Portal informativo de análisis político y social

EN LA MIRA | Desconfianza sin control

EN LA MIRA | Desconfianza sin control

Abr 23, 2016

En mi experiencia judicial, en más de una ocasión he propuesto la entrega de los resultados de los exámenes de control de confianza realizados a personal de seguridad o policiaco: en este México autoritario, pareciera que la regla constitucional de no reinstalación se extiende erróneamente a no tratarlos como personas respecto al resto de sus derechos.

Sí, la Constitución nacional (en una decisión que aún es polémica) estableció que los agentes del Ministerio Público, los peritos, así como los miembros de las instituciones policiales de , las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos, incluso injustificadamente, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Un juez puede señalar que fue injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, pero el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el cesado: no importa el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido, los policías despedidos no regresan a su cargo.

Sin embargo, esta regla dura, para muchos irracional, no excluye otros deberes constitucionales, como que las autoridades funden y motiven sus actos, de forma suficiente y debida. Por ello, avisarle a un policía, con toda la conchudez del mundo, que «se le separa de su cargo porque no aprobó el examen de control de confianza», no solo es un abuso de poder, sino una reverenda tontería: aunque no lo reinstalen, el agente de seguridad tiene derecho a que le expliquen en qué falló (y el juez que conozca del asunto debe ordenar al Estado que exhiba los exámenes respectivos y los explique).

Si, en el caso de policías en activo, resulta indiscutible este derecho a la suficiente fundamentación y motivación del cese, cuando se trata de aspirantes al cargo (porque ingresaron, por ejemplo, a una academia de policía) este derecho es doblemente fuerte, porque los candidatos a policía no están dentro del supuesto constitucional de los agentes sin derecho a la reinstalación: es una vileza «darlos de baja» sin explicarles puntualmente el resultado de sus exámenes de control de confianza.

Si dejamos de lado el tema jurídico, también en el asunto hay fallas de congruencia política: algunos jefes de policía del país han sido señalados públicamente por sus malos resultados en el referido examen de confianza. Habría que preguntarse si Churchill, De Gaulle o Roosevelt (el ídolo de López Obrador) hubieran acreditado esas evaluaciones. No vayamos tan lejos: ¿Eliot Ness habría pasado los exámenes en cuestión? Pareciera que esas medidas evaluatorias entran en el universo del absurdo de otras reglas policiacas, como la de tener a los gendarmes trabajando jornadas de 24 horas seguidas (o más), que no se justifican en un entorno urbano normal (si los agentes están en la sierra, buscando a Pablo Escobar u Osama bin Laden, se entiende que no ponchen tarjeta cada ocho horas, pero en la vida cotidiana ese régimen no se justifica).

Colombia es un ejemplo de los excesos de la militarización policiaca: existen medidas que eficientan a los cuerpos civiles de seguridad, pero otras (para usar la feliz expresión de don Lucas Alamán) son imitaciones extralógicas de las reglas castrenses y, por ende, poco inteligentes: un ejemplo claro de esas medidas estólidas está en el cese de candidatos a policías por «no acreditar el examen de control de confianza», sin dar mayor explicación del resultado. ¿En verdad podemos confiar en cuerpos de seguridad que ni siquiera son transparentes con sus integrantes y aspirantes? El pensamiento (es un decir) autoritario permea esas decisiones públicas, baste un ejemplo final para evidenciarlo: ¿qué nivel de perversidad se necesita para calificar como «revisiones de rutina» al esculcar a civiles sin orden judicial de cateo? Con ese modo de ver las cosas, ¿nos extraña que en los cuerpos policiacos no traten como personas, no solo a los detenidos, sino también a sus miembros y aspirantes? La respuesta es lamentablemente negativa…

oscarconstantino@gmail.com