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EN LA MIRA | Privilegio feudal

EN LA MIRA | Privilegio feudal

Jul 11, 2015

El último berrinche de los taxistas, a la puerta del Congreso, refrenda la vocación kafkiana del occidente de México: piden cárcel para quien transporte personas sin permiso de gobierno y un diputado impulsará un exhorto a la Fiscalía General para que se persigan a los vehículos de Uber. La historia tiene un remate digno de un cuento de Rulfo: el diputado exhortador es concesionario de taxis.

¿Se acordaron de la trama de la película de Tucker, dirigida por Francis Ford Coppola, donde un senador es el que mueve toda la mugre para tronar al fabricante automotriz que no estaba en su estado? Pues esta historia es parecida, pero real y en Región 4.

A pesar de lo que se pueda creer, en redes sociales hay quienes defienden a los diputadazos, «porque quieren hacer cumplir la Ley».

La pregunta de fondo es: ¿puede el legislador convertir en servicio público o actividad regulada lo que le venga en gana? ¿Si se le ocurre, el Congreso puede restringir comer guayabas o tomar agua? ¿Hay algún límite jurídico a la potestad legislativa?

Si bien la Constitución dice que las personas son libres de dedicarse a la actividad que prefieran, siempre y cuando sea lícita, este término se presta a complicaciones: en la práctica política, para que una actividad deje de ser libre, basta con que el Estado la califique como servicio público en una ley o, en la misma vía legislativa, la someta a controles «por razones de orden público». Los taxis son, por declaración de ley, un servicio público y el gobierno los «concesiona». Es decir, el generoso Estado le otorga a los súbditos algo que primero les quitó, lo que parece más un privilegio feudal que un mecanismo del Estado de Derecho.

En suma, el poder establece, a capricho, lo que es servicio público. Baste con comparar la extensa Administración echeverrista con el salinato privatizador. Así que la pregunta permanece: ¿no existen límites jurídicos y racionales a la potestad legislativa de hacer público lo privado?

Sí, hay restricciones al poder de hacer leyes: son los Derechos Humanos (reconocidos en la Carta Magna y Tratados), por mandato de los artículos 1 y 133 de la Constitución.

Precisamente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus artículos 5 y 6, reconoce que la libertad de trabajo no puede ser limitada artificialmente por el legislador. O, como ya dijo (hace mucho tiempo) la doctrina alemana, francesa y española, el orden público no es lo que se le ocurre al legislador, al administrador o al juez, sino que se integra con las convicciones y valoraciones de la sociedad: en cada caso solo hay una concreción acertada del orden público.

Planteado todo esto, debe preguntarse en qué beneficia a la colectividad que el legislador haya creado un gremio exclusivo para el transporte individual. En nada. Si bien el orden público exige que los servicios tengan mínimos de calidad, es evidente que los Uber son mejores que los taxis. En consecuencia, no se justifica el régimen de servicio público de transporte individual de personas, porque atenta contra los derechos y libertades que protege la Constitución: representa un tumor medieval, corporativo, que no sirve a la sociedad, sino a los intereses políticos de algunos.

No debe olvidarse el factor humano: Uber ha creado empleos para jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad. En una economía en crisis, esas son buenas noticias.

Nadie espera que los taxistas se queden sin trabajo, sino que mejoren su servicio y ya no haya mandarines que manejen ese sector: la competencia es un valor constitucional, ya es tiempo de que se supere el ineficiente modelo de gremios y fueros.

oscarconstantino@gmail.com