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EXPULSIÓN ILEGAL DEL PAN

EXPULSIÓN ILEGAL DEL PAN

May 29, 2011

Desde principios del 2009 en Los Pinos se hablaba de expulsarme del Partido Acción Nacional. Mis exigencias de congruencia a dirigentes del partido y al propio Presidente Calderón resultaban incómodas de cara a la elección federal en curso. En una reunión del “Sistema PAN”, donde se coordina la acción del partido con el Gobierno, se resolvió iniciar el proceso de sanción una vez pasadas las elecciones, presuponiendo que la victoria serviría para que el tema pasara inadvertido entre panistas y ciudadanos. Pero sobrevino la más desastrosa derrota electoral en la historia electoral del PAN, consecuencia de acciones equivocadas y decisiones que cancelaron la democracia interna, por lo que se dejó en suspenso la decisión presidencial de mi defenestración.

UN PROCESO ARBITRARIO

En 2010 las decisiones tomadas en Los Pinos volvieron a implementarse para imponer ex priístas como candidatos a gobernadores en alianza con el PRD, sin consultar a los militantes y cancelando nuevamente los procesos democráticos internos. En ejercicio de mi libertad de expresión reclamé tales acciones que debilitan y desprestigian al PAN. Vino la presión presidencial y en mayo de ese año se decidió revisar mis declaraciones para justificar jurídicamente la tan pretendida expulsión.

Agotado el proceso estatutario en dos instancias internas –plagado de vicios e irregularidades, sin considerar mi defensa– se ratificó la sanción ilegal bajo el argumento de que abusé del ejercicio de mi libertad de expresión. Ese es el delito originario del que se me acusa, el pretexto a partir del cual mis verdugos deducen que cometí un atentado contra mi partido.

Atendiendo las previsiones de ley, promoví ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio para la protección de mis derechos. Sólo resta esperar el fallo definitivo que resuelva la inconstitucionalidad de la decisión, así como la restitución de mis derechos como miembro activo, porque no he incurrido en faltas graves y mucho menos en forma reiterada como pretenden hacer creer.

TRIBUNAL GARANTE DE LOS DERECHOS POLÍTICOS

A la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Tribunal tiene la obligación de analizar las normas estatutarias y reglamentarias del PAN, a fin de verificar que no contravengan el objeto y finalidad de la propia Convención. Es facultad y deber del Tribunal realizar el control de la constitucionalidad de las normas estatutarias y reglamentarias con las que se pretende justificar mi salida del PAN, así como dictar su invalidez por ser incongruentes con la Constitución.

La facultad de auto organización que tienen los partidos –que no es omnímoda ni ilimitada, sino susceptible de delimitación legal– les permite establecer normas internas que aun cuando son aprobadas por la autoridad correspondiente, el IFE en este caso, ello no obsta para analizar su constitucionalidad en el momento de su aplicación a un caso concreto. Así lo sustentan tesis jurisprudenciales que hacen valer el imperio y supremacía de la Constitución, lo que en palabras llanas significa que una disposición estatutaria de partido no puede estar por encima de los preceptos constitucionales.

Mi derecho de afiliación al PAN está protegido por el artículo 35 de nuestra Constitución y el 16 de la convención Americana sobre Derechos Humanos. La ilegal e injustificada expulsión es una flagrante violación a mi derecho de afiliación en materia político-electoral en relación con mis derechos de libertad de expresión y libertad de imprenta.

EXCESO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

En el expediente integrado en mi contra por la dirigencia del PAN se aprecia que primero se tomó la decisión política de expulsarme y después se ordenó buscar en mis declaraciones la manera de justificar tal propósito. Se pretende hacer valer como pruebas en mi contra 30 fotocopias de notas y columnas periodísticas publicadas en diversos medios, que refieren mis supuestas opiniones sobre acciones de la dirigencia que agraviaron a militantes de Acción Nacional y desprestigiaron al partido.

Con mis declaraciones nunca he atentado contra la moral ni atacado los derechos de terceros, tampoco he provocado algún delito ni perturbado el orden público. Esos son los límites que la Constitución establece para la libertad de expresión, ningún otro. Por tanto, la pretensión de expulsarme del PAN por haberme excedido en el ejercicio de este derecho fundamental, es sólo un pretexto para disimular la persecución política de que soy objeto.

El Tribunal ya ha dejado claro que el régimen disciplinario de un partido no puede reputar antijurídico el ejercicio de un derecho conferido al ciudadano. Ha dicho que “la protección del derecho de libertad de expresión debe extenderse no sólo a las opiniones manifestadas en el interior de los partidos, sino también a las que se difunden en el exterior, aun aquellas que resulten particularmente negativas, duras, intensas e impactantes, dado que no basta la incomodidad, molestia o disgusto que generan en el o los destinatarios, por considerarlas falsas, injustificadas o distintas de su particular concepción”.

NORMAS PARTIDISTAS INCONSTITUCIONALES

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que el discurso político está más directamente relacionado que otros con la dimensión social y con las funciones institucionales de las libertades de expresión e información y que, por ello, su protección debe ser especial en materia política y asuntos de interés público.

Las disposiciones estatutarias y reglamentarias que pretende aplicar la dirigencia del PAN para defenestrarme violan derechos fundamentales consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución y el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Menoscaban la capacidad de los militantes para difundir ideas y opiniones en la ciudadanía o al interior del partido.

Por tratarse de normas que excluyen la posibilidad de que una opinión entre al debate político por ser susceptible de considerarse “impropia”, lo cual constituye censura, el Tribunal está obligado a declarar su inconstitucionalidad. No hace falta siquiera el ejercicio de una operación analítica para determinar si la limitación al derecho está o no justificada. Es claro que el régimen disciplinario del PAN no puede reputar antijurídica mi libertad como ciudadano; menos con un argumento tan falaz que tiene su origen en la intolerancia y en la interpretación sesgada de mis declaraciones públicas.

“La restricción o limitación de la libertad de expresión en mayor medida de los límites permitidos constitucionalmente –como ha dicho el propio Tribunal– no sólo haría nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, sino podría activar las tendencias oligárquicas de los partidos políticos…”. En ese tenor, el Tribunal sostiene la maximización de la libertad de expresión en el contexto del debate político por ser el canal primordial para la formación de la opinión pública libre, caracterizada por el pluralismo y la tolerancia a las creencias ajenas.

Por consiguiente, las normas internas de un partido político deben permitir ese amplio ejercicio y no en cambio restringirlo. Por ello el Tribunal ya ha resuelto que no toda manifestación expresada por un partido a través de sus dirigentes o militantes en que se emita opinión pública, así se trate de un juicio de valor o crítica especialmente negativa, se traduce en violación a los límites que la legislación electoral marca a la libertad de expresión.

De igual manera se debe permitir que los militantes, titulares originales de ese derecho fundamental, señalen lo que en su opinión son errores, defectos, omisiones, abusos de los órganos del partido. Es su prerrogativa. Por ello, si permito que se consume este atentado contra mis derechos sería consentir que en el partido donde he militado con lealtad durante más de 30 años se instale un mecanismo que censure a los panistas bajo la amenaza de expulsión.

http://www.twitter.com/ManuelEspino

E-mail: manuespino@hotmail.com