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EN LA MIRA | Política contra economía

EN LA MIRA | Política contra economía

Ago 1, 2015

Más que la mano de obra barata o las exenciones fiscales, varios países presentan (como atractivo para la inversión) a la baja carga regulatoria. En buen español: el exceso de leyes (en cantidad y exigencias) es lo primero que desalienta la creación de negocios.

El problema regulatorio es común a todas las naciones, pero es más evidente en las sociedades subdesarrolladas o altamente ideologizadas. La razón es muy clara: en los Estados donde la política domina a la economía, se gobierna a los mercados por decreto. México conoce muy bien esa cultura: sistema de precios máximos, restricción de importaciones y control de cambios, entre otras manifestaciones del autócrata que pretende mandar sobre la naturaleza, que parecen sacadas de un diálogo del Principito, no de las recomendaciones plasmadas en El Príncipe.

Para frustración de los políticos (y desgracia de los ciudadanos que padecen los actos de gobierno), el mercado es un animal no domesticable, funciona con la satisfacción del interés económico individual, no se somete al decreto y, como el agua de los ríos, siempre recuerda su camino y lo retoma. ¿Se impiden las importaciones? Aparece el contrabando. ¿Los precios máximos de los productos son incosteables? Se fortalece el mercado negro. ¿Se prohíben o restringen ciertas actividades económicas? Surgen alternativas más eficientes que retan a la regulación.

Y no se trata de sustituir los evangelios de la economía intervencionista con las cartas de los apóstoles libertarios, sino de entender, de una vez por todas, que los Estados perdieron definitivamente la capacidad de controlar el entorno económico: pueden facilitarlo u obstaculizarlo, pero es imposible dominarlo. Al río se le pueden poner cauces o compuertas, pero la fuerza del agua siempre podrá reventar a la presa más sólida.

Desafortunadamente, la forma de regular en los países subdesarrollados es emocional, visceral: las leyes recuperan los intereses políticos, deseos, afanes, frustraciones (incluso ilusiones) de los legisladores. Unos buscan que se les reconozca como «los padres» de una determinada norma (aún si el hijo legislativo es un engendro monstruoso e infumable), otros tienen por objetivo la protección de un determinado sector o grupo de interés que los apoya, algunos más intentan enarbolar una bandera política que creen los proyectará en sus aspiraciones a otros cargos. En suma, se legisla desde la ocurrencia, la puntada, el cálculo exclusivamente político e incluso por estulticia (algunos políticos no son únicamente malvados, también son tontos).

Por ello no sorprende que, en todo el mundo, haya congresistas necios, entercados en sacar adelante proyectos legislativos inconvenientes para la sociedad (o sólo adecuados para su agenda política personal). Con ese tipo de producción jurídica, resulta obvio que los inversionistas y hombres de negocios esquiven a los países que cuentan con regulaciones irracionales o fundadas en objetivos meramente políticos o ideológicos y prefieran a los Estados con legislaciones diseñadas racionalmente, que faciliten el fortalecimiento de los mercados, la competitividad y eficiencia.

El colmo del infortunio es que los hombres de negocios suelen explicar estas cuestiones a los países que desean inversiones… y los políticos oyen, pero no entienden: cada vez hay más leyes que tratan temas menores, demasiados específicos, en lugar de que se cuente con pocos códigos sistemáticos. La burocratización de cualquier actividad económica la destruye.

A Milton Friedman se le atribuye esta frase: «si pusieras al gobierno a cargo del Desierto del Sáhara, en cinco años habría escasez de arena». Urge que las leyes dejen de estorbar a la creación de negocios, riqueza e ingresos o, expresado de otra forma, es necesario que la política deje de estar contra la economía.