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EN LA MIRA | Dispersión legislativa

EN LA MIRA | Dispersión legislativa

Ago 29, 2015

«Muchas leyes, pésima república».

Tácito.

 

La gran aportación de Napoleón es la sistematización normativa: toda la legislación francesa en cinco códigos. Ese modelo se exportó e impuso más que las invasiones del corso: incluso donde fue derrotado Bonaparte se adoptó su modelo. Alemania y España son ejemplos claros de ello.

México tomó ese mismo camino, a partir de la consolidación jurídica del siglo XIX. La Revolución Mexicana no quebró, al principio, ese régimen de códigos. Sin embargo, en los años 30 del siglo XX se comenzó a desgajar el sistema de normas, al sacar del Código de Comercio las materias de sociedades mercantiles, títulos y operaciones de crédito. De 1932 a la fecha, el Congreso de la Unión ha puesto en vigencia (o mantenido) 288 leyes. Casi tres centenas de ordenamientos legales, que se suman a la multitud de reglamentos y a la derrama normativa de los niveles de gobierno estatal y municipal: una montaña de reglas de proporciones kafkianas.

Y la diarrea legislativa no para: a cada cuestión de la agenda pública, los diputados responden con una nueva ley, en lugar de reformar las existentes. Y no hay peor madre cuervo que un legislador: no existe empatía o autocrítica en aquellos que ven a sus iniciativas como «su legado». Son como Cronos inversos: en lugar de devorar a sus hijos, defienden hasta la irracionalidad la supervivencia de sus engendros.

¿Hay una demanda política por el asunto del café? Se expide una Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado. ¿Se quiere poner en marcha una política espacial en México? Pues se emite la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana. ¿La gente se queja del humo de fumadores? Se aprueba una Ley General para el Control del Tabaco. Estos temas, ¿no podían incluirse en las leyes comerciales o administrativas? Vaya, hasta existe una Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, de siete artículos (sí: siete).

Quizá no pueda volver a sistematizarse la legislación federal en cinco códigos, pero sí podría reducirse a 10 o 15 codificaciones. Claro, para ello se necesita que diputados y senadores dejen su narcisismo electoral y se asuman como una clase política responsable. Eso involucra dejar de hacer leyes de 122 artículos como la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, e implica dejar de expedir leyes generales, con la peregrina intención de que los estados armonicen sus legislaciones locales, en lugar de uniformar la regulación con leyes nacionales.

Y, antes de que me acusen de ser centralista, debo recordar que el federalismo debe servir a la gente, no servirse de las personas: la distribución de competencias entre Federación y estados tiene como propósito facilitar la vida social, no la de operar como fuente de pretextos infinitos para burocratizar la economía y restringir las libertades.

Ojalá se entienda, de una vez por todas, que la sociedad mexicana padece una enorme carga regulatoria. Desafortunadamente, la actividad legislativa parece más un ejercicio de la ocurrencia y la puntada, que una función esencial del Estado. ¿Qué sigue? ¿Una ley para regular que los perros se lleven con correa, una legislación para que el gobierno sea austero, un estatuto para que los diputados no se duerman en las sesiones o un ordenamiento para que las cometas tengan cordel?

Napoleón murió en la Isla Santa Elena y la inteligencia jurídica falleció en el Poder Legislativo, a manos de parlamentarios cuyo anhelo de fama es mayor que su razón. Al menos Bonaparte expiró en la dignidad de su lecho, no en el fango de la charlatanería mentecata.