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Opinión: Códigos nacionales

Opinión: Códigos nacionales

Sep 16, 2017

Por Héctor Romero Fierro //

El pasado viernes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cotidiana (Solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares). Importante reforma que viene a facilitar el camino para homologar a lo largo y ancho del país las reglas mediante las cuales se conducen los juicios tanto en materia civil como familiar, siendo el inicio de un largo camino por recorrer de las legislaturas de los Estados y de los abogados de nuestro país.

El primer punto a destacar es que en los juicios orales ya no será necesario que quede constancia escrita de los autos del juicio, ahora bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que de certeza de su contenido. Debemos recordar que en la materia penal y en la mercantil ya tenemos experiencia en esto y es muy práctico contar con las grabaciones de lo ocurrido durante las audiencias. Sin embargo para muchísimos abogados ha sido un cambio casi imposible de digerir.

Otro importante avance judicial es el establecer como Derecho Humano la obligación de las autoridades de privilegiar, en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, la solución del conflicto sobre los formalismos procesales, el juez deberá identificar el fondo del asunto saltando normas procedimentales, siempre que no afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos.

Adicional a lo anterior la competencia para expedir leyes en materia de procedimientos civiles y familiares que hasta ahora correspondía a las entidades federativas, ahora será una competencia exclusiva del Congreso de la Unión, ordenando mediante un artículo transitorio que el Poder Legislativo (Diputados y Senadores) expidan los nuevos Códigos de Procedimientos Civiles y Familiares en un plazo no mayor a 180 días por lo que tendremos a mediados de marzo de 2018 estas publicaciones. Aunque yo considero que desde el punto de vista constitucional es un atentado a la soberanía de los Estados, como litigante lo considero sano ya que nos permite homologar el tratamiento y la forma de conducir los juicios a lo largo y ancho de nuestro país, cosa que es complicada actualmente ya que tenemos que conocer los Códigos de Procedimientos de 32 entidades federativas incluyendo en éstas a la Ciudad de México. Ya tenemos un antecedente de esto, actualmente gozamos de un Código Nacional de Procedimientos Penales y cuando se reformó la Constitución y se promulgó ese Código ningún gobernador se opuso, por lo que creo que tampoco en estos será la excepción.

Esta reforma obliga también a que las legislaturas de los Estados adopten en sus Constituciones locales el mismo texto de la Carta Magna y deroguen sus Códigos de Procedimientos vigentes. Por último se aclara que los juicios civiles y familiares ya iniciados se deben aplicar las reglas vigentes al momento de iniciar el procedimiento. Casi estoy seguro que en el corto plazo también se homologará un Código Nacional en la materia Penal.

Con esto quedarán regulados casi la totalidad de juicios en el país, ya que la materia mercantil siempre ha sido de jurisdicción federal y sus procedimientos están regulados casi en su totalidad en el Código de Comercio.

Así mismo, en los próximos meses se discutirá en el Congreso de la Unión dos reformas igual de relevantes, la primera llamada “Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución” (MASC) también de observancia en todo el país, aplicable a cualquier tipo de juicio excepto penal (que cuenta con ley aparte) y una reforma al veterano Código de Comercio, para incluir un Título privilegiando también el uso de los “MÁSC” para la materia mercantil.

Podemos definir la Conciliación como aquel “Procedimiento en el que las partes involucradas en una controversia o conflicto solicitan de manera voluntaria, la asistencia de un tercero para llegar a un arreglo o solución y, éste estará facultado para proponer alternativas de solución para dirimir la controversia, que se derive de una relación contractual u otro tipo de relación jurídica vinculada a ellas, sin que ello implique que se imponga una resolución al conflicto.” En el caso de MASC en materia mercantil destacan como facilitadores o Mediadores los Corredores Públicos por su alta especialización en la materia mercantil, por disposición expresa de la Ley Federal de Correduría Pública los corredores además de gozar de fe pública en esa materia, son, como auxiliares del comercio, mediadores, valuadores y árbitros.