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AGENDA LEGISLATIVA: LA PREVENCIÓN DEL DELITO DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIAL

AGENDA LEGISLATIVA: LA PREVENCIÓN DEL DELITO DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIAL

Dic 17, 2011

La nueva Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia contempla, por primera ocasión, la posibilidad de que se cuenta con un ente jurídico que coordinará a los tres órdenes de Gobierno en materia de prevención del delito. Esta ley permitirá que se hagan tareas de prevención, que son mucho más económicas y cuyo efecto social es mucho más positivo, que la represión a través de la aplicación de las normas una vez que los delitos se cometen.

 

Dentro de las bondades de esta ley destaca que el país contará con un instrumento jurídico que vincule a las autoridades responsables de la seguridad pública en las distintas entidades del país para trabajar de manera coordinada, efectiva y eficiente, a favor de proyectos de prevención que se sustentan en temas de educación, en temas de socialización, en el ámbito de la atención social y psicológica de las personas.

 

Es importante mencionar que esta ley establece una serie de políticas públicas orientadas a reducir factores de riesgo que favorecen la generación de violencia, las conductas antisociales y la delincuencia, así como un mecanismo estructural que permite influir en una auténtica prevención social.

 

La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia crea una política de Estado en materia de prevención de delitos desde una perspectiva social y no sólo en el ámbito de persecución o de incremento de penas para evitar que haya más mexicanos, unas víctimas de delitos, y otros que incurren en prácticas delincuenciales.

 

Se plantea el enfoque integral con el fin de disminuir los factores de riesgo en los sectores vulnerables para evitar que incurran en conductas violentas y delictivas, iniciando con ello la reconstrucción del tejido social. Algunos de los factores que inciden en el aumento de la delincuencia y la violencia son problemas sociales; entendiéndose por tales la degradación de los valores, la ramificación de la corrupción, la disolución familiar y violencia doméstica, el alcoholismo, drogadicción y pandillerismo, así como el desempleo y la marginación.

 

Sumados a estos factores se encuentran la complicidad-impunidad en los núcleos de corrupción en cuerpos policiales, Ministerio Público y abogados del crimen organizado que aprovechan resquicios legales para lograr órdenes de aprehensión incumplidas o sentencias injustas, en muchos casos es palpable el nulo avance en seguridad, será necesario mejorar sustantivamente la procuración e impartición de justicia; empero, una reforma al sistema de justicia penal sin otro equivalente en materia de prevención de la delincuencia compromete los resultados de la primera y paulatinamente será la causa de la deficiencia total del sistema en su conjunto, por eso hemos decidido crear la ley de prevención.

 

La participación social puede contribuir a responsabilizar públicamente a cada autoridad federal, estatal o municipal de sus obligaciones, y que sea la sociedad quien exija cambios reales, a través de la eficacia, transparencia, rendición de cuentas y resultados. La participación social propicia un mayor compromiso en el respeto y garantía del derecho a la seguridad pública y a la justicia pronta, completa e imparcial y sirve como instrumento para rechazar activamente la injusticia, la corrupción y la impunidad.

E-mail: arturo.zamora@congreso.gob.mx