímenes de guerra de EEUU en Irak y Afganistán publicados entre 2011-2012 por WikiLeaks y conspiración diplomática global.
Sin embargo, la arremetida de Washington contra WikiLeaks arrancó ya en 2009 después de la divulgación de un video del tiroteo a periodistas en Bagdad el 13 de julio de 2007 por un helicóptero militar norteamericano. La publicación por WikiLeaks del ‘Diario de Guerra en Afganistán’ el 25 de julio de 2010 hizo intensificar aún más la irritación de la Casa Blanca.
En 2017, el entonces director de la CIA y hoy secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró una guerra abierta contra los tres pilares de WikiLeaks: Julian Assange, el abogado y activista Jacob Appelbaum y el relacionista público Trevor Fitzgibbon.
Por una simple decisión política del ‘establishment’ norteamericano, el Departamento de Justicia de EEUU se convirtió en un ‘inquisidor’ global del siglo XXI que concentró su mirada primero en Julian Assange, lanzando, según el relator especial de las Naciones Unidas sobre Tortura y Penas Crueles, Nils Melzer, «una campaña implacable y desenfrenada de acoso público, difamación e intimidación de Julian Assange no solo en EEUU sino en Reino Unido, Suecia y Ecuador».
Melzer señaló también que «en 20 años de trabajo con las víctimas de la guerra, la violencia y la persecución política, nunca vi a un grupo de estados democráticos asociarse deliberadamente para aislar, satanizar y abusar de un solo individuo por tanto tiempo, con tan poco respeto por la dignidad humana y el imperio de la ley».
El ‘modus operandi’ del sistema de represión globalizada dirigida por Washington ha tenido de preferencia desde hace bastante tiempo el uso de la táctica de rumores, denuncias y acusaciones relacionadas con el sexo como acoso sexual, ataque sexual, violación, homosexualismo para dañar la reputación pública del personaje que atenta a desafiar el sistema político y social existente.
El acusado por muy inocente que sea se convierte en una víctima señalada y manchada como un «violador en serie». El sistema sabe que esta táctica produce un efecto inmediato negativo sobre la capacidad de producción de esta persona y afecta seriamente su estado de ánimo y mental. Así hicieron con Julian Assange cuando dos mujeres, la periodista y feminista sueca Anna Ardin de 30 años y su amiga Sofia Wilden de 26 años denunciaron al fundador de WikiLeaks por abuso sexual y reconociendo al mismo tiempo que el sexo en ambos casos fue consensuado.
Fue una operación bien montada contra Assange, aceptando el Scotland Yard la acusación de supuestas ‘víctimas’ de coerción ilegal y abuso sexual sin presentar las afectadas alguna prueba concreta contra su victimario. El preservativo que presentó Anna Ardin no reveló ADN ni de ella ni de Assange. Sin embargo, el fundador de WikiLeaks fue arrestado bajo sospechas y sin cargos de violación y después fue liberado bajo fianza mientras se estudiaba su posible extradición a Suecia que a su vez podía entregarlo a EEUU donde sería juzgado por espionaje
EL PRESIDENTE DE ECUADOR LO ENTREGÓ
Después que la Corte británica determinara extraditarlo a Suecia, Assange pidió en 2012 asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, donde se quedó durante siete años sin asistencia médica. El 11 de abril de 2019, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, tras recibir promesas de Washington de nuevos créditos financieros para su país, suspendió el asilo de Assange y lo entregó a Scotland Yard, que lo sacó a rastras de la Embajada ecuatoriana y lo trasladó a la prisión de Belmarsh, donde estuvo durante un tiempo en el hospital de la cárcel debido al serio deterioro de su salud, llegando al extremo de no poder sostener una simple conversación con sus abogados.
El sistema represivo globalizado tampoco dejó en paz a otros dos pilares de WikiLeaks: el activista y abogado Jacob Appelbaum y el relacionista público Trevor Fitzgibbon. La periodista Suzie Dawson describió en su ensayo ‘Freeing Julian Assange’ como la prensa globalizada se empeñó en destruir sus carreras, sus finanzas y hasta el matrimonio de Jacob creando imagen de ‘violadores en serie’ sin presentar ninguna prueba concreta. Bastaron rumores, mentiras, insinuaciones, alegaciones para convertirlos en unos depredadores sexuales. Tan fuerte fue la guerra informativa contra Trevor que 70 organizaciones progresistas lo repudiaron.
En 2018 el periodista islandés Kristinn Hrafnsson, nombrado editor jefe de WikiLeaks, fue acusado por los medios de comunicación globalizados de ser violento con las mujeres sin presentar ninguna prueba. El otro colaborador de WikiLeaks, Matt DeHart, exanalista de inteligencia de EEUU y miembro del grupo de piratas informativos, fue tildado de perverso y se le inventó la tenencia de pornografía infantil que indignó a la opinión pública a tal extremo que inclusive Edward Snowden atacó a Matt. Resultó que esta táctica usada con fines políticos funcionó a la perfección para hacer debilitar a WikiLeaks.
Mientras todo esto estaba sucediendo, los agentes del FBI estaban extremadamente activos interrogando a su informante islandés Sigurdur Thordarson, quien se convirtió en el principal acusador de Assange. En mayo pasado, la agente especial del FBI Megan Brown, quien está a cargo de investigación contra Assange, viajó a Islandia junto con el fiscal Kellen Dwyer del Distrito Oriental de Virginia para interrogar a Thordarson. Este informante no tiene mucha credibilidad por tener un historial criminal.
Este personaje había sido un colaborador de WikiLeaks en Islandia desde 2010 hasta que en 2011 cuando se contactó con la embajada norteamericana en Reikiavik ofreciendo ayuda a EEUU en investigación criminal relacionada con Julian Assange. Entre 2011 y 2012 Thordarson entregó a las autoridades norteamericanas ocho discos duros de información perteneciente a WikiLeaks por los cuales recibió miles de dólares en recompensa.
El arresto y el traslado de Assange al ‘Guantánamo británico’ está demostrando el poder de largo brazo de Washington que ya estaba seguro que el fundador de WikiLeaks sería extraditado a EEUU tarde o temprano y donde sería acusado de contactar con la analista del Departamento de Defensa, Chelsea Manning, para «obtener ilegalmente documentos clasificados relacionados con los secretos de defensa nacional y su posterior publicación».
El Departamento de Justicia de EEUU ya presentó 18 cargos contra este comunicador social y el secretario de Interior de Reino Unido, Sajid Javid, no se dejó esperar y firmó una solicitud formal para extraditar a Assange a EEUU donde el Gran Jurado le podría condenar hasta 175 años de prisión. El Tratado de Extradición entre Washington y Londres fue firmado y ratificado en 2007 sin necesidad de presentar evidencias sustanciales para proceder con extradición.
Ahora todo depende de la decisión de la justicia británica. El pasado 14 de mayo durante la sesión de procedimiento la jueza de la Corte de Magistrados de Westminster, Emma Arbuthnot, ordenó para el 25 de febrero 2020 una audiencia con una duración prevista de cinco días para revisar la extradición de Julian Assange a EEUU.
Se prevé también vistas preliminares en julio y octubre próximos. Si tomamos en cuenta que el esposo de la magistrada, James Arbuthnot, es exdirector de Security Intelligence Consultancy SC Strategy Ltd., la empresa privada británica de inteligencia cuya ‘labor’ fue divulgada en más de 500 informes de WikiLeaks, ya podemos darnos cuenta del veredicto que espera al periodista y activista Julian Assange.
Lo nuevo de este caso es la aparición inmediata de lo que se llama ‘Efecto Assange’, que consiste en el inicio de una nueva ola de ‘cacería de brujas’ contra el periodismo de investigación y el pensamiento alternativo en Australia, Francia y EEUU.
La Policía de Australia realizó ya una redada en la Australian Broadcasting Corporation con la orden de apropiarse, eliminar o cambiar la información periodística relacionada con la seguridad nacional del país. En San Francisco, California, el 14 de junio pasado una docena de policías fuertemente armados abrió a martillazos la puerta de la casa del periodista Bryan Carmody, lo esposaron y requisaron todo su material de trabajo. Esto ocurrió al negarse el periodista revelar su fuente de información tras publicar un informe sobre un turbio suceso local.
Frente a estos ataques contra los medios de comunicación, el periodismo globalizado que hasta poco estaba proyectando a la opinión pública una imagen distorsionada y vilificada del creador de WikiLeaks y posteriormente mantuvo silencio sobre la tragedia de Assange dando luz verde a su persecución por el Gobierno estadounidense, por primera vez en los últimos 10 años los informadores globalizados se sintieron inseguros.
Surgieron dudas en los medios de comunicación más alineados con Washington respecto a su futuro en el caso de publicar algunos documentos clasificados. Recién han comprendido que la criminalización de la práctica periodística no tendría límites y podría inclusive afectar al mismo The New York Times o The Guardian británico que supuestamente son partidarios y luchadores por la democracia y la libertad.
Una posible extradición de Julian Assange a EEUU junto con una arremetida por el sistema represivo globalizado neoliberal contra los medios de comunicación abriría la puerta a una dictadura con todas sus consecuencias. El fundador de WikiLeaks ya nos advirtió sobre este peligro al exponer a EEUU, a sus aliados de la OTAN más importantes y a sus líderes divulgando sus secretos, sus crímenes más cruentos y sus planes para domesticar a la opinión pública mundial silenciando a la prensa alternativa y tratando inclusive controlar internet.
La libertad es lo más importante en la vida y precisamente esta libertad está en peligro actualmente. Ya es hora para los medios de comunicación darse cuenta de lo que les espera a ellos y al mundo entero si es que siguen siendo promotores y portavoces del sistema represivo globalizado.
– Política Global, por Jorge López Portillo Basave
La semana pasada se cumplieron dos años de la masacre perpetrada por terroristas armados de Hamas contra miles de habitantes del oeste de Israel. Este conflicto, sin embargo, no comenzó aquel día, y muchos esperan que esta vez sí llegue a su fin —al menos por un par de décadas—.
El primer ministro israelí, junto con los líderes de Qatar, Egipto, Turquía e incluso Irán, respaldaron el nuevo acuerdo de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el propósito de cerrar un capítulo que ha desangrado a la región durante generaciones.
La Franja de Gaza, con una extensión de poco más de 300 km² —similar a la mitad de Puerto Vallarta—, se ubica al suroeste de Israel y al norte de Egipto. Este territorio nació junto con el Estado de Israel tras la Segunda Guerra Mundial. Como lo hemos señalado en otras ocasiones, Gaza no ha conocido una paz duradera en la era moderna.
El plan de Trump consistió en involucrar a los principales patrocinadores de Hamas —no solo a palestinos e israelíes— en la negociación. Así, Qatar, Egipto e incluso Irán se sumaron, de una u otra forma, al nuevo acuerdo. Qatar desempeñó un papel central, pues desde hace años alberga a los líderes de Hamas, quienes viven rodeados de lujos mientras su pueblo sobrevive en la miseria. Irán, por su parte, también se pronunció de manera favorable. En las calles de Gaza y de Israel, miles de personas salieron a celebrar el pacto.
Durante décadas, presidentes estadounidenses —Reagan, Bush padre e hijo, Clinton, Obama— intentaron un acuerdo de paz que desarmara a Hamas, sin éxito. Con Biden, la situación se agravó: la guerra de los últimos dos años ha dejado miles de muertos en Gaza y centenares en Israel. El primer ministro israelí buscó ocupar Gaza para erradicar a Hamas, algo que los países vecinos rechazaban, aunque tampoco apoyaban a la organización, temerosos del surgimiento de movimientos radicales como el que tomó el poder en Irán tras la caída del Sha en los años setenta.
El pacto alcanzado en días pasados, en su primera fase, la retirada de las tropas israelíes y el regreso de todos los rehenes —vivos o muertos— a Israel o a sus países de origen. A cambio, Israel liberará a más de dos mil prisioneros pertenecientes a Hamas, algunos de ellos condenados a cadena perpetua por actos terroristas.
Países como Egipto, Qatar y Estados Unidos enviaron contingentes de observadores militares, encargados de verificar el cumplimiento de los compromisos. Sin embargo, la segunda fase será la más compleja: implica que Hamas deponga las armas y se convierta en un movimiento político, mientras las naciones árabes de la región colaboran en la reconstrucción y el desarrollo de Gaza.
Desde los años sesenta, cuando se fundó la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), y más tarde, en 1994, con la creación de la Autoridad Palestina, los países árabes y musulmanes de la zona han mantenido una relación distante con los palestinos: los apoyan retóricamente, pero rara vez les ofrecen asilo o visas. Los quieren, sí, pero de lejos. Tal vez esa sea la principal diferencia con los intentos anteriores: esta vez participan activamente árabes, musulmanes, judíos y cristianos bajo una misma idea de cooperación.
El acuerdo aún está en proceso de implementación, pero ya logró algo inédito: sentar en una misma mesa a personajes que históricamente se han odiado, para dialogar sobre un futuro posible para la región y el mundo.
Incluso la política demócrata Hillary Clinton reconoció públicamente el esfuerzo de Doland Trump. El Papa León XIV, en su mensaje dominical, pidió por el éxito del proceso de paz y por las legítimas aspiraciones de los pueblos israelí y palestino. “Que se aleje el odio y florezca la reconciliación”, expresó desde el Vaticano.
Gaza, pese a su reducido tamaño, tiene un peso geopolítico enorme. Se cree que en sus costas existen recursos energéticos significativos, pero su población vive sumida en la pobreza, atrapada entre la tiranía de sus propios líderes —electos por el miedo y la doctrina— y los bombardeos israelíes. Si el acuerdo logra sumar a países árabes, musulmanes, judíos y cristianos, los extremistas que se alimentan del odio racial y religioso perderán fuerza.
También debe reconocerse que el temor constante a los ataques desde Gaza ha sido utilizado por líderes israelíes para justificar bombardeos masivos contra ciudades enteras, muchas veces usando a civiles como escudos humanos. La paz exige detener ese ciclo.
El principal promotor del acuerdo, Donald Trump, afirmó que lo hizo porque “detesta las guerras y la muerte de personas por causas estúpidas”. Cabe recordar que Trump ha cultivado una relación cercana con líderes árabes y musulmanes, especialmente con Arabia Saudita y Qatar. Este último fue un aliado clave en la negociación, y como parte del entendimiento, Estados Unidos permitirá que Qatar establezca una escuela militar conjunta con el Departamento de Defensa estadounidense para la formación de pilotos en Idaho.
Así, la paz entre Israel y Hamas se entrelaza con acuerdos comerciales y militares entre Estados Unidos, Qatar, Egipto, Turquía, Arabia Saudita e Israel.
Dios quiera que este sea un pacto duradero, por el bien de esa gente y del mundo entero. No olvidemos que judíos, musulmanes y árabes forman parte vital de las naciones occidentales —desde Berlín hasta San Francisco, desde Alaska hasta el Cabo de Buena Esperanza—, y que además poseen influencia, tecnología y recursos que los convierten en actores fundamentales del equilibrio global.
– Opinión, por Pedro Vargas Ávalos
A los ojos del mundo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se ha convertido en una figura destacada entre las mujeres que lideran sus países en el ámbito internacional. En contraste, la exmandataria de Perú, Dina Boluarte, destituida el pasado 9 de octubre, fue señalada por diversas encuestas como la presidenta más impopular de Latinoamérica, con apenas un 3% de aprobación, producto de un gobierno marcado por la represión y los escándalos de corrupción. Boluarte llegó al poder tras traicionar al expresidente —hoy encarcelado— Pedro Castillo, de quien fue vicepresidenta.
En México, en cambio, los sondeos públicos otorgan entre 70 y 80 por ciento de respaldo a la jefa del Ejecutivo. Según Mitofsky (El Economista, 30-IX-2025), al cumplir un año de gestión, Sheinbaum registró una aprobación del 71.6%, diez puntos más que al inicio de su mandato. Por su parte, el área de Estudios Económicos de Banamex, tras analizar más de 30 encuestas realizadas en línea, por teléfono y en vivienda, concluyó que en agosto pasado la aprobación promedio fue del 73% (Sin Embargo, 5-X-2025).
A su vez, el diario español El País otorgó a CSP un sobresaliente 78% y destacó que “brilla con luz propia como presidenta de México. La primera mujer en ocupar el Ejecutivo goza de una sólida aprobación tras su primer año en el cargo, superando con un 78% a su antecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien en su primer año obtuvo un 72%” (El País, 30-IX-2025).
En el programa La Base, del periodista español Pablo Iglesias, los comentaristas Inna Afinogenova, Estefanía Veloz y Marco Teruggi coincidieron en que México se ha convertido en un ejemplo de redistribución de la riqueza sin necesidad de imponer más impuestos. “Es un modelo factible para muchos países”, concluyeron.
En la página web del programa, una usuaria identificada como Gabriela3527 escribió: “Nací en Ecuador, crecí en Chile y ahora vivo en Brasil. Me inspira lo que sucede en México y me da esperanza ante la adversidad que vivimos hoy. Ojalá sigan gobiernos coherentes y humanos, y que este modelo se expanda a otros territorios”. A su comentario se sumó el de otro usuario mexicano: “Nací y crecí en Estados Unidos creyendo que era el mejor país del mundo. Obrador y Sheinbaum me abrieron los ojos y me devolvieron el orgullo de mi sangre y mi tierra” (@Jl2damax).
El medio estadounidense Newsweek tituló su análisis tras el primer año de gobierno: “La presidenta celebró el primer aniversario de su gestión en la explanada más emblemática del país —el Zócalo de la Ciudad de México— ante más de 400 mil personas. Un espectáculo político que recuerda que, por más doctora que sea, también es una gran operadora política” (Emilio Flores Escalona, 10-X-2025).
Estos testimonios sirven para entender el interés que suscita Sheinbaum en instituciones de Estados Unidos como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Servicio de Investigación del Congreso (CRS).
La primera, fundada en 1974 y dedicada a promover los derechos humanos y la democracia en América Latina, señaló: “Hace un año, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera presidenta de México. Llegó con la promesa de continuar y ampliar el proyecto de la ‘Cuarta Transformación’. Un año después, podemos afirmar que no se ha apartado del camino trazado por López Obrador” (WOLA Perspectivas, 1-X-2025).
En efecto, Sheinbaum ha elogiado reiteradamente a AMLO, describiéndolo como “honesto y comprometido con el pueblo”. Un análisis de sus discursos mostró que lo mencionó en el 94% de sus alocuciones durante su primer año de gobierno, reflejando tanto su lealtad como el peso que el expresidente conserva en su narrativa política. En su mensaje en el Zócalo enfatizó: “No habrá divisiones ni distanciamientos, porque nuestro proyecto representa la continuidad del legado de la Cuarta Transformación”.
Por su parte, el CRS —organismo del Congreso estadounidense—, citado por el periodista Salvador Frausto en Milenio (1-X-2025), calificó a Sheinbaum como impulsora de una “continuidad con cambio”. Mientras su homólogo en EE.UU., Donald Trump, sufría una caída en su aprobación, la mandataria mexicana consolidaba su respaldo popular. Un informe del CRS de 2024 señaló que el legado político de López Obrador marcó el inicio de la gestión de Sheinbaum.
Sin embargo, el organismo advirtió que la velocidad con que se aprueban las reformas podría afectar la independencia institucional y generar desconfianza entre inversionistas estadounidenses. “No obstante”, agrega el documento, “esta transición no rompe, sino que reconfigura el obradorismo con tintes propios”.
El informe más reciente del CRS, del 30 de enero de 2025, titulado México: Panorama político y relaciones entre Estados Unidos y México (IF12765), subraya que la presidenta y su partido, Morena, aprobaron 17 reformas constitucionales entre septiembre y enero, algunas heredadas de AMLO y otras con sello propio.
Su conclusión advierte: “La cooperación bilateral es sólida, pero podría deteriorarse si Estados Unidos recurre a aranceles o medidas unilaterales”. Los analistas del Capitolio, según Milenio, también expresan preocupación por “las imprudencias y el tono agresivo de Trump”, situación que Sheinbaum ha sorteado con habilidad, firmeza y responsabilidad, lo que le ha ganado admiración internacional.
La cooperación entre México y Estados Unidos en materia de migración, seguridad, narcotráfico y comercio es reconocida, aunque aún perfectible. El informe del Capitolio destaca los esfuerzos del gobierno de Sheinbaum y concluye, de manera elocuente, que la presidenta mexicana “es vista como una líder popular, poderosa y reformista”.
Con sobrada razón, la gran mayoría de los mexicanos avala su desempeño, confiando en que cada día nuestro país sea más libre, democrático, igualitario y soberano.
– Por Mario Ávila
Tras la destitución de Dina Boluarte, como presidenta de Perú y la designación del presidente del Congreso, José Jerí, como nuevo presidente, la cifra de mandatarios del país andino llega a seis, desde el 2018 a la fecha.
En medio de acusaciones en su contra, Boluarte, quien se fue por votación unánime en el Congreso y sin expresar nada en su defensa, asumió el cargo el 7 de diciembre de 2022 en sustitución del presidente Pedro Castillo, quien fue detenido y acusado de un intento de autogolpe de Estado.
El país sudamericano ha tenido hasta seis presidentes desde 2018 debido a destituciones o renuncias de sus líderes. Tres exmandatarios están en prisión por casos de corrupción o abuso de poder.
Al filo de la madrugada de este viernes, el Congreso de Perú aprobó la destitución de Dina Boluarte como presidenta de la república.
El Poder Legislativo había citado a la jefa de Estado para que ejerciera de inmediato su defensa antes de proceder con la votación, pero la mandataria rechazó hacerlo al considerar «inconstitucional» el procedimiento.
Ante ello, los congresistas apoyaron la vacancia al cargo presencial por unanimidad, con 118 votos a favor, ninguno en contra, y cero abstenciones.
El presidente del Congreso, José Jerí, juró como nuevo presidente y será el encargado de dirigir el país hasta las próximas elecciones, previstas para abril de 2026. El relevo presidencial fue fijado para el 28 julio, también del año entrante.
MUNDO
La activista María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025: del exilio interno al reconocimiento mundial
– Redacción Conciencia Pública
El anuncio por parte del Comité del Nobel de que María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 ha estremecido el panorama político latinoamericano. Reconocida “por su incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por una transición justa y pacífica del autoritarismo a la democracia”.
La distinción coloca su figura en el escenario global y evidencia que la crisis venezolana sigue siendo tema de atención internacional.
Para muchos analistas, la elección de Machado responde no solo a su oposición frontal al régimen de Nicolás Maduro, sino también a su capacidad para articular un discurso de resistencia simbólica en medio de la represión. El comité Nobel la definió como una “campeona valiente y comprometida con la paz” que ha mantenido viva “la llama de la democracia en medio de una oscuridad creciente”.
En Venezuela, su figura ya estaba cargada de misticismo político: siquiera poder presentarse como candidata fue vetado, y debió operar en condiciones de clandestinidad durante gran parte de la contienda electoral.
Este premio juega con paradojas notables. Por un lado, legitima la denuncia internacional contra las prácticas autoritarias en Venezuela y fortalece moralmente al movimiento opositor. Por otro, expone tensiones internas dentro de esa misma oposición: ¿cómo construir una agenda democrática que no dependa exclusivamente del liderazgo personal?
Además, algunos críticos han cuestionado su cercanía a Estados Unidos y ciertos sectores del ala dura del antichavismo, así como su respaldo público a figuras como Donald Trump, al cual ha calificado de “valiente” y “visionario” por su postura frente al régimen venezolano.
Las reacciones oficiales al premio han sido variadas. El gobierno de Venezuela se apresuró a lanzar discursos de conspiración y a criminalizar el reconocimiento internacional. En contraste, funcionarios y líderes democráticos de la región expresaron su satisfacción, interpretando el galardón como un mensaje claro en favor de la democracia latinoamericana.
En Estados Unidos, la Casa Blanca emitió un comunicado criticando la decisión y acusando al comité Nobel de favorecer la “política sobre la paz”, ya que Donald Trump en los últimos meses ha venido presionando al Comité del Premio Nobel para que le entregara el Nobel de la Paz por sus intervenciones para poner fin a varias guerras.
Para los venezolanos en el país y en el exilio, el premio encarna una reivindicación simbólica: no todos los caminos hacia la libertad pasan por las armas, sino por la persistencia, la denuncia y la esperanza.
Machado, quien estuvo bajo condiciones de invisibilidad política durante parte del conflicto electoral de 2024, reapareció públicamente en el contexto de las protestas del 9 de enero de 2025, evento en el cual fue detenida brevemente antes de ser liberada. Esa experiencia de persecución y riesgo personal refuerza el relato del sacrificio y la resiliencia.
Sin embargo, ganar un Nobel no transforma de inmediato la realidad institucional. Venezuela sigue marcada por una economía en ruinas, una estructura estatal militarizada y profundos vacíos de legitimidad. El mayor desafío para Machado y sus aliados será traducir este reconocimiento internacional en presión diplomática efectiva, fortalecer una plataforma programática viable y reconstituir tejido civil en un país fragmentado. La simbología del Nobel abre puertas diplomáticas, pero no asegura cambios de fondo.
En su alocución tras el anuncio, Machado dedicó el premio al “pueblo venezolano que sufre” y exhortó a los aliados internacionales a acompañar la causa democrática con acciones concretas. “Este reconocimiento es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la libertad” dijo.
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