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Crítica Constructiva: Libertad religiosa en México

Crítica Constructiva: Libertad religiosa en México

Jul 15, 2017

Por Jonadab Martínez García //

Hoy en día, hablar de libertad religiosa es algo normal, algo que aparentemente todos reconocemos y que defendemos, pero hay ocasiones que somos intolerantes y no respetamos a quien piensa diferente a nosotros. Juzgamos su personalidad, su carácter, su manera de comportarse o de convivir, con su credo o ideología religiosa.

Consultar la historia de México debería hacernos reflexionar, hace muchos años el concepto de libertad religiosa era una falacia, no existía, ni siquiera la Constitución reconocía el derecho a pensar diferente y la libertad de creer en algo distinto.

En la mayoría de las constituciones del Siglo XIX no se reconocía la libertad religiosa y, de hecho, se imponía la religión católica como la Iglesia Oficial del Estado. Por ejemplo, la Constitución de Cádiz mencionaba en su artículo 12 que: “La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”.

Así de confesional y eclesiástico era el sistema constitucional mexicano, y cuando se pensaba que progresaría hacia un país de libertades, dos años más tarde, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana (mejor conocido como la Constitución de Apatzingán), disponía en su artículo 1: “La religión católica, apostólica, romana, es la única que se debe profesar en el Estado”. Incluso, en su artículo 15, la Constitución establecía que la no adherencia a tal religión podía afectar los derechos civiles de las personas, al señalar que: “La calidad de ciudadano se pierde por crimen de heregía (sic), apostasía y lesa nación”.

Por su parte, la Constitución de 1824, liberal en algunos sentidos (no el religioso), consignaba en su artículo 3 una transcripción casi literal del artículo 12 de la Constitución de Cádiz: “La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la proteje (sic) por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”.

Una vez superada tal concepción dogmática, el primer paso hacia una república laica fue en 1833, año en que el vicepresidente Valentín Gómez Farías impulsó la prohibición de que las manos muertas (la iglesia) adquirieran bienes raíces, la eliminación del diezmo, así como la supresión de todas las leyes que atribuían al clero conocimiento de asuntos civiles (entre ellos el matrimonio). Sin embargo, la mayor parte de estas medidas no se pusieron en práctica a pesar de su expedición, ya que fueron revertidas por los gobiernos conservadores.

En realidad, fue hasta 1857 cuando por omisión tuvo origen la separación entre Iglesia y Estado en el marco constitucional, toda vez que la Constitución de ese año no hizo mención de tratamientos privilegiados a la iglesia o de intolerancia hacia otras religiones. Por otro lado, las Leyes de Reforma promulgadas entre 1854 y 1857, así como la “Ley Juárez” y la “Ley Iglesias”, establecieron medidas que suprimieron importantes beneficios económicos y políticos a las corporaciones religiosas.

Dichas leyes establecieron restricciones en contra de la iglesia, tales como la supresión de corporaciones masculinas de regulares, la extinción de cofradías y el cierre de noviciados en los conventos de monjas, la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la eliminación del fuero eclesiástico y algunas de enorme impacto político, como dejar que el sostenimiento del culto fuera hecho por los propios fieles.

La inclinación separatista de la segunda mitad del Siglo XIX fue reafirmada en la Constitución Política de 1917, la cual adoptó algunos principios que por su severidad fueron considerados como anticlericales. En sus artículos 3, 5, 24, 27 y 130 la nueva Constitución incorporó una serie de severas restricciones y prohibiciones, dirigidas, principalmente, a las instituciones religiosas y a los ministros de culto. Estas cláusulas, sin embargo, no se aplicaron sino hasta 1925, cuando el gobierno de Plutarco Elías Calles intentó hacerlo, lo cual provocó la llamada “guerra cristera”.

Sin embargo, a la par de tales restricciones, el texto original de la Constitución de 1917 reconoció la libertad religiosa en su artículo 24 de la siguiente manera:

Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones.”

Después de la ligera reseña histórica que nos ofrece Alfonso Lara Bravo, en un libro redactado en el 25 Aniversario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en México, es loable como las generaciones fueron progresando en la manera de ver la Libertad Religiosa, sin embargo, hay entidades federativas que aún no reconocen este derecho en sus Constituciones Estales.

Por ejemplo, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz, no reconocen en sus Constituciones Locales la igualdad, en contraste, no sancionan la discriminación religiosa.

En otro caso, Nuevo León no contempla en su Constitución Local, la Libertad Religiosa como un derecho.

Este tipo de casos nos deben hacer reflexionar, no es una batalla ganada, es una batalla constante, donde permanentemente se atropellan los derechos humanos relacionados a la Libertad Religiosa, y se violenta a través de la discriminación e intolerancia religiosa a quienes piensan diferente, creen en algo distinto, o simplemente no creen en nada.

Mi Crítica Constructiva, es reconocer a Jalisco por su agenda progresista, por ser un Estado de igualdades y libertades, por dejar atrás al Estado Confesional, al gobierno rendido al clero, y por ser una entidad progresista, ahora nos toca a nosotros como jaliscienses, y como mexicanos, defender los derechos ya ganados y no permitir que se violenten en ningún rincón de nuestro país.

MAP Jonadab Martínez García
Diputado Federal
@jonadabmartinez