– A título personal, por Armando Morquecho Camacho

Durante la Revolución Industrial, la humanidad experimentó un cambio sin precedentes que reconfiguró por completo la estructura social y económica. En un proceso de transformación masiva, la máquina de vapor y el telar mecánico sustituyeron a la mano del artesano, sentenciando la producción manual y el inicio de la mecanización a gran escala. Esta transición no solo cambió las herramientas de trabajo, sino que también desplazó al taller, que cedió su lugar a la fábrica como nuevo epicentro de la producción y la vida social.

Este turbulento periodo dividió a la sociedad en dos bandos: algunos se resistieron al cambio, aferrándose al pasado por miedo o nostalgia, lo que a menudo dio como resultado un desempleo masivo. Sin embargo, otros entendieron que la supervivencia dependía de la capacidad de aprender a trabajar con las nuevas herramientas y de la adaptación a un mundo cada vez más urbano y mecanizado.

La historia fue clara en su veredicto: aquellos que se adaptaron a las nuevas dinámicas industriales y se sumaron a la economía basada en la fábrica, prosperaron; aquellos que no lo hicieron, quedaron atrás. Este patrón de cambio tecnológico y adaptación social se ha repetido a lo largo de la historia moderna, desde la era de la electricidad hasta la actualidad.

Hoy, el derecho mexicano atraviesa una transformación comparable. Las reformas judiciales federales y estatales, junto con los cambios en la Ley de Amparo, están reconfigurando tanto las bases, como las reglas no escritas del ejercicio profesional. Por ello, hasta cierto punto resulta normal que muchos abogados vean en estas reformas una amenaza, y no sin razón: el proceso de adaptación y el proceso de construcción de relaciones en el sistema anterior fue arduo. Pero ese tiempo terminó y hoy estos procesos tendrán que empezar de cero.

En ese tenor, la abogacía mexicana enfrenta hoy una disyuntiva: adaptarse o desaparecer. No se trata de una elección estética ni de una cuestión de gusto; es una exigencia profesional, que obligará, especialmente a las nuevas generaciones, a aprender a moverse en un entorno totalmente distinto en el que la propia dinámica y/o relación abogado – juzgador, tendrá otras dimensiones y además, se desarrollará en un contexto politizado que exigirá del abogado algo más que conocimientos técnicos.

No obstante a esto, tampoco se debe dejar pasar desapercibido que ante todos estos cambios, adaptarse no implica renunciar a la esencia de la profesión. Al contrario, significa entender que el derecho es una disciplina viva, en constante evolución, por lo que las reformas no deben verse como obstáculos, sino herramientas que exigen una nueva forma de pensar y ejercer, que a su vez demanda abogados capaces de aprovechar los cambios, de comprender la lógica de los nuevos procesos y de orientar su práctica hacia la eficiencia, la claridad y la resolución efectiva de los conflictos.

La historia de la profesión muestra que cada reforma, lejos de ser una amenaza, ha sido una oportunidad para redefinir el sentido del derecho y su respectivo ejercicio. Quienes en el pasado comprendieron sus respectivos cambios abrieron caminos nuevos. Así será ahora.

Las reformas podrán ser controversiales, pero en este punto, el entorno exige templanza, dejar de rasgarse las vestiduras, y comenzar a analizar un nuevo sistema con aristas que pueden convertirse en un terreno fértil para renovar la práctica, fortalecer el Estado de derecho y reconstruir la confianza ciudadana en la justicia desde el propio ejercicio de la profesión.

El camino hacia estos cambios tan profundos, como es natural, no estará exento de retos y obstáculos significativos. El más notable reside en que la dinámica histórica de las relaciones de poder y su consabida influencia en el curso de los litigios —una constante que siempre ha moldeado el sistema judicial— se ha reconfigurado totalmente.

En la práctica, esto significa que las viejas inercias y el peso de las influencias tradicionales pierden terreno frente a nuevos actores y mecanismos de participación. Por lo tanto, el abogado de esta era de reformas deberá ser mucho más que un simple técnico del derecho. Su labor exigirá la combinación magistral de la técnica jurídica con una visión estratégica y anticipatoria, que le permita no solo navegar el nuevo sistema, sino también incidir en él.

Pero, lo más importante, deberá entenderse a sí mismo como un nuevo actor político dentro de este entorno emergente. Esto implica una conciencia más profunda de su rol social, ya que su actuación no solo afectará el resultado de un caso, sino que también influirá en la legitimidad y la confianza del público en el nuevo sistema de justicia. El abogado deberá desarrollar una capacidad renovada para identificar dónde reside el poder en el litigio moderno —que ahora puede manifestarse a través de la opinión pública — y utilizarlo de manera efectiva para servir a los intereses de sus representados.

Ya no bastará con conocer la ley; será necesario comprender su aplicación en un entorno dinámico, más político y probablemente, más histriónico. Por eso, aquellos que se adapten a tiempo encontrarán en esta transición una oportunidad para consolidarse como referentes. Mientras que se nieguen, se irán quedando al margen, sostenidos sólo por una inercia de la política en torno a estas reformas que pronto perderá fuerza.

Adaptarse, al final, es un acto de inteligencia. Supone aceptar que el derecho, como la sociedad que lo genera, no es estático. Cambia, se renueva y exige a sus intérpretes moverse con él. Quien entienda esto no verá las reformas como una pérdida, sino como una invitación a evolucionar. Pero en esta nueva era, resistirse es una forma lenta de desaparecer.

Quien abrace el cambio con rigor y con ética no solo sobrevivirá: tendrá la oportunidad de definir el futuro de la abogacía mexicana y de dejar, en esa transformación, una huella duradera. La historia lo ha dicho muchas veces: evolucionar no es traicionar el pasado, es honrarlo al hacerlo trascender.

– Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

La aprobación de la reforma judicial para nuestra entidad federativa está estancada en Jalisco. Recordemos que la reforma judicial federal en México, aprobada en 2024, se concentró principalmente en convertir la elección de los juzgadores, la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, con la supuesta intención del partido en el poder de volverlo ‘cercano al pueblo’ y menos susceptible a intereses políticos.

Sin embargo, y gracias a la elección popular, hoy ya vemos los resultados en casos documentados de la falta de preparación y carrera judicial, y de los intereses políticos volcados hacia quienes ostentan el poder político en el país. No existe un cambio favorable, sino un retroceso. En fin, esa es una historia en curso, y en Jalisco habrá que escribir nuestra propia historia y cuidar de nuestro Poder Judicial.

En este sentido, el Congreso del Estado, órgano legislativo que por obligación constitucional debe ver por el bien de Jalisco, se encuentra actualmente entrampado por la política y los colores partidistas en la discusión de la aprobación de la reforma judicial; aunque la reforma entrará a sus cambios de votación hasta el año 2027, es importante que se avance en su proceso legislativo. El objetivo de la fracción del partido Morena y sus aliados es que la reforma pase igual que la federal, sin muchos cambios a la que ya fue aprobada y propuesta por el Poder Ejecutivo Federal.

Las oposiciones buscan cambiar la esencia de la elección popular; que, aunque sea popular, se le tenga el cuidado quirúrgico de asegurar que las personas que aspiren a dichos cargos sean aptas para desempeñarlos en todos los aspectos. Al final, es un tema muy preocupante que ya se está evidenciando en la elección federal ya concretada.

Lo que sucede en el Congreso de Jalisco es que cada bancada defenderá los intereses de su partido y, al no existir una mayoría absoluta que logre aprobar la reforma dentro de los estándares que sus intereses de partido les ordenan, el tema está en una discusión parlamentaria; esto resulta preocupante, ya que, al parecer, invariablemente se aprobará desde lo político y no desde un proceso legislativo de estudio profundo y análisis a todas las propuestas de armonización ya presentadas, lo que impediría elaborar la mejor reforma judicial para Jalisco.

El objetivo debería ser que, no obstante, de traer jueces por elección popular, eliminar las preocupaciones sobre la nueva integración del Poder Judicial, fundamentadas en el riesgo de que personas sin experiencia accedan a los cargos de jueces y magistrados, lo que al final solo crearía una brecha entre la impartición de justicia y los derechos de los ciudadanos.

Habrá que observar si, aun escuchando las mejores propuestas de armonización de esta reforma y con la oportunidad de sacar lo mejor para nuestra sociedad jalisciense, se despolitizará este tema y la legislación de la Reforma. Las propuestas de armonización para la reforma judicial en Jalisco han sido presentadas por diversas fuerzas políticas e instituciones, buscando la mejor adaptación a la reforma federal a la entidad, con un enfoque cien por ciento garantista en la idoneidad profesional de los juzgadores a pesar de la elección popular. El proceso de armonización de la reforma judicial federal en Jalisco se centró en varias propuestas clave presentadas al Congreso a principios de 2025.

La iniciativa más notable, la «Reforma Judicial al estilo Jalisco», fue presentada por el Gobernador Pablo Lemus (coordinada por Arturo Zamora Jiménez) el 25 de febrero de 2025, buscando priorizar el perfil técnico sobre el político. Casi simultáneamente, el Poder Judicial de Jalisco presentó su propia iniciativa alrededor del 26 de febrero, y los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRI hicieron lo propio a finales de enero y febrero de 2025, respectivamente, con el consenso de establecer filtros rigurosos y evaluaciones obligatorias, subrayando la necesidad de un proceso legislativo que comenzó formalmente en enero para contrarrestar el riesgo de politización en el Poder Judicial del estado.

Aun con los esfuerzos para que el Poder Legislativo trabaje en favor de la sociedad jalisciense, se corre el riesgo de que la política partidista y los intereses meramente políticos se impongan, resultando en una simple copia de la reforma judicial federal.

Si la bancada morenista logra unir a ciertos sectores del Congreso a su encomienda política, el intento por construir un Poder Judicial con enfoque realista será en vano, y se votará lo que el partido en el poder federal busca en cada entidad.

Para quienes conocemos el litigio, esto representa un daño irreparable y un riesgo mortal para la imparcialidad de la justicia. El problema no es la elección popular, sino la falta de filtros necesarios para garantizar que accedan personas adecuadas. Pasar de un Poder Judicial cuyos intereses políticos se gestionaban solo desde el Consejo, a uno tomado desde cada juzgado y magistratura, es politizar la entraña misma del poder que los ciudadanos tienen para ejercer sus derechos y acceder a la justicia.

– Opinión, por Luis Manuel Robles Naya

El evento realizado en el Zócalo de la Ciudad de México con motivo del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum reveló que el viejo corporativismo priista ya está en manos de ella. El SNTE, la CROC, CATEM, el Congreso del Trabajo, ferrocarrileros y otros se hicieron presentes con las mismas formas de mostrar su adhesión, acarreos, carteles y mantas anunciando su presencia.

Esto no es consecuencia de una operación política como pudiera pensarse, sino de la simple alineación con el poder, dando lugar a la paradoja de un gobierno que tiende a parecerse a lo que tanto se opuso. Sin embargo, parecerse no es igual a ser y todo apunta a que esta será una mala copia de lo que fue el PRI. Se han apropiado de las formas y los modos para la representación escenográfica y han llevado a su máxima expresión la colusión entre política y negocios, así como también la tolerancia y encubrimiento.

Esto último se justifica en un régimen que se ufana de estar construyendo un segundo piso de un movimiento con principios fundacionales como la austeridad, la honestidad, el no abuso del poder y nunca un gobierno o funcionarios ricos con pueblo pobre. Exhibir y castigar a notables miembros de dicho movimiento evidenciaría la traición temprana a esos principios apenas en los albores del ejercicio gubernamental.

Molesta en demasía a la señora presidente que los medios exhiban las cada vez más frecuentes desviaciones y el enriquecimiento de que hacen gala los notables del movimiento, por el desprestigio que acarrea, pero la dureza con que se dirige a los medios no la utiliza para corregir a los suyos, a ellos sólo leves sugerencias para que se oculten, que no hagan ostentación y hace lo que puede para que el movimiento no se le deshaga.

Es pues un proyecto en construcción, pero con bases débiles por el mesianismo de su origen y la fragilidad de sus cuadros, escasos y con pocas luces intelectuales, salvo contadas excepciones, pero como lo han demostrado, con gran ambición.

En la acumulación de poder alrededor del presidente si se parecen mucho al viejo PRI, sin embargo, en el antiguo régimen el poder presidencial era absoluto y no como ahora que las lealtades se dividen entre Palenque y Palacio. En el pasado, el partido en el gobierno era un instrumento del presidente para premiar y castigar según fuera necesario, era el partido del presidente y por ahora no se ve que Morena lo sea.

Morena será, así se perfila, el aparato electoral para conservar el poder, pero no queda claro quien habrá de ejercerlo. A la presidente Sheinbaum le regatean sus decisiones desde adentro, y ella pierde tiempo tratando de conservar vivo el movimiento y contentas a sus bases.

Es evidente que la unidad es frágil y que ya hay corrientes definidas al interior del movimiento y por ello, fácil es predecir que el año electoral no será un paseo por el parque para la presidente, sin olvidar que el naciente corporativismo no tardará en exigir cuotas con la predecible renuencia de los fundadores y militantes activos.

La concentración masiva conseguida para celebrar el aniversario, aunada a la popularidad y aceptación que muestran las encuestas hacen ver que la presidente ya pudiera contar con una base propia lo suficientemente fuerte para imponer su autoridad y jerarquía por encima de grupos y corrientes domésticas, pero es difícil verlo sin que aparente un rompimiento con su antecesor y guía moral del movimiento.

Ella ha dicho que no habrá de romper y que hay identificación de principios y objetivos, pero en la práctica política mexicana, donde el presidencialismo es absoluto, requerirá de mucha habilidad para navegar entre las aguas de la lealtad y el ejercicio de la responsabilidad. Finalmente, la responsabilidad es suya y la inestabilidad política es un lujo que no se puede permitir.

El país está metido en un hoyo financiero que no le permite crecer, la herencia política tampoco pues los frenos que tiene el crecimiento derivan de las reformas diseñadas por el antecesor que ella ha mantenido asumiendo los costos. Está consciente de que necesita inversión productiva y ésta no llegará sin antes ver si hay confiabilidad en el nuevo e inexperto poder judicial, sin antes cerciorarse de que el Estado de Derecho rige y la criminalidad disminuye y el mercado laboral deja de estar dominado por la informalidad.

Son demasiados problemas que se suman a la necesidad de complacer a Donald Trump. La paradoja que esto encierra es que nunca nadie tuvo tanto poder institucionalizado como la presidente, sin embargo de poco le sirve ante los dos fantasmas, el del norte y el de Palenque.

Sin un golpe de autoridad y sin consolidar la fuerza propia que ha demostrado tener, el año electoral puede resultar desastroso.

– Opinión, por Iván Arrazola

Una crisis política se presenta cuando las instituciones de gobierno enfrentan un deterioro de su capacidad para tomar decisiones, coordinarse internamente y mantener estabilidad en su conducción. No siempre implica una pérdida de legitimidad ante la sociedad; con frecuencia, se trata más bien de un proceso de desgaste político: un agotamiento del liderazgo, de los mecanismos de negociación y del control sobre la agenda pública.

Los gobiernos pueden desgastarse no por la pérdida inmediata de legitimidad, sino por el acumulado de tensiones, errores y conflictos no resueltos que reducen su margen de maniobra. En el caso de Jalisco, este desgaste se ha manifestado desde el inicio de la administración estatal en 2024, evidenciando fisuras en la conducción política y en la coordinación entre poderes.

El episodio más revelador de esta crisis emergente se produjo con la discusión de la reforma judicial pendiente en el Congreso del Estado, donde las fracturas entre partidos alcanzaron su punto más alto. Por un lado, la bancada de Morena en los primeros meses propuso seleccionar magistrados mediante sorteo o “tómbola”, con la intención de evitar pactos políticos; por otro, Movimiento Ciudadano (MC) —partido en el gobierno— se opuso, planteando un examen de conocimientos como método alternativo.

Aunque las bancadas de oposición llegaron a un acuerdo parcial para usar la tómbola solo en caso de empate, la propuesta no fue consensuada con el Ejecutivo ni con la fracción oficialista, por lo que no tuvo los votos necesarios (26) para ser aprobada. El Partido Verde Ecologista se abstuvo de sumarse al bloque opositor, y poco después una diputada de Morena anunció su cambio de bancada, debilitando aún más la correlación de fuerzas.

Ante el impasse, el gobernador Pablo Lemus convocó a una mesa de diálogo y propuso un “parlamento abierto” para discutir la reforma judicial. No obstante, la oposición rechazó la invitación, argumentando que cualquier negociación debía basarse en su propio dictamen. El mandatario reconoció “un descuido” en la comunicación con las bancadas opositoras, pero la situación ya había escalado a una crisis de conducción política: el Ejecutivo perdió la iniciativa y se vio obligado a reaccionar ante la agenda impuesta por sus adversarios.

La erosión del gobierno naranja se manifiesta en tres dimensiones principales: primero, en la debilidad del Ejecutivo frente a un Congreso fragmentado, donde las alianzas resultan inestables y las negociaciones carecen de rumbo estratégico; segundo, en la incapacidad del gobierno para sostener un discurso político coherente, pues la narrativa que en su momento apeló al cambio y a la “refundación” del estado se ha desgastado y ya no genera credibilidad; y tercero, en la contradicción del nuevo lema gubernamental “al estilo Jalisco”, que intenta proyectar una imagen de autonomía y eficacia, pero que en la práctica evidencia una administración paralizada e incapaz de tomar decisiones firmes frente a los conflictos políticos y administrativos más relevantes.

A diferencia de una crisis de legitimidad social, en la que la ciudadanía rechaza abiertamente a sus gobernantes, el actual escenario de Jalisco refleja una fatiga del poder. El gobierno no enfrenta una rebelión ciudadana, pero sí un creciente escepticismo sobre su eficacia. El desgaste político, en este sentido, no se mide en protestas masivas, sino en la pérdida de control sobre la agenda, en la incapacidad para anticipar conflictos y en la ausencia de liderazgo articulador.

En este contexto, la falta de acuerdos en torno a la reforma judicial simboliza más que un desacuerdo legislativo: representa el agotamiento de un estilo de gobierno basado en la confianza excesiva en la imagen pública del liderazgo. Hoy, el “gobierno naranja” enfrenta un escenario adverso: sin mayoría legislativa, con una relación tensa con el gobierno federal y con una oposición que ha aprendido a coordinarse estratégicamente.

En Jalisco, el desgaste político no se limita a conflictos coyunturales, sino que se ha transformado en una pérdida sostenida de credibilidad institucional, cuyos efectos podrían hacerse evidentes en los próximos procesos electorales. La falta de resultados y transparencia en la administración del SIAPA, la ausencia de explicaciones y sanciones tras el escándalo del rancho Izaguirre, así como la incapacidad de alcanzar acuerdos en torno a la reforma judicial, son ejemplos claros de una gestión que se percibe ineficaz, reactiva y desarticulada y que apenas está por cumplir un año en funciones.

La crisis política que atraviesa Jalisco no es tanto una cuestión de legitimidad social como de erosión del poder político. La suma de errores administrativos, falta de diálogo y ausencia de estrategia ha derivado en un escenario de parálisis institucional. Si el gobierno estatal no logra recomponer su capacidad de negociación y reconstruir la confianza entre los distintos actores políticos, el desgaste actual podría transformarse en una crisis de gobernabilidad más profunda, con implicaciones directas en la estabilidad del sistema político local.