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FUERADEJUICIO | Funcionarios «garrapata»

FUERADEJUICIO | Funcionarios «garrapata»

Feb 13, 2016

Visto con el cristal de la historia reciente, que los funcionarios públicos tengan sueldos estratofércios no es un asunto de leyes, sino de voluntad de los propios funcionarios que hicieron del servicio público un modus vivendi.

Trocaron ese espíritu de servicio por el bienestar propio y hoy se acumulan los casos de funcionarios que vivían de la Calzada para allá y terminaron con casas lujosas en el poniente.

La historia comenzó en 1995, con la llegada del primer alcalde panista a Guadalajara, César Coll Carabias, como el creador del argumento que permitió esa escalada de sueldos.

Justificó entonces que los aumentos eran para evitar actos de corrupción porque los funcionarios deberían tener sueldos decorosos.

Al final de su administración quedó demostrado que los actos de corrupción no se evitaron y los sueldos estratosféricos se han mantenido para algunos funcionarios.

El primer síntoma de que los altos sueldos llegaron para quedarse fueron los llamados «funcionarios garrapata» (Manuel Falcón dixit), quienes a pesar de que terminaba su función demandaba laboralmente al organismo para el que trabajaban, en busca de una indemnización también millonaria, no conformes con el alto sueldo que percibían durante el ejercicio.

Y en ese caso se incluyen funcionarios de todos los niveles y de todos los partidos, algunos incluso que ya cambiaron de instituto político.

Desde entonces han existido varios intentos para tratar de disminuir esos sueldos que para muchos ciudadanos resultan ofensivos.

Durante la administración de otro panista, Francisco Ramírez Acuña, se creó el Comité Técnico de Valoración Salarial, encargado de emitir recomendaciones sobre las percepciones de los funcionarios pero que no eran obligatorias.

Ese comité debería «realizar estudios sobre los montos máximos de las percepciones anuales de los servidores públicos del Estado de Jalisco y de sus Municipios y emitir recomendaciones sobre tales percepciones», pero en el mismo párrafo se aclaraba que «sus resoluciones no serán vinculantes».

En julio de 2013, el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, hizo un llamado para que directores y presidentes de organismos autónomos se bajaran el sueldo.

Ese mismo llamado fue apoyado por diferentes especialistas, académicos y líderes empresariales que exhortaron al Poder Legislativo a reformar la legislación que rige al Comité Técnico de Valoración Salarial para que las recomendaciones emitidas fueran de carácter obligatorio.

En la legislatura pasada, la panista Gabriela Andalón presentó la primera iniciativa para evitar que cualquier funcionario gane más que el gobernador del estado, cuya percepción es de 166 mil pesos mensuales.

El pasado dos de febrero, el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, en nombre del gobernador, presentó una iniciativa en el mismo sentido para elevarla a rango constitucional, por lo que ahora el trámite deberá ser que lo aprueben dos terceras partes de los municipios del estado, luego de que pase por el Congreso.

La reforma recorrerá todo el camino necesario para su entrada en vigor, pero en vista de que ninguna ley puede aplicarse con carácter retroactivo, los altos sueldos seguirán siendo un asunto de voluntad de los funcionarios que los reciben.

Si ellos quieren pueden ganar menos, y si no, pues no. Seguirán ganando lo mismo porque además saben que los órganos para los que trabajan son autónomos, y lo mismo hablamos de ayuntamientos que de tribuanles, consejos o comisiones.

La verdad es que no se les ven muchas ganas.