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EN LA MIRA: Malicia efectiva

EN LA MIRA: Malicia efectiva

Mar 4, 2017

Por Óscar Constantino Gutiérrez

«Dichosísimo aquel que corriendo por entre los escollos de la guerra, de la política y de las desgracias públicas, preserva su honor intacto».

Simón Bolívar

¿Los gobernantes tienen derecho a que su vida privada no se ventile públicamente? El criterio jurídico es que tienen derecho al honor, pero que se admite una mayor intromisión cuando se trata de asuntos de relevancia pública.

En otras palabras, las figuras públicas solo están protegidas en aspectos referentes a su vida privada. La figura pública por excelencia es el servidor público, por lo que el examen periodístico está garantizado por la Constitución cuando se trate de temas de relevancia pública.

Pero, ¿ese escrutinio, en el honor o la privacidad del servidor público, involucra su vida sentimental? La respuesta radica en saber si ese asunto sentimental tiene que ver con sus funciones públicas o con temas de relevancia pública. Por ejemplo, es de interés público conocer si el beneficiario de un contrato por adjudicación directa es una persona vinculada afectivamente a ese funcionario.

¿Y el adulterio?

La infidelidad matrimonial solo es materia de indagación periodística si se realiza con apoyo en funciones públicas o recursos públicos. De hecho, el todavía vigente (y misógino) delito de adulterio en Jalisco sanciona el hecho si causa escándalo o es en el domicilio conyugal. Por tanto, un gobernante que anda de picos pardos no entra en el supuesto de interés público si sus guarradas las hace con discreción, gastando su propio dinero y sin hacer uso de sus potestades gubernamentales.

En los medios (y en los tribunales) se suele hacer la distinción entre hechos de interés público y hechos de interés del público: saber que el Procurador General de Estados Unidos tuvo pláticas con diplomáticos rusos es de interés general; enterarse de que Brad Pitt engañaba a Jennifer Aniston es puro chisme y no es un asunto en el que haya derecho a saber.

Así, un funcionario público puede inconformarse cuando una información a) no trata sobre asuntos públicos; o b) es falsa y fue expresada con la pura intención de dañar (o sea, que «se publicó a sabiendas de su falsedad, o con total despreocupación sobre si era o no falsa»).

En consecuencia, si a una figura pública la exhiben sobre un hecho cierto, lo significativo es saber si ese acontecimiento es de trascendencia pública o no. A ese punto se debe limitar su queja o argumentación: si usted, amable lector, vio la serie «Boss» (sobre un corruptísimo y maquiavélico alcalde de Chicago), recordará que ocultó su deterioro cerebral, sus negocios al amparo del poder, sus manipulaciones electorales… y a sus amantes, de las cuales solo las últimas no eran de interés público, porque las pagaba de su bolsa.

Una cosa es que, socialmente, los políticos salaces no nos parezcan buenos candidatos a funciones gubernativas y otra que su vida privada siempre sea de interés público. Pero eso no excluye que «los límites de crítica son más amplios cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna».

Aquellos gobernantes que se molestan por las revelaciones periodísticas, en lugar de hacer berrinche porque los exhiben, deberían responder con razones jurídicas, ya que el electorado tiene derecho a saber si sus gobernantes son congruentes con lo que promocionaron en campaña… o si solo son hipócritas representantes de una clase política carente de credibilidad.

Quizá los gobernantes que se ofenden por sentirse expuestos deberían recordar que «el debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre personajes públicos o, en general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública (…) estas son las demandas de una sociedad plural, tolerante y abierta, sin la cual no existe una verdadera democracia». Esta, al igual que el resto de las citas de esta columna, son criterios definidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no son opiniones de los medios, sino Derecho que obliga a los detentadores del poder…

E-mail: oscarconstantino@gmail.com