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FUERA DE JUICIO: LAGUNAS

FUERA DE JUICIO: LAGUNAS

Ene 28, 2012

A medida que camina el proceso, las autoridades electorales, partidos políticos y candidatos le descubren más huecos a la ley que los rige y que se estrena con una elección presidencial después de las reformas del 2007. En la práctica, desde las primeras reformas que permitieron la pluralidad política hasta los temas de tercera generación que tienen que ver con la fiscalización de los recursos y la participación ciudadana, cada proceso se está reinventando.

 

Cómo sancionar a un precandidato que utilizó recursos y programas federales, con una autoridad sin dientes y el establecimiento de topes de campaña que invitan a violarlos, son pruebas que “brincaron” en la más reciente semana. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco aprobó los topes de gastos de campaña para el proceso electoral 2012, que resultaron menores a los acordados en la elección del 2006,también presidencial, pero con otras reglas.

 

El tope para la campaña de gobernador será de 22 millones 242 mil 991; para la elección de diputados el límite será de un millón 112 mil pesos. Las de munícipes, por el tamaño y por su número de pobladores se cuecen aparte y tienen distintos topes. Los más representativos podrían ser Guadalajara, con cinco millones 299 mil; Zapopan, tres millones 587 mil; San Pedro Tlaquepaque, un millón 672 mil 223; Tonalá, un millón 123 mil; Tlajomulco de Zúñiga, 781 mil 618, y Puerto Vallarta, 760 mil 458 pesos.

 

Si bien es cierto que los topes a gastarse en tres meses que durarán las campañas políticas invitan a violarlos, cabe resaltar dos cosas:

1. Son menores en casi cuatro millones de pesos al aprobado en el 2006 para la candidatura a gobernador, y

2. Comparativamente representa el doble de lo que los precandidatos del PAN al gobierno de Jalisco están gastando en su precampaña: tres millones de pesos cada uno, multiplicado por cuatro, 12 millones de pesos.

 

Tal situación permite hacer hincapié en la necesidad de endurecer la fiscalización para evitar la tentación de que esos topes se violen, tomando en cuenta que desde el pasado proceso electoral los partidos políticos tiene prohibido gastar en publicidad televisiva, que era donde erogaban hasta el 80 por ciento de sus gastos publicitarios porque ahora esos tiempos se los regala el Estado con el argumento de evitar la inequidad.

 

En la misma sesión del IEPC, se aprobaron los resolutivos mediante los cuales se declara que los partidos Movimiento Ciudadano y del Trabajo incurrieron en incumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, por lo cual se hacen acreedores a una sanción de 250 salarios mínimos, o sea apenas 14 mil 525 pesos para cada instituto político. Estos partidos habían interpuesto un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral, quien pidió a este órgano electoral la revisión de los casos, lo que se hizo para ratificar las sanciones.

 

¿QUIÉN SANCIONA?

Asimismo, se resolvió que el diputado Ramón Demetrio Guerrero, del PAN, sí incurrió en falta administrativa al inducir o coaccionar el voto utilizando recursos para programas sociales en Puerto Vallarta. El problema es que a pesar de que determina que hay violación a la ley sólo notificó a la que se supone será autoridad competente en aplicar las sanciones, o sea el Congreso del Estado o la Auditoría Superior. Y en plata pura sabremos dentro de poco que no habrá castigo porque tampoco está en sus atribuciones hacerlo.

 

La otra opción sería que se notificara a la Secretaría de Desarrollo Humano, pero será difícil que desde ahí salga un castigo cuando fue juez y parte en la violación. En ambos casos, el riesgo es la impunidad que pueda campear, como está ocurriendo con otros temas, porque va e irá en detrimento de la confianza en las autoridades electorales, y ese no es tema menor.

 

E-mail: josemapulido@hotmail.com