Por Luis Manuel Robles Naya //

Pemex es una empresa productiva del estado. El dueño es el gobierno de México que ha manifestado a través del director designado, que la intención es fortalecer el papel de PEMEX como motor del desarrollo económico del país y para recuperar la independencia energética y la soberanía del Estado.

No son conceptos nuevos, son los mismos que dieron origen a la creación de la empresa después de la expropiación petrolera, y que en el contexto de ese tiempo tenían una vigencia indiscutible. Sin el control de los hidrocarburos que tomó el estado mexicano no se hubiera dado la expansión de la economía mexicana, el despegue industrial, la electrificación rural, la ampliación de la red carretera, el incremento de la planta automotriz, la creación de instituciones para atención de la salud y el bienestar y una larga lista de etcéteras.

Durante tres décadas (1940-1970), la función de Pemex fue satisfacer la demanda energética, sostener bajos precios y la producción de insumos para la industria nacional, sus ingresos fueron el sostén del desarrollo. En la década de los 70 -80, la economía se petrolizó, se volvió dependiente de los ingresos petroleros y vulnerable ante los efectos del voluble mercado internacional, eso motivó un cambio en la política económica favoreciendo la diversificación y disminuyendo la dependencia de la renta petrolera.

Ahora el gobierno pretende retomar el papel que la empresa tuvo en el pasado y reclamar independencia energética y soberanía, sin embargo, el contexto es diferente. Ahora no hay empresas que expropiar, ni las que participan están desafiando al gobierno, el dominio de la nación sobre el petróleo es absoluto y la independencia es un absurdo en una economía global y competitiva. Sin duda hay un empeño nacionalista, pero a la luz del orden mundial interdependiente en el cual el petróleo es parte del mercado de comodities, el término de soberanía adquiere otras connotaciones.

Es otro el contexto y Pemex es ahora otra empresa muy diferente. Cierto es que el país necesita recursos para reducir la lacerante desigualdad que ha generado el capitalismo de libre mercado, pero es evidente que no será esta empresa la fuente que los produzca, al menos en la presente administración.

Actualmente más que una palanca de desarrollo es un lastre debido al volumen de su deuda y a la carga financiera que le representan pensiones y pasivos laborales, además de enfrentar altos costos de producción que le restan competitividad. Pongámoslo en cifras:

Al 31 de diciembre de 2018, la deuda total de Pemex ascendía a 105,800 millones de dólares. En enero de 2019, el gobierno federal realizó aportaciones de capital por 6,200 millones de dólares que fueron usados para reducir su endeudamiento, (El Economista- Cartera 21/01/20) mismo que para septiembre de 2019 quedó en 99,600 MDD.

De este monto de deuda, aproximadamente el 30 por ciento 30 mil millones de dólares es de corto plazo pagadera en 2019 – 2021. Para aliviar la presión, en este año la Secretaría de Hacienda emitió dos bonos de deuda por la cantidad de 5 mil millones de dólares; un bono por 2,500 pagadero a 11 años con tasa de interés de 5.95 y otro por la misma cantidad pagadero a 40 años con tasa de 6.95%.

Adicionalmente, en 2019 se le dotó de cuando menos 90 mil millones de pesos; se proyectaron 47 mil millones para 2020 y 91.6 mil millones para 2021. Es decir que en transferencias directas Pemex ha recibido aproximadamente una quinta parte del ingreso nacional y todavía carga una deuda de 99.6 mil millones de dólares.

Sumemos a esto el costo de la rehabilitación de refinerías en busca de la independencia y no importación de gasolina, que ha requerido según declaración de la Secretaria de Energía en septiembre de 2019, la aplicación de 12,500 millones de pesos que se suman al costo de la construcción de la refinería de Dos Bocas, estimado en 8 mil millones de dólares.

No obstante estos apoyos la empresa tuvo pérdidas por 346 mil 135 millones de pesos en 2019 y tan solo en el primer trimestre de 2020 ya registra pérdidas por 562 mil millones. De acuerdo al Plan de Negocios de Pemex, el EBITDA, es decir los ingresos antes de impuestos, intereses, depreciación y amortizaciones es de 551 mil millones, y aun así pierde una cantidad similar en un solo trimestre, eso indica que es un hoyo imposible de llenar o es una pérdida muy difícil de explicar.

Con esos números podemos decir que el gobierno federal ha hecho un esfuerzo sin precedente para levantar una empresa que ya se reconocía insalvable y realizó inversiones cuya tasa de retorno es impensable, es decir a fondo perdido más del 20 % del ingreso nacional en solo un año.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos estimó las reservas de petróleo crudo hasta el 1 de enero de 2018 en 6,464.2 miles de millones de barriles de reservas probadas (1P); 5,816.5 en reservas probables (2P) y 7,139.1 en reservas posibles (3P).

La Relación Reserva-Producción estimada por la propia CNH indica que las reservas de petróleo crudo equivalente son para 8.5 años, 16.1 años y 25.4 años para las categorías 1P, 2P y 3P, respectivamente. Es decir que estos serían los años en que Pemex puede sostener el ritmo de producción de 2018.

La decisión del gobierno federal es incrementar el ritmo de producción, lo que reduciría esta relación y el aumento de los ingresos por exportaciones no garantiza mejor salud financiera. Asegurar la operación futura requiere invertir en exploración para incrementar las reservas y en tecnología para explotar aquellas reservas que se encuentran en aguas profundas, ya que hasta ahora se enfoca en aguas someras y se niega a nuevas técnicas como el fracking.

Es evidente que con la excesiva carga de la deuda y las pérdidas de operación, la capacidad para nuevas inversiones es virtualmente nula. Perseverar en alcanzar los objetivos enunciados de recobrar la independencia y la soberanía y apoyarse en el petróleo para impulsar el desarrollo es un sueño demasiado caro y no solo eso, es una inspiración patriótica que lleva un riesgo alto para la salud de las finanzas nacionales. La cantidad de dinero que se le ha destinado en un solo año, deteriora fuertemente los presupuestos de Educación Pública y de Salud y ha ocasionado que otros proyectos e instituciones vean disminuidas o imposibilitadas sus funciones.

Entonces, ¿Qué hacer con Pemex? La respuesta no está dentro de la administración de la empresa que debe seguir buscando disminuir costos, aumentar producción y manejar inteligentemente su deuda. Es el gobierno de México el que debe redefinir sus prioridades y dejar que Pemex sea una empresa competitiva cuya recuperación a largo plazo, obedezca a sanas prácticas empresariales. Es una ruta larga que no embona con las aspiraciones políticas del régimen, pero que no compromete las posibilidades de ayudar efectivamente a los que menos tienen,

Pemex debe dejar de drenar las arcas nacionales y para ello se requiere que en el centro de la toma de decisiones se convenzan que la retórica de campaña no es compatible con la realidad y que perseverar en inyectarle recursos públicos afectará enormemente la capacidad del gobierno para proporcionar bienestar a los mexicanos.

La reconfiguración y recuperación de la empresa lleva a un horizonte más largo que el de esta administración y solo será posible si opera con criterios de rentabilidad económica y no de reivindicaciones nacionalistas.

La solución a la que se opone, la administración actual por querer borrar los símbolos de la que llaman era neoliberal, es la apertura a la inversión privada en los términos que se había planteado en la reforma energética anterior, es decir, conservando el Estado la propiedad absoluta de los recursos naturales, compartiendo riesgos y utilidades y cobrando impuestos a las empresas asociadas.

Se reservarán para la explotación exclusiva de Pemex, las áreas y campos que producen con bajos costos y compartir riesgos en las que requieren inversiones mayores. A estas alturas ya deben haberse convencido de que bajar el precio de la gasolina o impedir que suba no está en manos del gobierno sino del mercado y que mantener artificialmente bajos los precios implica subsidios que las finanzas nacionales no pueden soportar.

Reproducir el esquema nacionalista, cerrado, seguido por Pemex en las décadas 40 al 70 es imposible en las condiciones actuales. Los ingresos de Pemex dependen fundamentalmente de la venta de gasolina y diésel y de las exportaciones de crudo, y por más que se incremente la producción no es suficiente para redimir la situación financiera de la empresa en esta administración.

Puede ser difícil para la cuarta transformación claudicar de uno de sus principales postulados políticos, pero no hacerlo gravita adversamente sobre el otro y más importante objetivo trazado que es la atención a los que menos tienen. Haber destinado en solo un año dos billones de pesos a una empresa virtualmente quebrada, impidió que esos recursos fueran destinados a mejorar hospitales, escuelas, hacer caminos rurales, extender la cobertura digital, o seguir creciendo los programas de entrega directa de recursos. El estado de bienestar al que aspira el régimen de la 4T requiere de muchos recursos que Pemex no puede aportar, ni en esta administración ni en otra.

A los empresarios privados se les aconseja que quiebren si no encuentran viabilidad en sus empresas y se les niega apoyo y en cambio a Pemex los recursos fluyen a pesar de los vaticinios negativos de calificadoras y evidencias de perdidas constantes. No hay lógica pero si mucha ideología.