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EN LA MIRA: TRANSPARENCIA BURÓCRATA

EN LA MIRA: TRANSPARENCIA BURÓCRATA

Dic 10, 2011

La nueva Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LIP) es una colección de contrasentidos, por un lado es una norma de transparencia diseñada en la opacidad –de espaldas a la sociedad y expertos–, por otro es un ejemplo claro de la verdad de la máxima “no cambies lo que funciona”.

 

Sin duda, cambiar totalmente la legislación de acceso a la información implicará modificar reglamentos, procedimientos internos de los sujetos obligados, criterios del Itei y, lo más grave: desechar seis años de capacitación a los sujetos obligados. En el ámbito de las buenas prácticas para el diseño y puesta en marcha de las políticas públicas, el estudio de impacto regulatorio es fundamental para que no se compliquen los trámites ante una autoridad. Ese estudio brilló por su ausencia en el caso de la LIP.

 

La opacidad con la que se atendió este tema por parte del Congreso habla de la desmejora regulatoria en este asunto: ¿alguien hizo cálculos sobre lo que impactará económicamente cambiar toda la normatividad de acceso a la información, aumentar los presupuestos de sujetos obligados e Itei para atender las nuevas responsabilidades y modificar procesos?

 

La nueva Ley es una colección de puntadas, que obviamente redactó alguien que en su vida ha estado al frente de una Unidad de Transparencia, esta Ley es el trabajo de alguien que resuelve desde la comodidad de no ejecutar sus decisiones o es producto de un teórico de las ocurrencias: la LIP redefine totalmente el catálogo de información fundamental que deberán presentar los sujetos obligados. Sólo la modificación de los portales de transparencia costará varios millones de pesos en el estado de Jalisco, además que aumentará la complicación de los ciudadanos para consultar información “Antes de la Abrogación” y “Después de la Abrogación”.

 

Otra bobería de la LIP fue la forma en que supuestamente se le dio dientes al Instituto de Transparencia: dado que el Itei ahora es órgano plenamente sancionador, requerirá mayores recursos humanos y un departamento de defensa de sus resoluciones sancionatorias, lo que naturalmente incrementará sus costos. El Itei sancionará directamente a los infractores, pero las sanciones administrativas “serán combatibles mediante el juicio de nulidad seguido ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado”. Es decir, habrá que dedicar más presupuesto a sancionar y a defender las sanciones.

 

La LIP está hecha para no cumplirse, porque se necesita mucho presupuesto para que se aplique: dado que Jalisco tiene poco más de 7 millones 350 mil habitantes, el presupuesto ideal del Itei –de acuerdo a los estándares nacionales– debería ser de 125 millones de pesos, pero el Itei apenas recibió 20 millones este año. Sería preferible que el Itei tuviera recursos para generar sistemas de consulta automática, así como para educar a la sociedad y Gobierno, en lugar de contar con una ampliación presupuestal para imponer multas (y sobre la que los diputados no han dicho ni “pío”).

 

Más tontadas: se crean nuevos recursos, como “el de transparencia”, para que cualquier persona denuncie ante el Itei que un sujeto obligado no publica la información fundamental en los términos de la LIP, cuando la facultad de vigilancia en este asunto ya la tenía el Itei desde 2005, ¿no era más sencillo dar al Instituto atribuciones para que fuera obligatorio publicar la información fundamental?

 

No sólo tendrán más trabajo el Itei y los sujetos obligados, sino que lo ya hecho por todas las autoridades públicas se deberá rehacer: todos los criterios judiciales federales, respecto al acceso a la información de Jalisco, quedan interrumpidos y los tribunales deberán estudiar y resolver nuevamente sobre esos temas.

 

El repertorio de sandeces de la LIP incluye una política del garrote que hasta la fecha ha demostrado ser inútil: ahora será sancionable no publicar de forma completa la información fundamental que corresponda y el sancionado será ¡el titular del sujeto obligado! La LIP hasta prevé sanciones para personas físicas (particulares) que la incumplan. Enumerar todas las torpezas de la nueva ley me llevaría dos planas, pero estos botones de muestra (que son más que los que tiene un trench Burberry) bastan para retratar una ley burócrata e impertinente.

 

Esta ley es una manifestación de gatopardismo: cambiar todo para que nada cambie: la nueva legislación de acceso a la información no atiende a los principales problemas de transparencia que en Jalisco existen y que tampoco atendía la anterior ley de la materia, como la transparencia reactiva (o carencia de transparencia activa), la ausencia de estándares para los portales de transparencia, el hecho de que hay 44 denuncias por incumplimiento de resoluciones del Itei sin resolver por la Procuraduría, la falta de control de la legalidad en los criterios y resoluciones del Instituto y la ausencia de incentivos institucionales para la transparencia. Normas como la LIP hacen preferible que los diputados no legislen.

 

Twitter: @oscarconstantin

Correo electrónico: oscarconstantino@me.com