Portal informativo de análisis político y social

EN LA MIRA | Costo es el nombre del juego.

EN LA MIRA | Costo es el nombre del juego.

Jun 13, 2015

Los escándalos de corrupción en la FIFA, los sobornos de Halliburton en Nigeria, las investigaciones por «lavado» de dinero contra HSBC, las licitaciones extrañas en México y la decepcionante iniciativa #3de3 (sí, fracasó, por más que sus apologistas se nieguen a aceptarlo) son evidencias de que la corrupción aparece en cualquier lugar, no es un asunto de tercermundismo o picardía latina (como algunos tontos sugieren). El tema es de costo: hay corrupción donde el precio de incumplir la Ley es menor que el de acatarla.

Al ser una consecuencia de la falta de Estado de Derecho, existe cercanía entre la corrupción y el subdesarrollo, pero no es una relación necesaria: lo demuestran los casos de la FIFA y HSBC, como también lo evidencian los sobornos a Pemex por los que se acusa a HP en México o los que en Argentina provocaron embargos contra IBM. La corrupción es un asunto de mercado: la adquiere el que puede y tiene con qué pagarla, sea suizo, estadounidense, mexicano, argentino o nigeriano.

Entonces, si la corrupción es como el alcoholismo (que no respeta clase, condición social, credo o preferencias), ¿por qué hay naciones que son más corruptas que otras? Porque su sistema de gobierno y tribunales es menos efectivo que el de otros países.

Así que, más allá de las preocupaciones políticas por los normalistas, Ayotzinapa, la Ceteg, los conflictos de intereses en licitaciones y hasta la leyenda de los magistrados centaveros, todos estos temas caen en un problema con tres cabezas: a) mala y abundante legislación; b) tribunales y agencias lentas y arbitrarias; y c) nula cultura de la legalidad.

Acabamos de pasar por una serie de reformas estructurales que cambiaron totalmente la lógica constitucional de varias áreas de interés general. Sin embargo, el diseño institucional sigue siendo deficiente en materia de Estado de Derecho y generación de conocimiento científico propio, dos aspectos que son indispensables para evitar que particulares y agentes públicos se corrompan por tres pesos.

En vez de caer en la ingenuidad y candidez de suponer que la corrupción se evita al hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de interés de candidatos y funcionarios, se debe entender, de una vez por todas, que mientras los tribunales no resuelvan rápido y bien, así como las leyes sean pocas y buenas, en este país seguirá el problema de las raterías y corruptelas. ¿Por qué? Porque conseguir una vía ilegal es más barato cuando el sistema está plagado de caos y lentitud: en el desorden, es más fácil enredar al ciudadano y que se pierda en el laberinto de lo legaloide.

En una sociedad corrupta, los más beneficiados son los que tienen nexos y amistades. Por tanto, los poderosos e influyentes son los menos interesados en transitar, realmente, del Estado delincuente al Estado de Derecho. Quizá sus discursos digan otra cosa, pero no tienen incentivos para dejar su caja de relaciones, que es su ventaja cualitativa frente a otros competidores (que tal vez brinden mejor calidad en sus bienes y servicios).

En consecuencia, los más interesados en la vigencia del Estado de Derecho son las clases medias, aquellas que no tienen «palancas» (o las que poseen no son tan buenas como las de los muy poderosos). En contraste, los desposeídos suelen ser las víctimas de la corrupción y hay redes enteras de relaciones de dependencia: por ejemplo, el tipo que recluta vendedores callejeros de papas o de otros productos de ocasión, el líder que mueve masas a cambio de ciertos beneficios laborales y el funcionario que entrega apoyos a cambio de respaldo político. Para estos grupos débiles, dominados por los barones del influyentismo, la corrupción es una lapa, una rémora que siempre ha existido, sus víctimas con dificultad pueden animarse a buscar una vida sin ese agente nefasto: el miedo lo impide.

¿México tiene la valentía para hacer que la corrupción deje de ser una mercancía más barata que el cumplimiento de la Ley? Ese valor ciudadano pasa, primeramente, por oponerse a los legisladores sinvergüenzas que lanzan leyes malhechas y a las carreras: si no se pone el alto en ese primer paso, el combate a la corrupción se complica, porque hecha la ley, hecha la trampa. Urge amarrarle las manos a los poderes legislativos. ¿Cómo lograrlo? Ese será tema de la siguiente columna.

 

oscarconstantino@gmail.com