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ALDEA GLOBAL: México y las operaciones de mantenimiento de paz

ALDEA GLOBAL: México y las operaciones de mantenimiento de paz

Oct 4, 2014

«La participación es un riesgo que vale la pena explorar considerando que es un esfuerzo que se ha trabajado formalmente en la última década y se ha impulsado en los últimos dos años desde el Senado de forma particular por los beneficios que atrae al consolidarnos como una “potencia media” en el escenario internacional».

A finales de septiembre comenzó el periodo de sesiones número 69 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (AGONU), uno de los seis órganos principales de Naciones Unidas y en el cual participan los 193 Estados-miembro. Al inicio de cada periodo de sesiones, los Estados fijan el posicionamiento para el año de trabajo que se les avecina. Este año el presidente Peña Nieto fue quien participó para comunicar las prioridades de nuestro país en el escenario internacional.

Sin lugar a dudas el tema más importante dentro del posicionamiento fue el anuncio que México participará en las operaciones de mantenimiento de paz (OMP).

Es un tema que dará mucho de qué hablar en los próximos meses porque las OMP no están definidas a nivel internacional, situación que nos impide a priori saber a qué nos estamos comprometiendo. Sin embargo, sí podemos identificar categorías utilizando sus distintas dimensiones: tradicionales (mediación, con base en el Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas [Carta]), multidimensionales (que implica primordialmente el monitoreo de un acuerdo de paz), robustas (acciones coercitivas con base en el Capítulo VII de la Carta y es facultad expresa del CSONU), administración de transición (poderes de gobierno, como en el caso de Timor Oriental) y misiones políticas (puramente civiles y son promotoras de buenos oficios y monitoreo). Estas distintas dimensiones son resultado de la evolución de las OMP y la necesidad de la comunidad internacional de atender las situaciones de conflicto desde su etapa de prevención hasta su etapa de reconstrucción.

A nivel doméstico representa una complejidad aún mayor, porque no se puede establecer una limitante a priori por desconocer el contenido de una posible operación de paz. Sin embargo, la participación es un riesgo que vale la pena explorar considerando que es un esfuerzo que se ha trabajado formalmente en la última década y se ha impulsado en los últimos dos años desde el Senado de forma particular por los beneficios que atrae al consolidarnos como una «potencia media» en el escenario internacional.

A pesar de este abstracto beneficio, hay ciertas inconsistencias que es pertinente se aclaren a las instituciones de nuestro país y al público en general. ¿Con qué facultades el gobierno mexicano ejercerá dichas labores? ¿Qué competencia tendrá la participación de México en las OMP? La primera pregunta depende completamente del tipo de misión a la que participemos, pero sí es importante hacer el siguiente señalamiento: el Ejecutivo en su comunicado menciona que la participación está condicionada, entre otros puntos, al consentimiento del Estado receptor y que sea mediante mandato del CSONU (énfasis añadido en la conectiva ‘y’)(Presidencia de la República, 2014). Aquí quiero señalar dos vertientes a nivel internacional que van a obligar distintas acciones a nivel doméstico. Aquellas misiones que son tradicionales, multidimensionales o políticas (que no incluyen uso de fuerza militar) pueden ser mediante consentimiento y no requiere de mandato del CSONU ya que se realizan con fundamento en el Capítulo VI de la carta (arreglo pacífico de controversias). Sin embargo, las que requieren mandato del CSONU son aquellas que incluyen el uso de fuerza militar por diversas razones, algunas de éstas pueden incluir la incapacidad de que todas las partes en un conflicto consientan o que las dos partes vulneren a los civiles; es decir, aquí ya se requiere un mandato expreso que autorice el uso de fuerza militar para detener un conflicto y remover una situación de conflicto de los civiles.

¿Por qué es importante esta connotación? Porque la facultad constitucional para cada una de estas vertientes deberá ser distinta. Para las operaciones que impliquen mediación, acuerdos de paz, monitoreo de obligaciones, etcétera. No se requiere más facultad que el Artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Sin embargo, si hablamos del uso de fuerza militar, ya necesitamos hablar del diseño de una legislación (precaria) que regula las facultades establecidas en los artículos 73, fracciones XII y XIII, 76 fracción III y 89 fracciones VIII y X de la CPEUM en torno a la declaración de guerra y el uso de fuerza militar en el exterior. Hasta el momento no tenemos legislación que nos guíe sobre la declaración de la guerra, duración, despliegue y retiro de fuerzas armadas, movilización financiera, monitoreo y reporte de avances. Jurídicamente el señalamiento que existe en la fracción VIII del Art. 89 es sobre la obligación del Ejecutivo de declarar la guerra, «previa ley del Congreso» que deberá ser adoptaba con base en los datos que les presente el Ejecutivo. El vacío es alarmante. Por ejemplo, nuestros vecinos del norte, Canadá y Estados Unidos tienen legislación que está diseñada para ejercer un balance en el ejercicio de los poderes de guerra y uso de fuerza militar que involucran a las ramas del poder para que sea una declaración y ejercicio de Estado. Esta visión de Estado es necesaria si pensamos en situaciones tan básicas y probables como responsabilidad resultado de violaciones a derechos humanos que, independientemente de la inmunidad que pueda ser estipulada en los SOFA (acuerdos que firma el Estado receptor y el que envía las fuerzas armadas que generalmente incluyen inmunidades a los ‘cascos azules’) o SOMA (sobre civiles).

México hasta ahorita ya ha participado en tres OMP: (1) Balcanes (1947-1950); y (2) Cachemira (1949) con observadores militares; y (3) El Salvador (1992-1993) con 120 policías. Además hemos participado en ‘operaciones políticas’ en otras ocasiones como en la organización electoral en Kosovo. Sin embargo, a pesar de estas experiencias, hay un camino por recorrer en cuanto a la participación en las OMP que puedan incluir uso de fuerza militar.

Para comprender el desconcierto en estos complejos temas es sencillo y curioso ver las respuestas en torno al boletín publicado por el Departamento de Estado norteamericano en el cual incluyó a México en la lista de las 40 naciones que avalan los ataques al Estado Islámico en Siria e Irak y se obligó a que la Secretaría de Relaciones Exteriores manifestara sus reservas a un tema que sin lugar a dudas debería de avalar, pero solicitar se lleve a un foro internacional para dotar de las acciones de legitimidad. Es decir, sin participación directa hubo confusión, con la participación directa será aún más complejo.

El anuncio del presidente Peña Nieto consolida el esfuerzo de los últimos 30 años de posicionarse como una potencia media con amplios medios de poder. Sin embargo, esto debe estar perfectamente limitado desde el interior y el exterior. El anuncio de la participación de México en las OMP sorprendió porque se dio un paso inesperado que sin el adecuado andamiaje legal puede resultar un daño a nuestra ingeniería constitucional, nuestras instituciones y nuestra imagen internacional. Ojalá la legislación en esta materia sea preferente y se haga un esfuerzo magno de recuperar las iniciativas presentadas desde 2012 en colaboración con expertos en el tema, de lo contrario el México global en las OMP será un mero anuncio sin sustento.