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EN LA MIRA | La resistencia a los jueces

EN LA MIRA | La resistencia a los jueces

Ene 30, 2016

En una obra que ya puede considerarse clásica, Carlo Guarnieri explica que la judicialización de la política presenta una oposición firme de los poderes Ejecutivo y Legislativo: el primero porque se asume superior a los otros dos y el segundo por una visión del Estado de Derecho que ya estaba caduca en pleno siglo XIX. El caso es que la clase política se resiste a que los tribunales dicten órdenes en temas de interés general, como si el papel de la judicatura se redujera al pleitito entre particulares por un pagaré o un contrato de arrendamiento.

No es un dilema menor, constituciones como la francesa de 1958 magnificaron el papel del Ejecutivo al de un virtual reyezuelo, que es líder y árbitro de los otros poderes, con facultades de someter a referéndum cualquier proyecto de ley que verse sobre la organización de los poderes públicos o aprobar, por reglamento, durante un plazo limitado, medidas normalmente pertenecientes al ámbito de la ley. Por tanto, para los defensores del predominio de la Administración sobre los Tribunales y las Legislaturas, los jueces que tutelan derechos humanos son una amenaza política a anular.

En México, a pesar de la reforma constitucional de 2011, aún no se entiende que la legislación dejó de ser la Ley (con mayúscula) para volverse otro producto normativo sujeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los Tratados Internacionales ratificados por el país. En las repúblicas bananeras de América Latina, donde el Ejecutivo está acostumbrado a tener la última palabra, la sentencia que garantiza derechos humanos es una afrenta al poder.

Dentro de la realidad europea se puede explicar ese complejo de inferioridad de las Administraciones Públicas: al monarca absoluto (que era legislador, juez y administrador), se le despojó de las facultades de hacer leyes y resolver juicios, por lo que el reducto, que debería haberse sometido a las Legislaturas y Tribunales, de hecho trató de conservar su predominio sobre el resto del sistema, a través del control de la Hacienda pública y los cuerpos de represión gubernamental. Sin embargo, ese proceso (y resistencia) no tenía justificación en Las Américas, donde los virreyes eran vulgares administradores delegados y los caciques eran ilegítimos hombres de horca y cuchillo: ¿por qué los ejecutivos debían prevalecer sobre los jueces y legisladores, si en este continente nunca fueron monarcas? Quizá nos lo podrían responder Juan Álvarez, Bustamante o Antonio López de Santa Anna (y lo señalo con toda la mordacidad posible, amable lector).

El caso es que los gobiernos aún no entienden que los tribunales dejaron de ser los juzgados de legalidad o casación que se dedicaban a hacer sentencias espagueti, confeccionadas con un molino judicial, alimentado por códigos y pruebas: los magistrados actuales son de control y garantía de derechos humanos (desde el más humilde juez de paz hasta el ilustre ministro presidente de la Corte Suprema). Por ello, la resistencia a la Judicatura no es más que un síntoma del autoritarismo gubernamental con complejo de monarquía absoluta.

Solo desde esa renuencia política injustificada se puede explicar la terquedad y falta de luces de administradores y funcionarios legislativos para acatar las sentencias de la Suprema Corte que igualan los derechos de todas las personas. Al igual que la doble moral de los fariseos mexicanos (que señalan la falta ajena y omiten la corrupción propia), el discurso gubernamental de orden y legalidad está afectado por su incongruencia: para respetar la Constitución federal hay que obedecer a la Corte, no hay otra vía.

oscarconstantino@gmail.com