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EN LA MIRA | Los mediocrazos

EN LA MIRA | Los mediocrazos

May 30, 2015

Para los ciudadanos, una pregunta obvia es ¿por qué el gobierno debe prohibir o permitir actividades particulares? Planteado con ejemplos concretos: ¿por qué la Administración debe dar su permiso para que alguien remodele su casa, abra una fonda o una papelería?

La respuesta que daría el gobierno es «para proteger el orden público». ¿Alguien cree, seriamente, que está en juego el orden público cuando se cambia un muro o una ventana dentro de una casa? Quizá no haya debate en la necesidad de que la Administración intervenga cuando alguien desea abrir un centro nocturno, alterar un inmueble con valor arquitectónico, operar un casino o construir un edificio de 60 pisos. Sin embargo, el gobierno interviene hasta en los asuntos más intrascendentes: no hay espacio o tema donde el poder público no pretenda interferir y decidir sobre el ejercicio de los derechos individuales.

Ningún candidato a las presidencias municipales (mucho menos los integrantes de sus planillas) han dicho algo respecto a esta cotidiana invasión de las libertades. Peor aún: no han cuestionado que el gobierno cobre por permitir o prohibir que alguien ejerza sus derechos.

Puesto en modo plano, hasta imbécil suena que un gobierno reciba un pago por limitar el ejercicio de nuestros derechos. Lo que pasa es que partidos y políticos nos disfrazan con florituras burocráticas lo que es un atraco en poblado y despoblado.

No falta quien sostenga que en México se pagan pocos impuestos, pero quien eso afirma jamás piensa (así, literal: jamás piensa) en los contribuyentes cautivos, que sí pagan (y mucho) al fisco. ¿Por qué, además de impuestos, los individuos deben pagar tributos para que el gobierno los deje trabajar, vivir, construir o respirar? ¿Qué no se supone que ya bastante reciben los gobiernos municipales, vía participaciones federales e impuesto predial, para andar cobrando por cada trámite que hacen?

Existe un nombre para esa forma cobrona de gobernar: feudalismo. Digna del Sheriff de Nottingham y el príncipe Juan Sin Tierra.

La pregunta política y necesaria es ¿por qué los candidatos no proponen u opinan sobre este tema? La respuesta es clara: porque todos aspiran a ese botín.

Vaya, ni Enrique Alfaro, al que le aplicaron la gobierniña con el asunto de la ampliación de su casa, atinó a cuestionar ese modelo municipal que exige que no se mueva la hoja del árbol sin la voluntad del señor alcalde. No le dio el talento (o la voracidad) para oponerse con una propuesta electoral que planteara un nuevo modelo administrativo en el que los particulares no tengan que acudir al gobierno feudal (digo, municipal) en turno, cada vez que quieran ejercer los derechos de propiedad y libertad que le reconoce la Constitución.

Pero, como dice mi mentor, « ¿de qué nos sorprendemos? Hacen falta abogados». Sí, abogados, no tinterillos, huizacheros o teóricos de la lengua. No hay juristas que defiendan, desde las plataformas electorales, la libertad de los individuos: los sustituyen los políticos que sólo buscan proteger el negocio de hacer dinero con el trabajo y capital de los demás.

Tan hacen falta abogados, que un ejemplo los retrata de cuerpo entero: ayer escuché a un sujeto que, al tratar el tema de los muertos en Tanhuato, invocó el Derecho Internacional Humanitario, como si la represión del crimen organizado fuera una guerra o los narcotraficantes tuvieran el estatus de combatiente enemigo de la estadounidense Ley Patriota. Diría el ilustre exfiscal español Carlos Castresana (palabras más, palabras menos): no se equivoquen, no son combatientes enemigos, son meros delincuentes.

Si esos mediocrazos son los que pretenden ser nuestros alcaldes (o son los asesores jurídicos que orientan a esos malos candidatos), no queda más qué lamentar que la pluralidad se refleje en que los torpes y vividores vengan en todos los colores e ideologías… y tengan la disposición a seguir ahorcando a la gallina ciudadana de los huevos de oro.

 

oscarconstantino@gmail.com