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EN LA MIRA | Datos en riesgo

EN LA MIRA | Datos en riesgo

Abr 30, 2016

La nueva filtración del padrón de electores no es una noticia para la chacota o la broma de youtubers y tuiteros de ocasión. Constituye un asalto grave a la seguridad de las personas, que ahora tienen un riesgo adicional en sus libertades y patrimonio: sí, con el mal manejo cotidiano de los datos personales, los mexicanos padecen llamadas de extorsión e indeseadas, resulta muy preocupante el efecto expansivo de que algún sujeto acceda a los nombres y domicilios de 83.5 millones de personas del Listado Nominal de Electores. De ese tamaño es el problema.

El artículo 456.1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala [en su inciso a), fracción V] que las infracciones cometidas por los institutos políticos, cuando se trate de «graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución» se sancionarán con la cancelación del registro de ese partido. Para la mala suerte del partido que, por segunda ocasión tuvo un manejo inadecuado del padrón electoral, la Constitución General de la República reconoce el derecho a la protección de los datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de éstos, así como a la oposición a su tratamiento. O sea, filtrar el Listado Nominal de Electores no solo es una violación grave a la Constitución federal, también es una vulneración muy delicada de los derechos humanos. Dado que es la segunda vez que sucede, el Instituto Nacional Electoral tiene todos los fundamentos y motivaciones para imponer la sanción más ruda del ordenamiento electoral.

Sin embargo, el principal reto de este asunto no es jurídico, sino político. Ya decía Henry Louis Mencken, con su habitual mordacidad, que «donde rige la democracia, la política se traslada del área de las ideas lógicas al área de los sentimientos elementales, y generalmente del miedo puro». Y en México hay mucho miedo de aplicar la Constitución.

¿Se imaginan el efecto político real de que, por ejemplo, a Andrés Manuel López Obrador se le retirara cualquier posibilidad de contender en 2018, por sus descarados actos anticipados de campaña? ¿O que se le cancelara el registro al partido Morena por sus alianzas con bandas sindicales que están en franca rebelión contra las leyes y realizan actos criminales, como la CNTE? La mitad del país ardería en llamas. Por eso, las autoridades aplican todo el peso del Estado a las personas endebles: su mayor garantía de gobernabilidad consiste en solo castigar al débil. Ante un escenario de ese tipo, ¿alguien puede pensar que, en esta ocasión, las instituciones del Estado sí se animarán a sancionar a un partido emergente que, reiteradamente, manejó con negligencia el padrón electoral?

El principal problema de la carencia del Estado de Derecho en México radica en la «autoridad de ocasión», es decir, la que solo actúa a) en los casos escandalosos; y b) donde la persona castigada no tiene capacidades de repeler la sanción. Con ese ambiente de impunidad, los partidos políticos pueden tranquilamente pasearse por las sedes judiciales, difiriendo la aplicación de sanciones impuestas por el INE [cuando ese órgano se anima a imponerlas].

El contraste, con otros países, es doloroso: en Alemania se prohibieron dos partidos políticos, en 1951 fue expulsado el Partido Socialista del Reich (SRP), sucesor del partido nazi (NSDAP); en 1956 se prohibió al Partido Comunista germano (KPD). Sesenta años después, en México no hay condiciones políticas para quitarle el registro a un instituto que puso en riesgo, dos veces, los datos personales de 80 millones de ciudadanos. Con ese nivel de miedo, no hace falta que López Obrador mande al diablo a las instituciones: ya están en sus manos…

oscarconstantino@gmail.com