OPINIÓN
Adiós a la chancla: Habrá castigo para quien castigue
Educación, por Isabel Venegas //
La disciplina como un código de ordenamiento, significa la continuidad de un programa de acción en el que el objetivo es claro, y las metas quedan bien establecidas.
Por estos días, en la mayoría de las escuelas públicas se están llevando a cabo las reuniones de padres de familia para la entrega de calificaciones del primer periodo del ciclo escolar. Ya puedes imaginar la escena de papás y tutores sorprendidos porque no entienden cómo es que su niño sacó tan malos resultados, y enfrente los profesores desahogando la frustración de tres meses de trabajo en las aulas.
Muchos de esos maestros se ven tratando de ayudar, asesorar u orientar a los padres que dicen: ¡es que ya no sé qué hacer!, sobre todo si se sitúa en el espacio de educación básica, ni se diga en secundaria donde siguen siendo menores de edad, pero parece (para muchos papás) que sus hijos han crecido al punto que le tienen que pedir permiso para ir a hablar con sus docentes.
Hace casi 20 años, cuando yo daba mis primeras clases de matemáticas en secundaria en el Colegio Vallarta, una mamá se me acercó para preguntarme literalmente: Maestra, por favor dígame -¿Cómo hago para castigar a mi hijo? No hay nada con lo que yo lo pueda hacer que se porte bien-. Desde entonces me quedaba claro que los niños requieren un trato diferenciado y que a medida de irlos conociendo entiendes si necesita una motivación, un premio, o por el contrario orientar hacia el establecimiento de límites y del manejo del autocontrol. Al igual que la crítica a los libros de autoayuda, la receta no puede ser genérica.
En los años siguientes y con el auge de las redes sociales, vino una ola mediática en contra de la formación punitiva, de la aplicación del castigo. La chancla, el pellizco, el cinturonazo, el jalón de orejas,…, nada justificaba una agresión a la persona por encima de sus derechos como tal, máxime cuando es indefenso, un menor. No estamos hablando de aquellos que violentan nada más porque sí, que tienen un desorden mental y cuyo conflicto emocional los lleva a ofender y a violentar a cualquiera que se les atraviese (desde sus compañeros en la oficina, un desconocido en la calle, el amor de su vida, o sus hijos) ¡No, esa es otra cosa! se parece, se interrelaciona, pero no es, así que de ello hablaremos después.
La buena crianza implicó para muchos un choque cognitivo ¿Cómo le hago? Era tanto individual como colectivo porque cuando un cambio paradigmático de tal magnitud acecha, lo mejor es buscar un referente cercano que me permita afianzar que lo que yo creo está bien. Hace treinta o cuarenta años alguien decía “en Estados Unidos los hijos pueden demandar a sus padres si los castigan o les pegan, -a lo que otra comadre contestaba- por eso están, como están, todos locos”. Rosa Barocio, en su libro “Disciplina con amor”, cita:
«La prisa, la tecnología y tanta información en torno a la educación han afectado la confianza natural de todo padre para educar al hijo. Ante el miedo a lastimar o parecer autoritario, se tornan inseguros y consentidores, y el hijo, aún inmaduro, aprovecha y toma la delantera.»
El debate que se suele dar en las redes (más caricaturizado que con contenido), suele abordar el tema desde la necesidad de imponer límites, de marcar líneas de autoridad, de recuperar un esquema de valores, y justifica lo bien que estamos la generación que fuimos formados a base de la chancla y el castigo; sin embargo debemos analizar unos puntos en torno a la generación “X”:
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Son las personas nacidas a mediados de los 60 y 80s; generación puente entre los “baby boomers” (1946 y 1964) y los “millenials”
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Carece de una identidad que atienda la problemática propia; se dice que son la última generación en haber sido castigada por sus padres, pero la primera en serla por sus hijos.
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Es una generación que cuestiona la figura de autoridad de manera natural, según un documento de la American Management Association.
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Un conflicto con la imagen de autoridad que en gran parte se debió a la rigidez de sus antecesores, derivó en un esquema de vida mucho más individualista, una implicación que tiene qué ver con la depreciación a las instituciones.
En el Senado de la República desde abril de este año, se promovió una moción que ya fue dictaminada por la comisión de los derechos de la niñez y la adolescencia, para modificar el artículo 44, que a la letra dice: Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción de las medidas apropiadas.
Al que se añadiría el siguiente párrafo: Queda prohibido el uso del castigo corporal en todos los ámbitos, como método correctivo o disciplinario a niñas, niños o adolescentes.
Esta transformación social para muchos ha sido valiosa en el sentido de recuperar el seno de la familia como el lugar de protección y recreación del ser en plenitud, ese espacio al que puedes recurrir para retomar fuerzas y volver a salir a la vida reconstruido y reconfortado por encontrarte con los seres a los que amas; contrario a los que muchos enfrentaron como un lugar lleno de violencia, golpes, insultos y reclamos, que además se reproduce como un ciclo sin fin.
La Cámara del Senado, diputaciones, las directivas de las grandes empresas y de planteles educativos, etc., son quienes van encaminando la toma de decisiones en el colectivo, y ellos rondan en edades que los ubican entre el conglomerado de generación “X” o “BB”. Mientras subyace un conflicto con la autoridad, son ellos mismos quienes la ejercen y las nuevas generaciones terminan siendo confundidas con la contradicción.
Los nuevos paradigmas nos empujan al pensamiento de la autonomía y la autorregulación. Supondría entonces que los seres humanos podrían convivir de manera mucho más pacífica y ordenada si no se violentara su ser desde los primeros años de vida, pero la brecha generacional ha significado una falta de comunicación con lo cual se ha perdido gran parte de los datos que nos permitirían no caer en el lado opuesto, en el de una anarquía o una orfandad familiar e institucional. Hoy la figura de los padres vivos pero ausentes es determinante en un nuevo colectivo que no sabe del cariño, la compañía y el apoyo materno o paterno, aunque tampoco sabe de la chancla o la mirada fulminante de mamá.
La disciplina como un código de ordenamiento, significa la continuidad de un programa de acción en el que el objetivo es claro, y las metas quedan bien establecidas. Trabajar en la formación de los niños y niñas requiere de esa orientación para que ellos mismos puedan ir definiendo hacia dónde y hasta dónde quieren enfocar sus esfuerzos derivado de priorizar los valores: trabajo, educación, espiritualidad, comunidad, bien social, dinero, ocio, familia etc.
Este es un tema complicado y delicado, pero que debemos ir abordando desde la revisión del día a día. Cada que yo evito tener conflictos al interior de mi hogar y no pongo límites en la formación de mis hijos, soy pieza clave en la construcción de la jungla social en la que cada día nos volvemos más cavernarios y salvajes, pero si por el opuesto quiero enseñarle a fuerza de golpes y ofensas, seguramente también van a terminar replicando con otro más débil, o buscando relaciones insanas que les propicien el “si me pega, es porque me quiere”.
Sabiendo que todos hemos cometido -más, menos- errores en ese sentido, vamos a la recuperación de lo aprendido, y a la formación de una nueva comunidad, más sana, más en paz.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En el intrincado tablero de la política jalisciense, donde cada movimiento puede significar el avance hacia el progreso o el retroceso hacia el estancamiento, una pregunta resuena con fuerza: ¿quiénes son más efectivos para gobernar, los políticos tradicionales, maestros de la retórica y las promesas, o los empresarios, forjados en la disciplina de los resultados financieros y la toma de decisiones pragmáticas?
En Zapopan, la respuesta no se encuentra en discursos grandilocuentes ni en teorías abstractas, sino en una década de hechos concretos, números impresionantes y transformaciones visibles en las calles y la vida de sus habitantes.
Bajo el liderazgo de Pablo Lemus y Juan José Frangie, este municipio ha emergido como un modelo de gestión pública que combina la eficiencia empresarial, transparencia, eficiencia y compromiso social, transforma realidades, superando deudas heredadas y presupuestos limitados para construir municipios más fuertes, equitativos y sostenibles
Demuestra que la buena administración no es un lujo, sino una necesidad imperiosa para combatir la desigualdad, fomentar el desarrollo económico y construir un futuro sostenible.
Cuando Lemus y Frangie asumieron las riendas de Zapopan, encontraron un municipio sumido en una crisis financiera y administrativa. El presupuesto municipal apenas alcanzaba los 5 mil millones de pesos, lastrado por deudas a proveedores cercanas a los mil millones. Los procesos administrativos eran lentos y opacos, con demoras de hasta dos años para pagar a los proveedores, lo que generaba una percepción de ineficiencia y desconfianza hacia el gobierno local.
En un contexto nacional donde los municipios dependen en gran medida de las aportaciones federales —en Jalisco, el 86% de los ingresos municipales provienen de estas, según datos recientes de la Secretaría de Hacienda—, Zapopan enfrentaba el desafío de revertir esta situación sin recurrir a nueva deuda, una trampa que ha hundido a muchos gobiernos locales en un ciclo de insostenibilidad financiera.
Diez años después, el panorama es radicalmente distinto. Zapopan ha triplicado su presupuesto hasta alcanzar los 13 mil millones de pesos anuales, un logro que no se debe a milagros contables, sino a una estrategia fundamentada en tres pilares: transparencia, eficiencia y compromiso social.
La transparencia ha sido el antídoto contra la desconfianza que permeaba las relaciones entre el gobierno y sus proveedores. Al asumir el mando, Frangie y su equipo implementaron mecanismos digitales y procesos estandarizados que redujeron los tiempos de pago de dos años a tan solo dos o tres semanas.
Este cambio no solo agilizó las operaciones administrativas, sino que convirtió a Zapopan en un referente nacional de confiabilidad. En un México donde la corrupción ha erosionado la fe en las instituciones públicas, esta transformación representa un acto de justicia restaurativa, devolviendo la confianza a los proveedores y fortaleciendo la relación entre el gobierno y el sector privado.
La eficiencia en la recaudación ha sido el segundo pilar del éxito zapopano. A diferencia de muchos gobiernos locales que heredan deudas insostenibles, Zapopan logró triplicar su presupuesto sin incurrir en nueva deuda. El logro se debe a una recaudación responsable, impulsada por actualizaciones catastrales bien diseñadas y alianzas estratégicas con cámaras empresariales como CANACO.
Estas políticas han liberado recursos para financiar proyectos de alto impacto: 600 kilómetros de calles pavimentadas, hospitales modernos, plazas públicas renovadas y programas sociales que atienden directamente a los sectores más vulnerables.
En un país donde la recaudación tributaria municipal permanece estancada, a pesar de incentivos federales como el Fondo de Fomento Municipal, Zapopan destaca por su enfoque en la corresponsabilidad, incentivando la inversión privada y la generación de empleo.
El compromiso social, el tercer pilar, ha sido la brújula ética de esta administración. Frangie ha enfatizado que los avances financieros no son un fin en sí mismos, sino un medio para mejorar la calidad de vida de los habitantes, especialmente de aquellos en condiciones de vulnerabilidad.
Este enfoque se materializa en obras que fomentan la convivencia y la inclusión, como escuelas equipadas, comedores comunitarios, unidades deportivas modernizadas y espacios públicos revitalizados.
Los proveedores, lejos de ser meros contratistas, son considerados aliados estratégicos cuya experiencia y calidad humana impulsan un ecosistema económico próspero. Este modelo ha permitido a Zapopan liderar la generación de empleo en México, creando miles de puestos de trabajo que fortalecen la base tributaria y generan un círculo virtuoso: más ingresos locales se traducen en mayor inversión en infraestructura, servicios y programas sociales que combaten la desigualdad.
Los resultados de esta visión son innegables. En una década, Zapopan ha invertido 14 mil millones de pesos en infraestructura, renovado 600 kilómetros de calles, modernizado 73 de 90 unidades deportivas y 135 escuelas, y reducido la deuda municipal del 40% al 8%.
Estos logros reflejan una planeación de largo plazo que ha transformado la vida de cientos de miles de habitantes, particularmente en colonias marginadas donde los contrastes entre riqueza y pobreza eran más marcados.
La capacidad de respuesta del gobierno ante la desigualdad ha cambiado la realidad de estas comunidades, brindando oportunidades y mejorando las condiciones de vida a través de una infraestructura que prioriza el bienestar colectivo.
En su cuarto informe, Frangie destacó que Zapopan se ha consolidado como el motor económico de Jalisco, captando la mayor inversión extranjera directa del estado. Con más de 40 parques industriales y el 70% de las empresas de semiconductores, el municipio se ha convertido en un polo de desarrollo económico.
Alberga los mejores centros comerciales, las empresas más innovadoras y los empleos mejor remunerados del Occidente del país, ofreciendo salarios competitivos que fortalecen la economía local.
Esta fortaleza no solo alivia la pobreza, sino que posiciona a Zapopan como un modelo replicable para otros municipios que buscan reducir su dependencia de las aportaciones federales y fortalecer su autonomía financiera.
La continuidad ha sido un factor determinante en el éxito de este proyecto. A diferencia de administraciones marcadas por el oportunismo electoral y las soluciones de corto plazo, el liderazgo de Lemus y Frangie ha priorizado una visión de largo alcance.
La colaboración con los proveedores, reconocida en eventos como el reciente encuentro con 300 de ellos, refleja un modelo de gestión que valora la corresponsabilidad y mide el éxito en resultados tangibles.
Este enfoque ha permitido a Zapopan no solo superar sus desafíos financieros iniciales, sino también sentar las bases para un futuro sostenible, donde la eficiencia administrativa y el compromiso social van de la mano.
La continuidad de este proyecto, respaldada por cuatro victorias electorales consecutivas, es una prueba de que la confianza ciudadana se gana con resultados, no con promesas. Zapopan no solo es un faro de esperanza para Jalisco, sino un ejemplo de lo que es posible cuando el liderazgo combina visión, disciplina y un compromiso inquebrantable con el bienestar de su comunidad.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Hay batallas políticas que no se libran con discursos, sino con recetas médicas y hojas de hospital. Y pocas son tan reveladoras del rostro real del poder como la que hoy enfrenta al Gobierno de Jalisco y al modelo federal del IMSS-Bienestar.
De un lado, la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, morenista, lanza un exhorto “urgente y prioritario” para que el estado se adhiera al sistema federal de salud. Del otro lado, el gobernador Pablo Lemus Navarro, emecista, responde con un portazo político: “No, gracias, yo a esa fiesta no voy”.
El intercambio, que podría parecer una disputa técnica sobre medicamentos y hospitales, es en realidad un duelo de ideologías, de proyectos de nación, y —como casi siempre— de egos.
En el Congreso de Jalisco, Ochoa Ávalos tomó la tribuna con una frase que resonó más allá de los muros: “La salud no puede ser rehén de los intereses políticos.” Denunció lo que ya es una verdad a voces: el desabasto de medicamentos en hospitales estatales, el endeudamiento de familias con pacientes oncológicos y la ineficiencia del sistema local de compras.
Con cifras en mano, la legisladora recordó que el propio Gobierno del Estado reconoció que solo el 24% de los medicamentos oncológicos provienen de la federación, mientras el 76% restante corre a cuenta del erario jalisciense. En tres años, dijo, se han gastado más de 160 millones de pesos en compras de emergencia, sin que haya transparencia sobre a quién se compró, cómo se licitó o quién rindió cuentas.
No es un asunto menor. En un país donde la salud pública ha sido el botín favorito de las burocracias, hablar de transparencia equivale a destapar un cajón con demasiados esqueletos.
Ochoa pidió tres cosas: que Jalisco se adhiera de inmediato al Pacto Federal del IMSS-Bienestar; que el Ejecutivo rinda un informe pormenorizado de los gastos en medicinas; y que se establezca coordinación permanente con la Federación para evitar más muertes por desabasto.
Pero en política —y en Jalisco más que en ningún otro lugar— los buenos propósitos rara vez viajan solos.
El gobernador Pablo Lemus Navarro, empresario de origen y político por accidente, no tardó en responder. Desde el Palacio de Gobierno, con la serenidad del que ya tiene la respuesta antes de escuchar la pregunta, declaró que no firmará el convenio con el IMSS-Bienestar.
Su argumento: “la Federación solo garantiza el 24 % de los medicamentos; sus clínicas están en mal estado y sus médicos mal pagados”.
A eso añadió una pregunta con filo: “¿Estaría dispuesta la Universidad de Guadalajara a entregar su red de Hospitales Civiles al IMSS-Bienestar?”
Era un golpe calculado. Porque si algo duele en el imaginario jalisciense es tocar al Hospital Civil de Guadalajara, esa institución centenaria que ha sido refugio de pobres, campo de batalla política y símbolo de autonomía universitaria.
Lemus convirtió la defensa de la soberanía sanitaria en una bandera de orgullo local. Dijo que Jalisco tiene un modelo propio, con 82% de abasto general y 85% en segundo nivel, y que lo reforzará con una Red de Hospitales-Escuela impulsada junto con la Universidad de Guadalajara.
En 2026, prometió, comenzará la construcción del Hospital Civil de la Costa, en Puerto Vallarta; en 2027, el Hospital Civil del Sureste, en Zapotlán el Grande. El mensaje era claro: Jalisco no necesita tutela.
Lo que Lemus no dijo —o prefirió no subrayar— es que el Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), con el que el estado mantiene convenios, establece que la federación debe cubrir el 70% del suministro de medicamentos especializados. Y que, según sus propios datos, apenas ha cumplido con el 4%, luego ampliado a 24% tras presiones locales.
En otras palabras, Jalisco sigue pagando la mayor parte del costo, pero también conserva el control político del sistema. En el tablero del poder, eso se llama equilibrio… o cálculo.
Mientras el debate estatal se enciende, el contexto nacional no ofrece mejores noticias. Las quejas contra el IMSS-Bienestar se han multiplicado en los estados que ya firmaron el pacto. Tamaulipas y Oaxaca registran denuncias por hospitales insalubres y paros de personal. En Chiapas y Veracruz, trabajadores protestan por recortes de prestaciones y la incertidumbre sobre sus jubilaciones.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado que en Durango aumentaron las quejas por la falta de pensiones y la prestación incompleta de servicios médicos. La lista de motivos es larga y deprimente: desabasto, infraestructura deficiente, caos administrativo, precarización laboral, deudas, bloqueos presupuestarios.
El IMSS asegura que el 81 % de las quejas ya fueron atendidas. Pero incluso sus propios reportes reconocen que el modelo sufre una transición jurídica frágil y falta de solvencia presupuestal. La pregunta es inevitable: ¿se puede construir un sistema de salud universal sobre cimientos burocráticos carcomidos?
Entre los extremos del debate – la fe federal y la soberbia local – se esconde el ciudadano. Ese paciente que espera turno en un hospital público donde falta lo mismo una jeringa que una esperanza.
En Guadalajara, las familias de niños con cáncer siguen organizando colectas. En Zapotlán, los hospitales saturados improvisan camas con camillas. En la costa, el mar sigue más cerca que los medicamentos.
Ambos discursos —el de Ochoa y el de Lemus— presumen de buenas intenciones. Pero el primero olvida los fracasos de la centralización, pues omite que en los estados gobernados por su partido el IMSS-Bienestar arrastra la misma crisis que promete resolver; el segundo ignora los límites del aislamiento.
La diputada confía en un sistema federal que todavía no cura sus propias heridas. El gobernador defiende un modelo estatal que no garantiza equidad ni cobertura universal. En el fondo, uno y otro se disputan el relato de quién cuida mejor al pueblo, no necesariamente su salud.
Hay algo profundamente revelador en la frase de Lemus: “No gracias, yo a esa fiesta no voy”. El gobernador, que se jacta de tecnócrata, se permite ironizar sobre un programa que atiende, con todos sus defectos, a los que no tienen seguridad social. Su “no gracias” no es solo una postura política, es una declaración de clase.
El resultado es un país fragmentado en sistemas de salud que compiten entre sí: unos por recursos, otros por legitimidad. Y mientras, los funcionarios debaten porcentajes, las farmacias públicas siguen vacías.
La disputa por la salud pública no es, entonces, una diferencia de modelos; es una guerra por el control político del bienestar. El gobierno federal quiere una bandera nacional que presuma justicia social; el gobierno estatal quiere conservar un timón de un sistema que da votos, contratos y visibilidad.
Entre ambos se extiende una realidad que ni los comunicados ni las ruedas de prensa alcanzan a maquillar. México vive una crisis sanitaria estructural, donde el acceso a una medicina depende del código postal.
Pero en el fondo, la pelea por el IMSS-Bienestar no es sobre medicamentos ni presupuestos: es sobre quién manda en el cuerpo del pueblo. Y en Jalisco, por ahora, ese cuerpo sigue enfermo… de política.
En X @DEPACHECOS
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