OPINIÓN
Educar en la infancia para el emprendimiento
Educación, por Isabel Venegas //
El Centro de Desarrollo para la Competitividad Empresarial dice que 8 de cada 10 pequeñas y medianas empresas en México, fracasan durante sus dos primeros años de vida.
El pasado domingo escuchaba en las noticias radiofónicas de red nacional, los resultados de la encuesta más reciente que presentaba la empresa Demotecnia cuyo análisis fue titulado “Clase Media Mexicana”. Se trata de un estudio de percepción en donde a través de una muestra aleatoria a 500 individuos, indaga sobre sus ingresos, capacidad de ahorro, frecuencia para vacacionar, así como las áreas en las que creen que el gobierno debería poner atención de manera prioritaria. Ciertamente hacer un análisis al respecto es muy valioso, porque el hecho de que la mayoría pueda situarse dentro de esta categoría debería ser un buen indicador de estabilidad y equilibrio económico, es decir, una población en la que la mayoría no es dramáticamente pobre, ni tampoco vive en la utopía de ser todos deliciosamente ricos, es más bien la descripción de un sector que, con base en el esfuerzo dentro del contexto familiar ha logrado escalar para tener una estabilidad que le permite cubrir las necesidades básicas, junto con un margen de gozo más o menos sano.
Cabe recalcar que el estudio que presenta Rodrigo Galván de las Heras hace referencia a la percepción, con lo cual la mayoría de las personas establece la definición a través de sus referentes más cercanos, es decir, la mayoría asume una posición social a partir de un comparativo con lo que las generaciones pasadas lograron conseguir económica y académicamente hablando, y es que para situarse dentro de una escala de valores, los referentes contemporáneos son la competencia a vencer, mientras que los antecesores son un parámetro más natural.
Es fácil deducir por la oferta académica de nuestro país a nivel bachiller y universitario, que la mayoría tendrá referentes de un padre o un abuelo cuyo máximo grado escolar fue de educación básica y una carrera técnica o comercial; aunque en ese sentido la evaluación rigurosa del comparativo deja entrever que mientras hay una superación en el nivel de títulos y certificaciones de las nuevas generaciones, temerosamente también se alcanza a observar uno que otro ejemplo de la diferencia generacional, como que nuestros abuelos contando con menor trayectoria escolar, tenían una mejor caligrafía y ortografía, conocimientos de historia o capacidad para el cálculo mental que cualquiera de los egresado de maestría en la actualidad; entre otras muchas diferencias que ponen en evidencia la fragilidad entre el vínculo del desarrollo empresarial y el académico.
Continuando con los resultados del estudio de Demotecnica, el 84% de los encuestados dijo haber estudiado en escuelas públicas, además de que la mayoría cree que el ingreso para ser considerado dentro de la categoría de clase media debe rondar entre los 15,000 y los 36,000 pesos mensuales, mismos que según la mayoría, dan para tener un modo de vida más o menos cómodo pero que hablan también de un estatus frágil que suele tener poco ahorro, no cuenta con pólizas de seguro, ni contempla mecanismos que soporten los avatares que puede presentar la economía global.
En ese contexto complejo se ubica una de las etapas nacionales más significativas de los últimos tiempos, donde una de las principales banderas que el gobierno federal planteó desde sus actos de campaña, era la de regresar al punto en el que los esquemas de capitalización fueron encaminados hacia políticas que parecían ser la causa de los males que hasta ahora se habían identificado: injusticia, corrupción, desigualdad, etc., así que los votantes que apoyaron la nueva directriz de gobierno emitieron su voto esperando que ese cambio fuera un punto de quiebre real y positivo, incluso aunque la mayoría estuviera consciente de los grandes costos que se deberían pagar.
Regresar específicamente a ese punto de inflexión, era prácticamente volver a los años ochenta para que a partir de ahí, en lugar de haber dado el giro hacia la derecha, se moviera el volante hacia la izquierda; sin embargo la analogía podría hacernos pensar en un automóvil sobre la carretera, es decir, algo estático que cuando toma movimiento permite el control total de la dirección, eso forma parte de un imaginario que parece favorecer los impactos de campaña, pero que no da para el momento de ser gobierno, en donde la situación se asemeja más a estar parado dentro del mar en la zona donde rompen las olas, ahí donde quieres avanzar hacia adelante y la fuerza te jala hacia atrás, otras te pegan de lado y en segundos algo te lleva a la dirección contraria. La economía actual mexicana se enfrenta a repercusiones en el ámbito global, a catástrofes naturales que implican costos, tratados de comercio, eventos migratorios, niveles de inversión extranjera, las implicaciones de salud mental y física, e incluso a organizaciones delictivas locales e internaciones, entre otros muchos elementos que juegan a veces a favor y otras en contra.
Todo ese mar de situaciones hace que nuestro país tenga una fragilidad económica a la que debe sobreponerse su ciudadanía, reclamando con mayor urgencia una cultura de innovación y emprendimiento para el que nuestras generaciones no fueron preparadas. ¿Cómo podrían nuestros niños estar listos para una vida económica, productiva y exitosa, ante escenarios tan complejos? En algunas escuelas privadas se tienen algunas estrategias concretas, pero para la escuela pública el tema todavía dista de ser abordado con la urgencia que requiere, donde sabemos que una clave está en el diseño del plan de estudios que contemple una formación innovadora, basada en la creatividad y en una reingeniería que vaya mucho más allá de pensar en contenidos o estrategias didácticas nada más.
Es en ese sentido que pasan dos cosas: Una es que la literatura al respecto es poca, porque precisamente para nuestras generaciones de docentes resulta muy complicado plantearse un cambio paradigmático que contemple esta perspectiva, y es que podemos apuntar que, mientras el concepto de actualización en la formación docente ha sido vinculante a una actividad de capacitación, éste aleja del aprendizaje permanente que debería ser inherente a todo ser humano de modo que, en nuestro país los docentes de educación básica terminan haciendo poca investigación y reflexión sobre sus propios procesos cotidianos o la intencionalidad de su labor.
La definición de -emprender- desde la Real Academia de la Lengua Española, dice “acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”. Emprender entonces va más allá de monetizar el proyecto, se trata de iniciar el camino para llegar al puerto que quedó trazado desde un ejercicio de planeación bien dibujado, es decir, es aprender a dialogar sobre la innovación, la creatividad, las propuestas diferentes, pero que una vez habiendo sido evaluadas por un grupo de trabajo que colabora y aporta talentos diferentes para enriquecerle, debe apegarse al mapa para que la trayectoria no pierda rumbo, se evalúen bien los posibles escenarios, y se cuente con la mayor cantidad de herramientas que permitan conseguir el éxito esperado, sin perder de vista el peligro de caer en la conceptualización de la cultura del emprendurismo con una reducción al ámbito económico y materialista, e incluso su vinculación con conceptos como el de capitalismo voraz, injusticia, abuso, explotación de recursos desmedidos, por mencionar algunos. Este viaje entre la incertidumbre y la objetividad, son un claro ejemplo de la necesidad que tienen nuestras escuelas de evolucionar en los paradigmas que hasta hoy sigue manejando.
En las escuelas el trabajo bien planeado, basado en proyectos, incluso con esquemas de dualidad (un tiempo dentro de los planteles y otro dentro de los contextos de trabajo real), son propuestas probadas de éxito que se deben fortalecer, cuidando siempre llevar de la mano a los niños para que no pierdan el rumbo de la ética, la empatía, la solidaridad y la generosidad, con lo cual la escuela mexicana estaría egresando a futuros empresarios que no necesariamente estén peleados con la idea de ser “empleados”, sino que sean siempre quienes hagan propuestas de mejora para el espacio en donde se encuentren, pensando en el bien común como la mejor vía para el bien individual.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
Agosto, 2019
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años, es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que éste último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos ahora, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México, nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio lópezobradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
En X @DEPACHECOS
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Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
Cheli
5 de agosto de 2019 at 12:23
????La estancia de los niños y jóvenes en la escuela es larga, por lo que inculcar valores es esencial.