OPINIÓN
Diagnóstico errado
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Cuando el diagnóstico parte de apreciaciones imprecisas o superficiales, lo más seguro es que las soluciones sean insuficientes e ineficaces. Se puede coincidir en que en México la desigualdad es el origen de la irritación social y que su presencia duele porque no se puede ser insensible ante la abultada cantidad de pobres y la muy pequeña porción de ricos.
Sin embargo, tratar de mejorar el ingreso a través de subsidios para los sectores vulnerables suena más a demagogia que a solución. Igualmente si solo se ataca buscando elevar el salario en una sociedad donde la población económicamente activa la mayor parte se desempeña en la informalidad.
En esas circunstancias impulsar el crecimiento de la economía en su conjunto es la mejor receta, pero en las políticas públicas seguidas en este año no se observan acciones que puedan lograrlo. Por el contrario, la contracción del gasto público por una política de austeridad radical e indiscriminada y la contención del gasto para controlar la corrupción evita que la inversión gubernamental impulse el crecimiento, y por otra parte, los criterios estatistas en el sector energético restringen la participación de capital privado.
El Presidente y algunos integrantes de su gabinete parecen tener un conflicto serio con el capital y contra quienes lo acumulan. Cierto es que en México esta acumulación se da en muy pocas manos, 16 multimillonarios, según considera el subgobernador del Banco de México Gerardo Esquivel en su estudio “Desigualdad extrema en México” elaborado para Oxfam México y asegura que el 10 por ciento más rico de México concentra el 64 por ciento de la riqueza total del país.
Son cifras que escandalizan y evidencian la enorme desigualdad, pero no es combatiendo a este capital como se va a lograr una mejoría en el ingreso de los demás, que es la única forma de reducir esta ominosa brecha. Combatir la corrupción, en su modalidad de contubernio entre capital y gobierno ayuda a que estas fortunas no crezcan en la forma acelerada como lo han hecho desde finales del siglo XX, pero difícilmente coadyuvará a que exista un crecimiento que favorezca el incremento del ingreso del 90 por ciento de la sociedad.
Las acciones de la actual administración parecen haber funcionado en la primera parte, ya no se hacen negocios al amparo del gobierno, (al menos no se conocen nuevos hasta hoy), pero la medicina administrada con una carga ideológica un tanto rebasada por las condiciones de la economía internacional, ha provocado que otros capitales se repriman y frenen la inversión necesaria para el crecimiento.
Por otra parte, la inseguridad también influye para que el capital y los negocios cuenten con un clima favorable a la inversión y al crecimiento y ahí es donde se encuentra tal vez, la más notoria falla en el diagnóstico y por consecuencia en la estrategia que al parecer se ha diseñado, que parte de atender las causas de la violencia pasando a segundo plano la persecución de delincuentes y el ejercicio del poder del estado para restituir la paz y la tranquilidad en el territorio nacional.
No se puede coincidir totalmente con la aseveración presidencial de que es la miseria, la pobreza y falta de oportunidades lo que lleva al pueblo bueno a delinquir. Lo que ha acrecentado la violencia es la falta de castigo, se mata y se roba porque se puede hacer en total impunidad. Cierto es, que las estrategias anteriores desataron la violencia en el narcotráfico, porque no consideraron que esa actividad es como la Hidra mitológica y al cortar una cabeza surgen más en su lugar, pero también es cierto que nadie que se dedica al narcotráfico va a dejar de hacerlo para sembrar árboles frutales o maderables por cuatro mil pesos al mes y que va a dejar de haber jóvenes sicarios o narcomenudistas porque se les otorguen becas de tres mil quinientos pesos mensuales.
También en esto ha faltado profundidad en el diagnóstico y amplitud en la visión de las alternativas. Regiones enteras del país han frenado su desarrollo por la falta de crecimiento económico y obligado a sus jóvenes a buscar alternativas o en el narcotráfico o en la emigración. Es enorme la cantidad de hectáreas ociosas o rentadas a empresarios o corporaciones, porque ya no hay agricultores jóvenes, ellos dejan a sus padres el beneficio de la renta y se dedican a opciones más lucrativas que por desgracia el campo actualmente no ofrece.
En áreas urbanas, se gana más dinero lavando cristales en los cruceros que trabajando todo el día por el salario mínimo, por más que este crezca, y la informalidad, el comercio ambulante desplaza a las actividades comerciales fijas y establecidas y la autoridad lo permite y solapa porque está consciente de que no existen alternativas formales para ese ya muy amplio sector de la población. Ante esto, becas y subsidios son políticamente redituables pero no son las soluciones que México necesita.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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