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EN LA MIRA: Ley única de transparencia

EN LA MIRA: Ley única de transparencia

May 26, 2012

Por Óscar Constantino Gutiérrez

Me tocó compartir presidium con Óscar Guerra Ford, presidente de InfoDF, el Instituto de Transparencia del Distrito Federal. Era 2 de diciembre de 2011 y participaba en un panel, organizado por el ITEI de Jalisco, sobre los avances, retrocesos y desafíos de los órganos garantes de transparencia en México. De repente, Guerra Ford pide la voz y señala que no entiende de dónde viene la afirmación, hecha por mí y otros panelistas, de que las resoluciones del ITEI son definitivas e inatacables. “Yo hice un estudio de todas las leyes del país y en la ley de Jalisco eso no viene”, afirmó triunfante. Contesté: “Viene en la Constitución de Jalisco”, respuesta que secundó Jorge Gutiérrez Reynaga, presidente del ITEI. Guerra Ford nos miró y dijo, como si fuera Arquímedes en la tina: “Pero no está en la ley”. No cabíamos del asombro.

Óscar Guerra Ford no sólo era titular del Instituto de Transparencia local más grande del país, sino que ¡escribía libros sobre análisis comparativo de leyes de transparencia! El señor había “analizado” la ley de Jalisco y no se había molestado en darle una mirada a la Constitución del Estado. Cualquier especialista sabe que las leyes se revisan en relación con la Constitución, que es su norma superior. Guerra Ford no es abogado, lo aclaro por si alguien tenía la duda de que lo fuera, lo que no disculpa su ignorancia, sobre todo si se atreve a escribir libros sobre leyes. Actualmente, Guerra Ford sigue a la cabeza de InfoDF, a pesar de que estaba impedido jurídicamente para ser reelecto por tercera ocasión: el artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal sólo permite que un presidente sea electo por dos periodos. Quizá es una ley que Guerra Ford tampoco ha leído.

El caso de Óscar Guerra Ford es representativo del perfil y actitudes que se encuentran en los órganos garantes de acceso a la información en México: ignorancia agravada con soberbia, falta de respeto a las leyes amparada en la ausencia de recursos contra sus decisiones, academicismo ausente de práctica y una vocación a utilizar las facultades del instituto contra sus críticos, aún en contra de la ley.

¿Qué pasaría si México tuviera una sola ley de transparencia y un solo instituto que la aplicara en todo el país, en los tres niveles de Gobierno? Resulta muy probable que se haga realidad esta propuesta, que formulamos hace 10 años –y que con frecuencia retomamos al tratar el problema del modelo mexicano de transparencia–. Tanto políticos como sociedad civil señalan que el sistema de 32 leyes y órganos garantes que padece el país es ineficiente, ineficaz y definitivamente contrario al principio de igualdad democrática.

Cuando tirios y troyanos coinciden en un tema, hay que poner mayor atención: contar con una ley general de transparencia y acceso a la información fue uno de los acuerdos de la primera Cumbre Ciudadana “Para construir un México pacífico y justo” del pasado 22 de mayo. En la misma lógica, Enrique Peña Nieto se comprometió a promover “una reforma constitucional para dotar al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos de competencia en asuntos de los estados y municipios”. En síntesis, tanto el PRI como los organismos ciudadanos coinciden en que se necesita una sola ley de transparencia y que exista un órgano garante con facultades sobre cualquier entidad pública.

No faltarán los que quieran matizar la reforma para hacerla inútil, por ejemplo, habrá quien sugiera que sobreviva el actual conjunto de leyes y organismos, para que coexistan con la Ley General de Transparencia y el IFAI nacional. Esa absurda sugerencia responde a los intereses de los burócratas que tienen parcelas de poder local como resultado de la existencia de institutos y leyes estatales. Otorgar al IFAI poderes sobre estados y municipios es consecuencia de la incapacidad de los organismos locales para llegar a acuerdos e impulsar que los congresos de sus estados emitieran legislaciones uniformes, con los mismos contenidos y reglas. La inminente desaparición de leyes e institutos no es más que la penitencia del pecado de la indolencia.

Si bien, existe una Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (Comaip), integrada por órganos garantes de información, su velocidad de respuesta sólo se muestra cuando algún socio se enfrenta al riesgo de que por ley le recorten sus facultades. No representa a los ciudadanos, sino a los grupos de interés que viven de los institutos de transparencia que existen en la República. Seguramente el Comaip se opondrá a la reforma que implica su desaparición, pero resulta poco probable que cuente con el músculo para oponerse al candidato presidencial que encabeza las encuestas y al conjunto de organismos civiles con más legitimidad en México. Oponerse a esta reforma sólo le conviene a quienes se benefician de la Babel normativa y organizacional de la transparencia en México, misma que conduce a la opacidad institucional por la vía del caos.

Un IFAI nacional probablemente funcionaría con vocalías ejecutivas o delegaciones en cada estado, lo que en la práctica representa un ahorro presupuestal: ya no habría consejos rimbombantes, sino que un solo técnico estaría al frente de la representación estatal del IFAI. ¿Este cambio institucional implica el desempleo de los múltiples servidores que laboran en los institutos de transparencia locales? No necesariamente, los más talentosos especialistas seguramente serán reclutados por el IFAI y es trabajo de cada gobernador y senador de la República que el IFAI no se convierta en una agencia de colocaciones capitalina que mande legiones de microvirreyes a cada entidad federativa.

Frente a un proceso opaco de renovación del ITEI (fue declarado reservado y confidencial), en el que ya se cometió el error de no ratificar a los consejeros que contaban con la experiencia en la materia, así como el riesgo de que lleguen los usuales compadres y recomendados de políticos que no saben de leyes (pero que hicieron del acceso a la información su modus vivendi “porque nadie entiende del tema”), la reforma por la transparencia nacional es una muy buena noticia. Ahora sólo hace falta que la Ley General de Transparencia no se quede en el enfoque anacrónico de montar la facultad de informarse en el derecho de petición, sino que aproveche las tecnologías para lograr que el acceso a la información no dependa de una solicitud a un burócrata. La reforma puede tener ajustes para hacerla más eficiente aún, tema que ya hemos tratado en otros espacios, pero que será materia de una colaboración posterior.

A las actuales leyes de transparencia se les pueden aplicar unos versos de Borges: “El hierro que ha de herirte se ha herrumbado; estás (como nosotros) condenado”.

 

E-mail: oscarconstantino@me.com

Twitter: @oconstantinus

Blog: http://oscarconstantino.blogspot.mx

 

 

 

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