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ALDEA GLOBAL: Derecho a la libre determinación

ALDEA GLOBAL: Derecho a la libre determinación

Nov 8, 2014

RESALTADO: «BAJO EL MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL, CATALUÑA NO ESTÁ EN UN ESCENARIO DE LIBRE DETERMINACIÓN. ESTO NO LIMITA DAR CABIDA A LA POLÍTICA Y MEDIANTE EL PROCESO CONSTITUCIONAL Y LEGITIMADOR SE LOGRE DAR PIE A UN DERECHO A DECIDIR EL RUMBO CATALÁN Y EVITAR LA NEGATIVA LISA Y LLANA, QUE OBLIGUE A RENUNCIAR A LA CONCILIACIÓN, CREANDO UNA DIVISIÓN MÁS PROFUNDA».

La consulta catalana es uno más de los ejemplos que vivimos en este año sobre el derecho a la libre determinación de los pueblos, que invita a un debate más profundo sobre el fin y alcance del derecho. El miércoles pasado se llevó a cabo un foro en el ITESO para explorar su vigencia y su aplicación en el ejercicio interno en Cataluña con el fin de fortalecer el movimiento de independencia.

El diálogo fue contrastante y muy crítico en torno al rol que juega el derecho en estos temas.

Para entender el fin y alcance de este derecho a nivel internacional es necesario remitirnos a su origen. Todo derecho a nivel internacional tiene un motor político derivado de su realidad histórica que, como podemos ver, es evidente para la libre determinación de los pueblos. Sus antecedentes son claros desde el siglo XVIII con la declaración y constitución norteamericana, así como con la revolución francesa.

En un salto cuantitativo de años, en las primeras dos décadas del siglo XX fue un concepto que surge en el léxico político del concierto internacional, particularmente en la gestación de la Sociedad de Naciones. Sin embargo, en ese momento, las grandes potencias fueron incapaces de establecerlo como un derecho en el escenario internacional. No fue sino hasta la negociación de la Carta de las Naciones Unidas («Carta») durante la posguerra que el derecho a la libre determinación de los pueblos se crea como una respuesta para dar fin al colonialismo europeo.

El objetivo del derecho a la libre determinación de los pueblos ha evolucionado desde la cristalización en la Carta y podemos identificar tres momentos: como derecho contra el colonialismo, para disuadir las ocupaciones militares y evitar la segregación política, económica y cultural de los pueblos.

Primero, el derecho a la libre determinación como derecho anticolonialista. Desde la perspectiva de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho a la libre determinación obliga a fragmentarlo en su sentido en verbo y sujeto; es decir, los sujetos son colonias bajo el yugo de una potencia extranjera que buscan librarse del mismo. Gracias a esta lógica de brindar independencia a las colonias tenemos el crecimiento desde los 51 Estados-nación que integraron la ONU en 1945 hasta los 193 Estados-miembro que hoy tenemos. Ahora, la pregunta clave es si este derecho existe fuera del contexto de los «pueblos» o colonias.

Segundo, prohibición de la ocupación militar. El derecho a la libre determinación no se limita a un contexto colonial, sino también aplica en una ocupación. Como se desprende del Artículo 2(4) de la Carta, los Estados deben abstenerse de la amenaza o del uso de la fuerza en el ejercicio de las relaciones internacionales en contra de la integridad territorial e independencia política de los Estados. Es por esto que al hablar de ocupación, de suyo implicaría que hablamos de una violación a las normas jurídicas internacionales que genera el nacimiento de otros derechos, entre ellos el de la libre determinación en contextos militarizados.

Tercero, derecho a la participación y representación política. Además de los dos escenarios antes planteados, el derecho a la libre determinación puede ser analizado en un contexto que una raza (ojo, no se hace referencia a grupos étnicos o minorías culturales o lingüísticas) no tenga acceso a su gobierno o derecho a ser representado. A esta vertiente se le discute comúnmente como el derecho a la secesión. Bajo este criterio versó la opinión de la Suprema Corte de Canadá para entrar al estudio de la secesión de Quebec. Como es obvio, el contexto de dicha región no se encontraba en un supuesto «convencional» de libre determinación de los pueblos (anticolonialista o de ocupación), sino bajo la idea moral de ser el dueño de tu propia casa, dijera Michael Ignatieff, lo que lo hace más complejo y quizá similar al caso catalán.

En el estudio del caso, la opinión de la Corte es que existe un derecho a la libre determinación interno y externo. El primero versa sobre la búsqueda de su desarrollo político, económico, social y cultural dentro del marco de un Estado existente —si está presente la vulneración de los derechos humanos en este sentido, habrá derecho a la libre determinación o secesión. El segundo es sobre la obtención independencia o integración a otro Estado existente cuando estén en un escenario de subyugación. En ausencia de un derecho a la libre determinación externa, entra al estudio del marco normativo doméstico y su sistema democrático afirmando que difícilmente podríamos hablar de un escenario en que se vulnere a los catalanes en su representación y participación política.

Según la Corte, la democracia canadiense existe en un contexto de otros valores constitucionales establecidos por una unión. Por ello, es contradictorio favorecer derechos garantizados por la misma y no procesos que den solidez a la misma unión; es decir, la misma constitución que garantiza la libre expresión de ideas, la asociación de Québécois, es la misma constitución que hoy desdeñan al proteger una unión, su constitución y su integridad territorial. Por ende, se debe mantener la unión salvo que sea un pacto entre las dos partes: la que se va y la que se queda.

El derecho a la libre determinación no es un derecho absoluto (como tampoco es la integridad territorial), tiene al menos dos límites: 1.- los grupos étnicos (que no constituyan una raza), nacionales, religiosos, culturales o minorías lingüísticas se les niega un derecho a la libre determinación sea externa o interna si no se está en un supuesto de colonialismo, prohibición sobre la ocupación militar o negar la representación y participación; y 2.- la integridad territorial y la estabilidad política son dos elementos esenciales del sistema internacional que se pueden perder a través de la fragmentación que resulte de una interpretación laxa de dicho derecho. Entonces, la complejidad del derecho a la libre determinación es que obliga una ponderación entre una visión que privilegia al Estado, su integridad territorial e independencia política y los derechos de los pueblos a perseguir esta idea moral de dirigir su propia casa.

En el diálogo sobre Cataluña, tanto del representante del Consulado General de España en Guadalajara, como del representante de la Asamblea Nacional Catalana nos ilustró una realidad histórica con casi mil años de antecedentes políticos y jurídicos que invitan a un análisis más profundo; sin embargo, bajo el marco normativo internacional, Cataluña no está en un escenario de libre determinación. Esto no limita dar cabida a la política y mediante el proceso constitucional y legitimador se logre dar pie a un derecho a decidir el rumbo catalán y evitar la negativa lisa y llana, que obligue a renunciar a la conciliación, creando una división más profunda.

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