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EN LA MIRA | Para poner a Uber en cintura…

EN LA MIRA | Para poner a Uber en cintura…

Mar 12, 2016

¿Sirve de algo el catálogo de «remedios» que los taxistas han propuesto contra Uber?   La realidad es que no: limitar el número de vehículos, restringir su parque a modelos nuevos o de lujo y prohibir que «hagan base», son ocurrencias que no resisten una demanda de amparo, porque atentan contra disposiciones elementales de la Constitución General de la República, principalmente las relativas a la libre competencia y las prácticas monopólicas.

Si los taxistas (y la clase política que los respalda) quisieran equilibrar efectivamente (no con rollos) su situación con Uber, les bastaría con utilizar los artículos 25 y 28 de la Carta Magna y un poco (sí, solo un poco, ni siquiera mucho) de Derecho Constitucional, mediante cuestiones tan elementales como las siguientes:

  1. En un mercado en el que no hay plena competencia, la fijación unilateral de precios está prohibida. En buen español: como los servicios de Empresas de Redes de Transporte (ETR) se limitan, en la realidad mexicana, a solo tres compañías (Uber, Citydrive y Cabify), cualquier precio que ellos impongan se encuentra en el riesgo de constituir una práctica monopólica (porque los consumidores no tienen opciones suficientes para «castigar» al proveedor abusivo). Esa es la diferencia entre un mercado de jitomates con mil vendedores y los mercados del sector informático, automotriz o de las ETR: si un vendedor de jitomates quiere vender su producto a un precio 10% por encima del de los demás, hay otros 999 vendedores que absorberán su parte de la oferta al precio regular; en un mercado oligopólico (como el de Uber y otras ETR) esa absorción no es posible. En resumen: las tarifas dinámicas de Uber violentan las reglas de los artículos 25 y 28 constitucional.
  2. No se requieren reglamentos voluminosos para resolver un asunto tan puntual. Basta con tres líneas en la Ley de Movilidad: a) «las Empresas de Redes de Transporte se regirán por las mismas condiciones de inspección, registro y calidad del régimen de taxis previsto por esta ley»; b) «las Empresas de Redes de Transporte entregarán al Estado dos por ciento del precio pagado por viaje, mismo que no será repercutido en el precio final fijado al usuario o pasajero»; c) «las tarifas dinámicas están terminantemente prohibidas. La alteración de precios o tarifas, sin la autorización previa de la Secretaría, publicada en el Periódico Oficial del Estado, implica la cancelación inmediata del permiso de la Empresa de Redes de Transporte que violente esta disposición. La Secretaría no puede autorizar, por motivo alguno, tarifas dinámicas».
  3. A pesar de la obviedad de la medida, los asesores del IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) respaldaron las tarifas dinámicas. Y ahí está, como evidencia, el debate que tuve en Twitter con el ilustre consultor del IMCO que defendió la medida a capa y espada, a pesar de que claramente atenta contra la lógica de la plena competencia. No es la primera vez que el IMCO propone una barbaridad, mide mal o tiene una ocurrencia esperpéntica. La pregunta es por qué le siguen haciendo caso, ante ese nivel de descuido en sus análisis y propuestas.
  4. No existe un tribunal honesto que pueda avalar, conforme a Derecho, que un actor oligopólico fije unilateralmente sus tarifas. Vaya, hasta el poco efectivo Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFT) disciplina a las compañías abusivas que juegan con el tarifario (y en México hay más telefónicas que Empresas de Redes de Transporte).

En conclusión, para poner en cintura a Uber, no hace falta implementar tantas ocurrencias (que parecen sacadas, por aclamación, de una asamblea de sitio), basta con prohibir las tarifas dinámicas: es sencillo, elegante y, sobre todo, constitucional…