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Choca Alfaro con gobierno de Puerto Vallarta: Lo acusan de oponerse a municipalización de Seapal, quiere mantener coto político

Choca Alfaro con gobierno de Puerto Vallarta: Lo acusan de oponerse a municipalización de Seapal, quiere mantener coto político

Oct 11, 2018

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Por Jorge Olmos Contreras //

El gobernador electo por Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, no se aguantó más y con tal de mantener como coto político al Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (Seapal), metió las manos y comenzó una estrategia de presiones y engaños para obligar al Ayuntamiento de Puerto Vallarta a que se desista de su controversia constitucional para tratar de municipalizarlo.

No sólo se ha aliado con el actual gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval para hacer un frente común contra el municipio de Puerto Vallarta en este asunto, sino que se habría atrevido a mandar a un personero con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para decirles que el alcalde local, Arturo Dávalos Peña, estaba dispuesto a desistirse de dicha controversia y darle para atrás a la municipalización.

Sin embargo, sabemos de primera mano que esto es absolutamente falso, que se trató de una vil estrategia para tratar de confundir a los ministros de la Corte Suprema y se aplace aún más la resolución que deben emitir en este caso.

De hecho, el municipio se mantiene en su postura y nadie, ni el propio Enrique Alfaro los va a obligar a que doblen las manos.

Y como ni los abogados del gobierno del Estado, ni los chihuahuenses que contrató exprofeso el Seapal –con quienes firmó un contrato de prestación de servicios por 636 mil pesos, más un bono de éxito mayor a 300 mil pesos—han podido combatir el espíritu jurídico de la solicitud del Ayuntamiento para administrar el Seapal Vallarta, que alega vicios de origen al y falta de argumentos para que el gobierno del Estado se hiciera del Sistema de Agua –de ahí la controversia constitucional 98/2016 que dio entrada la Corte–, pues han comenzado toda una serie de tácticas engañosas e intimidatorias, para doblegar al Ayuntamiento que preside Arturo Dávalos Peña.

LAS PRESIONES

En el caso de Enrique Alfaro no se entiende cómo en vez de apoyar al municipio para que administre el Seapal y desde el gobierno del Estado se le brinde todo el apoyo en beneficio del pueblo de Puerto Vallarta una vez que asuma el ejecutivo estatal, opte por presionar a las autoridades locales con mensajes subidos de tono y prácticamente declararle la ‘guerra’ al municipio.

No es de hombres utilizar el engaño y el poder que significa ser gobernador electo de Jalisco para tratar de conservar algo que desde hace mucho tiempo –de acuerdo con el artículo 115 constitucional—tendría que estar bajo tutela del Ayuntamiento.

Los argumentos de que el municipio no puede hacerse cargo del Seapal porque no tiene la capacidad técnica ni financiera, son como decir que los vallartenses no podemos administrarnos a nosotros mismos. Claro que podemos, tan sólo está en que se haga la transferencia en orden y apegada a derecho.

Al ser Seapal un organismo financieramente ‘sano’ y que invierte gran parte de sus recursos en mantener los servicios y realizar obras, muchas de ellas con el apoyo de la federación y el estado, no vemos el por qué no el Ayuntamiento se convierta en el administrador por derecho de este sistema de agua.

Pero bueno, como Enrique Alfaro trae una ambición política desmedida, ahora se entromete para hincarle el diente al mismísimo Seapal, organismo que ya habría pactado entregarlo al coto de poder que significa Raúl Padilla López, el amo y señor de la Universidad de Guadalajara.

LAS PRISAS DEL GOBERNADOR

En este contexto, y como el próximo 10 de octubre podría deliberarse en la Suprema Corte la procedencia o no de entregar el Seapal al municipio, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval –raudo y veloz (aconsejado por los abogados de Chihuahua), envió una iniciativa de decreto al Congreso del Estado, mediante el cual pretende atorar la municipalización del organismo de agua potable.

En efecto, el gobernador pide a los diputados voten este decreto “para que se autorice conservar en el ámbito de competencia del Estado los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales del municipio de Puerto Vallarta, que actualmente presta el organismo público descentralizado, denominado Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado”.

Una vez más, el principal factor que alega el gobierno del Estado en la figura del jefe del ejecutivo para no atender la solicitud del Ayuntamiento es que (el gobierno municipal) “no justifica tener la capacidad técnica, financiera, jurídica y administrativa para prestar el servicio mencionado que permitan determinar la viabilidad de su petición y en su caso, que garantice que no se ponga en riesgo la prestación de los servicios en perjuicio del interés público”.

En su exposición de motivos, el gobernador tampoco combate los argumentos del Ayuntamiento para administrar el Seapal, y vuelve a caer en el error de otros al señalar que el municipio no tiene la capacidad técnica ni financiera para quedarse con el organismo de agua potable (cosa que no está a discusión en el juicio de controversia constitucional). Sin embargo, Jorge Aristóteles hasta invoca los derechos humanos –el libre acceso al vital líquido—para que el Congreso adopte las medidas legislativas y administrativas “para garantizar el derecho humano de acceso al agua”.

LOS CHANTAJES

Como se observa, no se combate la violación del 115 constitucional al impedir que el Ayuntamiento administre al Seapal, sino que se recurre incluso a chantajes como los derechos humanos con tal de impedirlo.

En su solicitud de decreto, el gobernador también señala una serie de situaciones que tiene el municipio –como sus estados financieros, calificaciones crediticias, estado de concesiones de servicios a particulares como la basura que ya los presta el Ayuntamiento- y el alumbrado público, para tratar de disuadir a los ministros de la SCJN de no entregar el Seapal… Pero insistimos, sin combatir con razones jurídicas el meollo del asunto.

Por ello, señalamos al principio que asombra y sorprende la actitud del gobernador electo por el MC, Enrique Alfaro, de tratar de obstaculizar dicha municipalización. De aferrarse a conservar cotos de poder políticos como los caciques que él siempre criticó, y de incluso propiciar un ambiente de enfrentamiento con las autoridades municipales.

Es claro que Enrique Alfaro ya sacó las uñas en el caso del Seapal y con esto sembró un precedente de cómo será su forma de gobernar y su carácter frente a temas de esta naturaleza.

Alfaro debería, primero, esperar la resolución de la Corte, antes de amenazar y engañar, porque esto a nadie conviene, mucho menos a un gobernador que se irá quedando solo poco a poco sino se acopla o se adapta a los nuevos tiempos de cambios que pregona el presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador.


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