Portal informativo de análisis político y social

ALDEA GLOBAL | Libertad y Seguridad Nacional

ALDEA GLOBAL | Libertad y Seguridad Nacional

Jun 6, 2015

Una vez más fuimos testigos del debate en la plaza pública de los Estados Unidos respecto al Freedom Act que deroga y modifica diversas disposiciones de la polémica Sección 215 del Patriot Act las cuales autorizan a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) la vigilancia masiva de datos y registros de los usuarios. Los argumentos a favor de cada una de las posturas a lo largo del espectro político con la gran disyuntiva en juego suma cero: libertad o seguridad nacional.

Los programas de vigilancia de datos que realizan las agencias de inteligencia norteamericanas tienen varias décadas de operación, particularmente desde la administración de Truman, pero principalmente —y la que nos ocupa— después de los ataques a las Torres Gemelas el 11 de Septiembre de 2001. Sin embargo, estas operaciones se hicieron públicas una vez que Edward Snowden, exempleado de la CIA y de la empresa Booz Allen Hamilton —empresa contratista de la NSA— diera a conocer detalles y alcances. Considerado como el «soplón» más importante en los últimos años por los hechos que devinieron a sus declaraciones en las cuales afirmó que la CIA obtenía información sin autorización previa de un juez competente (se le denomina FISA court o FISC), siempre y cuando sea en el interés de la seguridad nacional. Prácticamente cualquier usuario puede ser sujeto al espionaje y sus datos son almacenados sistemáticamente sin mayor estándar de prueba sobre la sospecha de vínculos que pueda tener con una organización terrorista y sin la obligación de un control judicial.

El debate se profundizó una vez que se conociera que Jefes de Estado y altos funcionarios de diversos gobiernos eran sujetos de vigilancia. Además, norteamericanos eran también sujetos a la vigilancia cuando no estaba incluido propiamente en el objeto de la Sección 215 del Patriot Act. De hecho, hace poco más de un mes que un tribunal federal norteamericano resolviera que el programa de vigilancia y recolección de datos de la NSA era ilegal. Prácticamente tres semanas después de que dicho criterio se diera a conocer, se vencía el plazo de vigencia que otorgaba dichas facultades a las autoridades y el debate estaría enfocado en la disyuntiva entre la libertad y la seguridad nacional. El punto central del asunto: evitar a toda costa otro ataque terrorista en su territorio sin vulnerar la libertad de los norteamericanos.

En esta búsqueda, diversas disposiciones del Patriot Act fueron derogadas y modificadas con la adopción del Freedom Act. Dentro de las disposiciones que quedaron derogadas en ambas normas está lo siguiente: (1) ya no se permitirá a las autoridades de inteligencia e investigación la recolección masiva y sistemática de los registros telefónicos y de la metadata; (2) se limita al gobierno la posibilidad de recolectar datos en la fuera de lo «razonablemente práctico» a proveedores de servicios de internet (ISPs) determinados o por criterios geográficos. Es decir, en ambos puntos, ya no pueden recolectar todo sino algunos datos. ¿Cuáles datos pueden? Veamos la segunda vertiente. Lo que quedó derogado y modificado, pero permanecen en la nueva normatividad son los siguientes puntos que merecen un mayor análisis. Primero, en lugar de la recolección masiva y sistemática de datos, se le permite a la autoridad obtener la información de un sujeto siempre y cuando exista la razonable sospecha de un vínculo a una organización terrorista y sea autorizada. Sin esta consideración la vigilancia es una violación a la privacidad, tutelada por su Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos. Segundo, se establecen criterios de control y reportes adicionales a las autoridades reguladas por el Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA, por sus siglas en inglés) que, además de las autoridades, pasarán por las comisiones competentes en ambas cámaras del Congreso norteamericano. Tercero, se le otorga a las compañías privadas la posibilidad de hacer público el número de órdenes y solicitud de datos que reciban con base en la reglamentación de FISA. Cuarto, se desclasifican algunas opiniones y criterios de la FISC que autorizan la vigilancia. Si la desclasificación de información no es posible por criterios de seguridad, al menos se establece la necesidad de hacer públicos resúmenes sobre los criterios. Quinto, se obligó a la FISC a designar paneles de expertos que sean los representantes del interés público sobre temas legales de vanguardia. (De los cuales seguramente un número importante de criterios serán relevantes.) Seis, se incrementaron las penas para todos aquellos sujetos que apoyen materialmente al terrorismo (de 15 en la normatividad vigente a 20 años con el Freedom Act.) Siete, se mantuvo y extendió el plazo de vigencia para las disposiciones de la Sección 215 del Patriot Act respecto a supervisión telefónica hasta diciembre del 2019.

Sin embargo, a pesar de haber derogado y fortalecido los controles de algunas disposiciones, quedan dos grandes pendientes en la mesa. El primero de ellos, como señala Ron Deibert es que, además de los programas como PRISM, los proveedores de servicios de Internet (ISP) son quienes controlan la información, así como las empresas destinatarias del tráfico. ¿Alguna vez ha leído las letras chiquitas en su contrato con el proveedor de servicios de Internet o de páginas como Facebook? La realidad es que todo el tráfico de datos es controlado por ellos. Su responsabilidad hoy por hoy es limitada y los gobiernos actúan con base en dicha laguna y su jurisdicción sobre los Puntos de Intercambio de Internet (IXP). En una columna muy interesante para Lawfareblog.com, el senador de Rhode Island, Sheldon Whitehouse, esboza los argumentos del porqué los norteamericanos temen a la recolección de datos del gobierno que los protege, pero son prácticamente indiferentes a la recolección de datos de las empresas privadas que controlan y almacenan su información. El argumento es válido y desde luego es parte del debate que sin lugar a dudas veremos en los próximos meses para determinar la responsabilidad que tienen los gobiernos y los proveedores de servicio. El segundo de ellos, ¿qué sucede con la recolección de datos de los no-americanos? Aún tenemos pendiente ese debate que requiere de un mayor esfuerzo de la comunidad internacional.

El tema de la seguridad nacional y la libertad es uno de los debates más interesantes en la historia norteamericana. Hoy esta nueva normatividad que deroga y modifica ciertas disposiciones del Patriot Act nos permite ser testigos de una discusión que sin lugar a dudas estará presente en otros Estados y en la comunidad internacional en los próximos meses. La arquitectura del internet es la misma y diversos Estados —entre ellos el nuestro— comparten la política para combatir el terrorismo y otras formas de crimen.

 

jasalinasm@gmail.com
@salinasja