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FUERADEJUICIO | ¿Error de tiempo o costo político?

FUERADEJUICIO | ¿Error de tiempo o costo político?

Jul 18, 2015

Porque si algo vendieron fue la esperanza de que las cosas fueran mejores a partir de su llegada, pocos son los que esperan malos resultados con la administración que encabezará el Partido Movimiento Ciudadano luego de ese triunfo apabullante en la mayoría de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara.

Tiene tiempo suficiente por ello para analizar si en la selección de sus candidatos fue considerado el desgaste que acarreaban algunas alianzas, en primera instancia, y si se pensó en que algunas comenzarían por causarles algunas abolladuras y cómo superarlas en el camino, como segundo punto.

Uno de esos temas ocurrió en el Congreso del Estado con el dictamen que fincaba créditos fiscales por cerca de 37 millones de pesos contra las autoridades que administraron el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code) en el año 2012, entre los que se encuentran además de Carlos Andrade Garín, su titular, Alejandro Hermosillo, entonces cabeza del Instituto Jalisciense de la Juventud.

Luego de un retraso de la sesión que muchos vieron como a propósito, llegó desde la sexta sala del Tribunal Administrativo que preside Alberto Barba Cortés, la suspensión para que la cuenta pública eximiera del respectivo castigo a los posibles responsables de esos malos manejos administrativos.

Previamente, el diputado electo por PMC, Alejandro Hermosillo interpuso ante la comisión un escrito donde aludía a su derecho de audiencia que no fue considerado, mientras esperaban la resolución del TAE que solicitó Carlos Andrade Garín.

Entre los personajes involucrados y el timing se teje el resto de la historia.

Hermosillo está identificado como uno de los fundadores del grupo político La Cantera, cuando prestaba sus servicios en la administración encabezada por el Partido Acción Nacional y muy cercano a Jesús González, hijo del entonces gobernador Emilio González Márquez, por lo que se trata de no dañar la imagen y ahora el partido Movimiento Ciudadano es el encargado de hacerlo.

Alberto Barba Cortés fue nombrado magistrado del TAE en la legislatura 57, cuya fracción panista coordinaba Alonso Ulloa, quien lo propuso, de acuerdo a versiones de algunos panistas, a sugerencia de Herbert Taylor Arthur, coordinador de la organización de la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos.

El motivo por el que actuó de esa manera la sexta sala del Tribunal, si fue por arreglos o pago de favores, sólo el magistrado involucrado lo sabe, pero el hilo conductor está claro.

En el dictamen que fue regresado a comisiones, entre los cargos fincados se encuentran viáticos no comprobados y por contratar personal sin la autorización respectiva, por lo que la recomendación se encaminaba a que la oficina gubernamental descontara ese dinero a los responsables.

La suspensión logró patear el bote para días posteriores, lo que para muchos es un error político porque lo recomendable hubiera sido aprobar el dictamen y entonces comenzar con la defensa contra el dictamen porque como ocurrió el tema quedó vivo y tendremos a un diputado rindiendo protesta con una cuenta pendiente.

Si fue el colmillo de los de enfrente para amagarlos, cayeron; si fue un error de su parte, tendrán qué repensar las cosas porque no deja de ser un diputado que llega por las siglas del PMC y lo que menos les conviene es equivocarse a las primeras de cambio para superar el costo de esas alianzas porque no bastará, como dijeron, que Alejandro Hermosillo no manejaba recursos si era parte del Consejo del CODE.