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Asuntos Públicos | El reto de la transparencia

Asuntos Públicos | El reto de la transparencia

Abr 16, 2016

Parece lejos el 2002 cuando se aprobó la primera Ley de Transparencia en México, que fue la de Jalisco y la puesta en marcha del primer órgano ciudadano de transparencia en el Municipio de Guadalajara en ese mismo año, dándose una cascada de aprobaciones de leyes que concluyó su primera etapa en 2007 al contar todas las entidades federativas, el entonces DF y la Federación con sus respectivos marcos jurídicos para garantizar de manera desigual el derecho humano a la información pública.

Hoy, a 14 años, llega una segunda oleada, derivada de la reforma constitucional de 2014 y de la aprobación de la Ley General de Transparencia que tiene como objetivo marcar el piso mínimo para homogeneizar el acceso a la información desde Tijuana hasta Chetumal, sin importar la entidad federativa donde se viva o si la dependencia pública a la que se le solicita información es municipal, estatal o federal.

En la mencionada Ley General el legislador diseñó un entramado jurídico novedoso, que si bien marca las bases que todos debemos seguir, dejo a las legislaturas locales en libertad de ser novedosos en esquemas de transparencia y de acceso a la información, dando para ello un plazo de un año que se cumple el próximo 5 de mayo, estando hasta hoy armonizadas solo 9 legislaciones, haciendo falta 23 y teniendo solo unos cuantos días para cumplir con lo marcado en el texto de la Ley General; tache a los congresos locales que aún no armonizan sus respectivas leyes, siendo de imperiosa necesidad que lo hagan a la brevedad para evitar confusiones jurídicas y de aplicación del marco normativo.

En Jalisco este tema se encuentra superado después de un tortuoso y singular proceso de adecuación de nuestra ley al ser observada por el Ejecutivo, después de una modificación sin sentido que se dio de última hora en el Poder Legislativo a un dictamen ya aprobado con anterioridad por la Comisión de Puntos Constitucionales y que contó con el aval de las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a este tema en el Estado.

Así, el pasado 13 de abril, la instancia encargada de establecer la política pública en las materias de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, el Sistema Nacional de Transparencia, conformado por todos los órganos garantes más el INEGI, la Auditoria Superior de la Federación y el Archivo General de la Nación aprobaron los lineamientos y criterios de aplicación de la Ley General, con lo que se encuentra ya listo el andamiaje que dará vida a esta nueva etapa de transparencia en México.

Aunado a avances locales como el Reglamento Tipo para Municipios trabajado por el ITEI y los Municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá y Tlajomulco, que sirve para complementar y alinear la norma municipal con la general, es que viene la etapa más compleja que es la de traducir el amplio marco normativo a la realidad, una realidad que de hacer que cualquier persona pueda acceder de manera más sencilla, oportuna, certera y rápida a cualquier información generada en cualquier dependencia, que además esta información le sea de utilidad en su vida diaria, que sirva para conocer con detalle nuestras realidades personales o de grupo de interés para poder incidir, pugnar, en cambiar esa realidad que a veces es muy diferente a lo que debe de ser.

@pviveros