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ALDEA GLOBAL | Zivotofsky vs Kerry y México

ALDEA GLOBAL | Zivotofsky vs Kerry y México

Jun 13, 2015

El pasado 8 de junio, la Suprema Corte de Estados Unidos (SCOTUS) decidió un caso que reabrió un debate esencial sobre facultades exclusivas o compartidas de los poderes en materia de política exterior, que es relevante para todo Estado que comparta la ingeniería constitucional norteamericana, como es el caso México.

El antecedente de este emblemático caso es sencillo. En el 2002, el Congreso norteamericano adoptó una legislación para el año fiscal 2003 denominada Foreign Relations Act que en su Sección 214, inciso d, obliga al Departamento de Estado a que la expedición de todo pasaporte de norteamericano nacido en Jerusalén sea enlistado como nacido en Israel. Esta política es contraria a la práctica estatal de Estados Unidos desde la administración de Truman respecto a Jerusalén, en la cual no reconoce a ningún Estado como soberano sobre esta ciudad. (Es parte del conflicto entre Israel y Palestina). Derivado de esto, Zivotofsky, norteamericano, nacido en Jerusalén solicita que en su pasaporte se defina a Israel como lugar de nacimiento. Ante esto, el Departamento de Estado de Estados Unidos «incumple» la normatividad (desde George W. Bush) al afirmar que el reconocimiento de Estados es una facultad exclusiva del Ejecutivo y, al establecer como lugar de nacimiento Israel, es reconocer que éste tiene soberanía sobre Jerusalén. Con ello, la disputa comenzó, pero los tribunales de primera instancia y de apelación no admitieron el caso por ser una pregunta política que no podía judicializarse.

En 2013 el caso llega al máximo tribunal norteamericano con una pregunta fundamental, ¿el poder sobre la política exterior es exclusivo del Ejecutivo o no? La parte actora en el caso realiza los siguientes argumentos. Primero, la legislación sobre el pasaporte es lisa y llanamente sobre la expedición, no sobre el reconocimiento de los Estados. En esta materia hay numerosos ejemplos que permiten confirmar que anteriormente el Congreso ha legislado en la materia, sin haber sido considerada una intromisión a las facultades constitucionales. En 1994, el Congreso resolvió que a los estadounidenses nacidos en Taiwán se les considerara en su pasaporte como lugar de nacimiento. (Aquí hay un argumento de radical en la distinción entre Taiwán y Jerusalén respecto al reconocimiento de un Estado y, por si fuera poco, el punto es coincidente entre ambos poderes.) Además, la actora argumentó que hay otras áreas en donde el Congreso tiene facultades concurrentes con el Ejecutivo y exclusivas, como lo es en comercio exterior e inmigración. Segundo, el reconocimiento tampoco es exclusivo, sino compartido entre ambos poderes, considerando que, según la Constitución estadounidense, el acto administrativo no estaría derivado en la Cláusula de Recepción de Embajadores (parte de una consideración originalista). Por último, afirma la actora que el Departamento de Estado exagera el impacto que tendría la norma de efecto interno para los casi 50 mil norteamericanos en estas condiciones.

A su vez, el Ejecutivo (Departamento de Estado) responde que el reconocimiento sí es un poder exclusivo del Ejecutivo y el estatuto (legislación secundaria) interfiere con el mismo. De hecho, el propio texto constitucional faculta al ejecutivo en la mayoría de las materias y el reconocimiento es considerado dentro de la conclusión de tratados, más allá de la mera denominación del lugar de nacimiento.

En una votación de 6 a 3, SCOTUS decidió a favor del Ejecutivo al considerar que la legislación interfiere con facultades consideradas exclusivas dentro de la constitución de nuestro vecino.

Para México esta decisión es interesante si lo vinculamos a la reciente política respecto a las Operaciones de Mantenimiento de Paz (OMP). No hay robustos precedentes en nuestro país respecto al derecho de la política exterior que permita delimitar las facultades del Ejecutivo en esta materia o, en caso de un conflicto, cómo se abordaría. Para efectos prácticos nosotros tenemos la necesidad de definir el andamiaje legal para la política anunciada en el 2013 por el presidente Peña Nieto respecto a las OMP. ¿Con qué facultades el gobierno mexicano ejercerá dichas labores? ¿Qué competencia tendrá la participación de México en las OMP? Hay dos vertientes a nivel internacional que van a obligar distintas acciones a nivel doméstico. Aquellas misiones que son tradicionales, multidimensionales o políticas (que no incluyen uso de fuerza militar) pueden ser mediante consentimiento y no requiere de mandato del CSONU ya que se realizan con fundamento en el Capítulo VI de la carta (arreglo pacífico de controversias). ¿Por qué es importante esta connotación? Porque la facultad constitucional para cada una de estas vertientes deberá ser distinta. Para las operaciones que impliquen mediación, acuerdos de paz, monitoreo de obligaciones, etcétera, no se requiere más facultad que el Artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Sin embargo, si hablamos del uso de fuerza militar, ya necesitamos hablar del diseño de una legislación (precaria) que regula las facultades establecidas en los artículos 73, fracciones XII y XIII, 76 fracción III y 89 fracciones VIII y X de la CPEUM en torno a la declaración de guerra y el uso de fuerza militar en el exterior.

Hasta el momento no tenemos legislación que nos guíe sobre la declaración de la guerra, duración, despliegue y retiro de fuerzas armadas, movilización financiera, monitoreo y reporte de avances. Jurídicamente el señalamiento que existe en la fracción VIII del Art. 89 es sobre la obligación del Ejecutivo de declarar la guerra, «previa ley del Congreso»que deberá ser adoptaba con base en los datos que les presente el Ejecutivo. El vacío es alarmante. Por ejemplo, nuestros vecinos del norte, Canadá y Estados Unidos tienen legislación que está diseñada para ejercer un balance en el ejercicio de los poderes de guerra y uso de fuerza militar que involucran a las ramas del poder para que sea una declaración y ejercicio de Estado. Esta visión de Estado es necesaria si pensamos en situaciones tan básicas y probables como responsabilidad resultado de violaciones a derechos humanos, financieros y de diversas índoles.

La decisión Zivotofksy vs Kerry nos debe invitar a una reflexión de una relación poco explorada hasta ahora en México que es la relación entre el derecho y la política exterior que, aunque es esencialmente política, debe tener controles jurídicos internos para no darle al Ejecutivo un cheque en blanco al dirigir la política exterior.

 

@SalinasJA