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APRUEBAN INICIATIVA DE JAIME PRIETO: POR FIN LEY A FAVOR DE VÍCTIMAS

APRUEBAN INICIATIVA DE JAIME PRIETO: POR FIN LEY A FAVOR DE VÍCTIMAS

Mar 1, 2014

Por Mario Ávila Campos —-

“Una reducción drástica en el índice de vejaciones a los ciudadanos en sus bienes o en su persona, se habrá de registrar a raíz de la aprobación de la Ley de Víctimas del Estado de Jalisco”, según lo vaticinó su creador, el diputado Jaime Prieto Pérez.

El legislador emanado de las filas del tricolor planteó además, que una vez que se promulgue el nuevo ordenamiento legal que se creó para armonizar la legislación estatal con la federal, los servidores públicos habrán de cumplir a cabalidad con sus funciones y se pondrá fin a la simulación en el desempeño de su labor, porque de otra manera será castigado con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

“Con esto –dijo– se combate la simulación y al mismo tiempo estamos combatiendo la corrupción y rescatando la credibilidad de la ciudadanía”.

La Ley de Víctimas del Estado de Jalisco nació originalmente como una iniciativa para alinearse a la Ley General de Víctimas (a nivel federal), que contempla la protección integral de las víctimas directas e indirectas, en donde resalta una figura que tiene que ver con la reparación del daño.

Esta figura cobra relevancia ya que se estableció que a una víctima no se le puede subsanar su estatus si no le es reparado el daño que se le ocasiona, sin embargo el diputado Prieto Pérez precisó que “esta reparación del daño no necesariamente debe ser desde el punto de vista económico o en especie, sino que la reparación del daño en muchos de los casos tiene que ver con atención médica, jurídica, psiquiátrica, psicológica y educativa, entre muchas otras”.

Esto en función de que no sólo está dirigida a las víctimas de una delito, sino a las que también sufren el atropello a sus derechos humanos, ya que a quienes quedan dañados en su integridad, es necesario restablecerlo, “y esta ley le endilga al Estado la obligación de iniciar con las acciones tendientes de reparar el daño a la víctima, independientemente de quien se los haya causado”.

“Hoy –dijo– las víctimas tendrán certeza en su atención ya que esta ley obliga al Estado a atenderlas y protegerlas mediante una sentencia y el seguimiento hasta que el que cause el daño, sea obligado a pagar por ello”.

En el caso concreto de la ley de la materia en Jalisco, el legislador puntualizó que obliga al Gobierno del Estado a iniciar con las acciones tendientes a reparar el daño, si es necesario y si el fondo para ello lo permite, se podrá reparar el daño en lo económico y lo material, aunque ya después el Estado tenga que hacer efectivo y podrá recuperar lo aportado, sancionado al que cometió la infracción por la sentencia de un juzgado.

Indicó el diputado Jaime Prieto que este es el argumento por el que el Estado forma parte del Comité de Atención a las Víctimas, porque él será el primer responsable de brindarle atención a las víctimas y es también el responsable de coordinarse con los tres poderes y con los organismos públicos, para cumplir cabalmente con la atención que se merecen los que hayan sufrido una vejación en sus bienes o en su persona.

Ésta fue una de las criticas señaladas por los diputados del Partido Movimiento Ciudadano, quienes argumentaron que la ley presentaba algunas carencias como que es el hecho de que sea la Fiscalía General la encargada de llevar el registro estatal de víctimas, con lo que según el diputado Clemente Castañeda se corre el riesgo de convertir a la Comisión en un apéndice del Ejecutivo.

Un tema que también causó polémica fue desaparecer el fideicomiso destinado para la indemnización de las víctimas, ya que se optó mejor por crear una partida en el presupuesto estatal para cumplir con este fin.

También se censuró que la Procuraduría Social no haya quedado facultada para defender a las víctimas, que se haya reducido el número de integrantes de la Comisión para la Atención de Víctimas hasta quedar en sólo siete vocalías y que el Sistema Estatal de Víctimas haya quedado presidido por el Gobernador.

Prieto Pérez comentó que una figura también relevante es la no revictimización, ya que en muchas ocasiones a las víctimas, por la mala atención, por omisión o por acción de algún servidor público, se les revictimiza “y eso ya no debe pasar, al menos al amparo de esta ley”.

Y si algún ciudadano –abundó– considera que está siendo doblemente victimizado, podrá denunciarlo ante la Fiscalía Especializada para los Derechos Humanos o ante la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Por cierto la CEDH asume mediante esta nueva ley la obligación de asesorar jurídicamente a las víctimas, atenderlas, canalizarlas y actuar en consecuencia a favor de las personas agraviadas, así sea mediante la presentación de denuncias a funcionarios públicos.

Sobre la ruta que tomó esta nueva ley, el autor de la iniciativa recordó que el trabajo arduo comenzó desde el pasado 6 de agosto cuando se presentó la iniciativa en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, para luego el 22 del mismo mes se turnara a comisiones en una sesión en la que de entrada se adhirieron a la propuesta 30 diputados.

En octubre y noviembre se realizaron ejercicios de consulta abierta en la que participaron casi 10 mil personas y se recibieron cerca de 500 propuestas en 24 foros donde se recibieron sugerencias, pero también críticas que fueron escuchadas, atendidas e incorporadas finalmente al cuerpo del dictamen que fue aprobado en la semana inmediata anterior, por lo que asegura el diputado Jaime Prieto, sin temor a equivocarse, que se trata de la Ley que más socialización ha tenido en el Estado en la presente legislatura.

Hasta ahora ya cuentan con Ley de Víctimas en el país los estados de Jalisco, Nuevo León, Morelos y Veracruz. Sin embargo Jaime Prieto asegura que la de Jalisco es la de avanzada ya que va más allá que la Ley General, particularmente en el tema de la atención a las víctimas y la reparación del daño, ya que mientras que en las otras se ha seguido un patrón y un machote promocionado a nivel federal, en el caso de Jalisco sólo se tomó la parte de atención a las víctimas, pero no con lo que se refiere al manejo del fondo y la integración de la Junta Estatal Ejecutiva, en donde se integra con particulares representantes de víctimas, dejando fuera al Estado, lo que hace que no se avance ya que el Estado no se hace responsable de la cabal reparación del daño.

Una diferencia radical se encuentra también en el hecho de que en el modelo de Jalisco no crece la burocracia, es decir no le significa Jalisco la ampliación de plazas y se establece que todos los casos quien desempeñen algún cargo, lo hará de manera honorífica tanto en la Junta o en las comisiones que se integren, lo que implica que en lugar de que el dinero se vaya a pagar sueldos se destine a resarcir el daño a las víctimas.