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EN LA MIRA | Leyes que no son Derecho

EN LA MIRA | Leyes que no son Derecho

Jul 25, 2015

«Los hijos de beatas, comunistas. Las víctimas de un mal gobierno, libertarias».
Orencio Puig.

¿Le corresponde al Estado disminuir artificialmente la oferta de cualquier servicio al público? ¿Un gobierno que usa la ley para encarecer los servicios no actúa a semejanza de los regímenes absolutistas que concedían canonjías o mantenían gremios? ¿Los consumidores no tienen derecho al mejor bien o servicio y a no ser obligados a comprar sólo aquel que tiene un privilegio gubernamental?

De hecho, la garantía constitucional de no monopolios no es solo un derecho a la libre competencia de los productores y proveedores, sino un derecho fundamental de los consumidores a que los precios de los bienes y servicios se fijen de acuerdo a la libre oferta y demanda. Este derecho humano, que es interdependiente de la libertad de trabajo, implica que el legislador no puede establecer, a capricho o arbitrio, que cualquier actividad esté restringida o sujeta a autorización gubernamental. En buen español: el legislador no tiene la potestad de hacer servicio público o actividad restringida a lo que le venga en gana. Una interpretación distinta de estos derechos haría posible modelos feudales como el de gremios, panaderos… o taxistas.

Paradójicamente, el gremio de los taxistas exige el cumplimiento de una legalidad que ellos han violentado de forma constante por más de 40 años: la falta de uso de taxímetro, el cobro arbitrario, la asignación corrupta de permisos, la existencia de permisionarios sin auto, las revistas vehiculares amañadas y los pésimos automóviles, son evidencias tangibles de que los taxistas creen y asumen que sus permisos incluyen la autorización de no respetar la ley que ellos mismos vociferan debe ser aplicada a rajatabla al resto de la comunidad y, en una suerte de perversión esquizofrénica del juarismo, si la ley no les alcanza, piden que se endurezca o se hacen «justicia» por su propia mano. En suma, no son distintos de otras pandillas o mafias que exigen su territorio y giro exclusivo, incluso por el uso de la fuerza. ¿Qué diferencia existe entre un cártel de la droga que pelea a balazos con su competencia y el cártel de taxistas que agrede a choferes y usuarios de Uber? Sólo el permiso de Movilidad.

La vulneración del artículo 17 constitucional, ese que prohíbe a los particulares hacer uso de la fuerza para exigir sus pretensiones, curiosamente se les olvida a los taxistas. Para ellos, la Constitución es de cumplimiento optativo, pero una ley de cuarta categoría (como la de Movilidad) es norma suprema de vida: la ironía de su interpretación autista del Derecho es enorme. Solo en un discurso falaz, resultaría válido que los que exigen «la legalidad» atenten violentamente contra la Constitución.

En el caso de Jalisco, las autoridades de Movilidad parecen no entender que Uber no puede ser catalogado como un «servicio ejecutivo», ya que su precio es menor al de los artificialmente caros taxis amarillos, mucho menos puede equipararse a los radio taxis, cuyas tarifas son un verdadero robo.

Cuando la intervención del gobierno en una actividad económica propicia que los bienes y servicios sean más costosos y de peor calidad que si se regularan por el libre mercado, la consecuencia es clara: esa actividad no debe ser regulada por la intervención del Estado.

Decía Radbruch que hay leyes que no son derecho, es el caso de una legislación de movilidad que atenta contra la plena competencia y afecta a los consumidores: es una forma abusiva de perpetuar fueros y privilegios, que no vale ni el papel en la que está escrita.