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VENTA DE GARAJE DE NIÑOS

VENTA DE GARAJE DE NIÑOS

Sep 19, 2015

En Jalisco, ya desde 1993, se hablaba del presunto tráfico de niños. En esos años, el presidente de la CEDH, Carlos Hidalgo Riestra, señaló indicios de que se estaba traficando con menores de edad. Por ello emitió una Recomendación en contra de la adopción del niño José Eduardo Sauceda Hernández, pese a eso, el menor fue entregado a una pareja de Francia. Fue el hogar Cabañas quien dio en adopción a esa criatura, que fue arrebatada sin compasión a Natividad Fernández López, quien lo estaba reclamando desde 1991, pero tanto las autoridades judiciales y el propio Cabañas, arguyeron que: «era pobre y no podía tener al niño».

En 1994 estaban ya todas las condiciones para iniciar una labor, en la que participaron tanto el DIF Jalisco, el Consejo Estatal de la Familia, el Cabañas, así como albergues privados, que construyeron un andamiaje que se emparenta con lo que ocurrió en Sonora: el mismo sistema estatal propiciaba la entrega de niños a cambio de dinero.

En Sonora, pocas son las asimetrías que existen vis a vis de Jalisco. Funcionarios realizaban lo que en su momento Juan Manuel Estrada, de FIND, lo hizo exclamar: «Venta de garaje», en relación a los niños que bajo un esquema nada claro entregaban niños, a connacionales y más que todo a parejas o solteros del extranjero. Funcionarios sonorenses, de esas mismas instituciones que velan «por el interés superior del niño», repitieron el modus operandi: niños en venta al mejor postor. Y allá en Sonora, como aquí, se configura el delito de «trata de personas», según afirma Rosy Orozco y Colegios de Abogados que se han ido sumado al reclamo de FIND de que se haga justicia.

Hubo un contubernio de funcionarios públicos, de la Procuraduría del Estado, donde sus policías se encargaban de hostigar a las mujeres que, curiosamente, también señalaban como «no aptas para ser madres», por ser drogadictas o pobres, estamos hablando de Sonora, una calca de lo ocurrido en Jalisco. Y aquí podríamos mencionar el reciente comentario del exprocurador del estado sonorense, Carlos Navarro Sugich, quien dijo con todo estilo: «En el DIF Sonora los bebés se harían criminales», justificando el que los niños no hayan sido regresados con sus padres biológicos, y sí a los adoptantes, misma doctrina que los jerarcas de Jalisco, cuando más floreció el tráfico infantil, donde las mujeres taiboleras «no tenían derecho a ser madres».

El presidente de FIND y Premio Nacional de Derechos Humanos, Juan Manuel Estrada, sostuvo todo el tiempo que en Jalisco esa entrega de niños en forma irregular era una «política de Estado». Se repitió en el norte.

¿Cuál es entonces la diferencia entre lo que sucedió en jalisco y lo ocurrido en sonora?, preguntamos al de find.

 

—«Es el mismo modus operandi, pero aquí nos asombramos, y todo quedó en eso. En Sonora se asombraron, e hicieron algo. La sociedad está muy indignada, los medios de comunicación tomaron esto como suyo y aquí en Jalisco no pasó nada. Esa es la verdad. En Sonora, los diputados locales, la Comisión de Derechos Humanos, están actuando.

Estrada Juárez, como presidente de la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos, acudió al estado sonorense, y entregó una denuncia que fue recibida por el Ministerio Público contra los presuntos responsables, y allá de inmediato empezaron las averiguaciones. Dando cuenta de cómo el procurador de Justicia del Estado de Sonora recibió el 26 de marzo del 2015 un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos alertando sobre una «compleja red» que operaba desde el DIF estatal para entregar bebés sonorenses a parejas tanto de México como de Estados Unidos. En ese documento menciona a José Manuel Hernández, abogado de la Unión Ganadera de Sonora, como el encargado de cruzar la frontera hacia Estados Unidos con niños «robados» a sus madres en Sonora.

Complicidad del exprocurador de sonora

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Sin embargo, el entonces procurador Carlos Navarro Sugich, no actuó en consecuencia ante ese llamado, si bien giró órdenes de aprehensión derivadas de una denuncia anónima contra Vladimir Alfredo Arzate Carvajal, quien se desempeñaba como subdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF, y como encargado de la línea PROTEGE de la misma institución, contra José Manuel Hernández López, un total de 16 personas, incluyendo a las que pagaron entre 80 mil y 150 mil pesos por los menores, como presuntos responsables, luego de las declaraciones ministeriales, les permitió marcharse. El hoy exprocurador del Estado se desistió de la acción penal, cuando no era su función, diciendo que no había elementos, aun cuando hubo flagrancia, ya que al ser detenido Hernández López llevaba una niña, Manola, que sería entregada a una pareja que había llegado a Hermosillo a «adoptarla».

La confesión del propio Hernández López confirma los delitos. Explicó la forma en que conseguían las partidas de nacimiento a través del docto Édgar Vázquez y cómo Vladimir Arzate, funcionario, se encargaba de explicar a los padres adoptantes el procedimiento, que los convertía en padres legítimos de los menores, y que no era otro que quitarle a una mujer soltera, en su mayoría, o con problemas familiares, a su criatura, con base en amenazas. (Igual que en Jalisco). Incluso la esposa y Hernández López eran padres de unos gemelos, gracias a esa misma treta. Arzate Carbajal confesó que al menos 13 bebés fueron dados en adopción de manera irregular, y que lo venían haciendo desde el 2009. Confesó más de cien casos. Sin embargo, el implicado promovió un amparo contra su detención, el cual le fue concedido

Nunca hubo trámites de adopción, los niños pasaban de una mano a otra, mediante el pago. Tan sólo hasta marzo del presente año, eran nueve los niños entregados en esa forma, una red de corrupción en las entrañas del sistema estatal.

Y ante la confesión de esos crímenes, ninguno está en la cárcel.

Todo fue una simulación. Simularon que actuaron, pero no citaron a todos los implicados. El procurador, mintió cuando dijo que había lanzado «ficha roja» contra los presuntos delincuentes. No fue así. La INTERPOL la emitió después. Hasta hoy son 22 casos de niños vendidos, según la CEDH. Y con todo y eso el entonces Procurador siempre negó que se perfilara el delito de «trata».

Lo que pasó en jalisco

Sombras de niños

Un antecedente de las simetrías Jalisco-Sonora. El embajador de México en Irlanda, Carlos García de Alba, envió desde el 27 de mayo del 2011 varios comunicados a la Cancillería donde daba la voz de alerta de un tal Carlos López Valenzuela, que conseguía bebés mexicanos para venderlos a los irlandeses. Resultado, pese a la antelación de las voces de alarma, el presunto traficante nunca fue detenido, y ahora es prófugo de la justicia. Tuvieron que pasar los meses, hasta que en el 2012 empezó a revelarse la red de tráfico infantil en Jalisco y Colima, rumbo a Irlanda, encabezada precisamente por López Valenzuela, en complicidad con todo un sistema de procuración de justicia y asistencia social. A los irlandeses se les permitió salir del país, pese a que había indicios de abuso sexual infantil en al menos cinco de los nueve niños asegurados. El tema duerme en la apatía.

Juan Manuel Estrada concluye que no hubo adopciones, lo que se dio es venta de niños, trata de personas, en relación a lo de Sonora. Aunque lo mismo podía presumirse de Jalisco.

De acuerdo a grabaciones en mi poder y a las declaraciones ministeriales, se acredita el delito.

Existe una formal queja ante el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, interpuesta por FIND, en contra de Iveth Dagnino, como presidente del sistema DIF, contra el hoy exprocurador de Justicia de Sonora por actos de omisión ya que nunca se hizo una investigación a fondo. La queja incluye a Vladimir Arzate, subdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, Ariadna Burruel, del Hospital Infantil, el director y todo el personal del área denominada Centro de Atención Integral a Menores.

Allá se consignó al funcionario Arzate Carbajal, quien confesó de al menos 13 bebés dados en adopción de manera irregular. Quien declaró que desde el 2009 empezó en el tráfico de niños, lo cual, dijo, hubo más de cien casos. Sin embargo, el implicado promovió un amparo contra su detención, el cual le fue concedido.

¿Cómo actuaban? 

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Denisse Ramos Campillo, pareja de uno de los principales inculpados por el tráfico de menores en Sonora, José Manuel Hernández López, en su declaración ministerial, del 26 de marzo del 2015, señala cómo agentes de la Policía Estatal participaban en el engranaje de la entrega de niños en Arizona, y en Sonora. Estaba enterada que en complicidad de Hernández López con  Ariadna  Burruel,  trabajadora del jurídico de la Clínica de Atención Integral del Menor del Hospital Infantil, de Sonora, y de Vladimir Alfredo Arzate, responsable de la Línea PROTEGE, sustraían menores para darlos a familias de Estados Unidos, y del propio estado de Sonora.

Otro cómplice es el doctor Édgar Vázquez Tello, del municipio de Guaymas, quien se hacía cargo del aviso de nacimiento, que posibilitaba a los compradores para registrar a los menores como legítimos. Hernández López era quien cobraba a los connacionales 150 mil pesos, por un niño entregado. Denisse menciona que nunca se enteró de la cantidad que pagaban los estadounidenses, pero sabía «que les pagaban más». Por cada transacción, Hernández López y Arzate ganaban cincuenta mil pesos cada uno, el resto lo dividían con Ariadna, Vázquez Tello y el agente de la Policía Estatal, Ramsés Oliva.

La novia de Hernández López hasta fue testigo de las amenazas que profirió el policía Ramsés Oliva a una mujer que pretendía recuperar a su nieto: «que ya habían asustado a la señora y que seguramente ya no habría ningún pedo con ese bebé».

Y como tantas veces sucedió en Jalisco donde presuntos culpables volvían a sus puestos tranquilamente, Arianda Burruel sigue en el Hospital Infantil, trabajando, según la testigo.

En sus dichos ante el Ministerio Público, Denisse cita lo que le comentó su pareja: «Vladimir o Ariadna le hacían entrega de los niños, y Hernández López se encargaba de darlos a los nuevos papás y en ese momento recibía el dinero». Otra: «niños que nacen en el Hospital Infantil del Estado, los cuales sus mamás no los quieren, son mamás solteras o drogadictas».

La única diferencia entre los procedimientos tanto de allá como aquí, es que en Sonora no se trataba de adopciones, entregaban a los niños sin ningún proceso, arrebatándolos a las madres, «a la mala», comenta Juan Manuel Estrada.

«Es una copia. Es exactamente lo mismo. ¿Mera coincidencia?».

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