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FUERADEJUICIO: Murphy

FUERADEJUICIO: Murphy

Jun 9, 2012

Por José María Pulido

Una de las leyes de Murphy sentencia que “lo que puede estar peor, va a estar peor” y el Congreso del Estado puede funcionar como un ejemplo. Pareciera que se mueve sobre arenas movedizas y para donde camina, se hunde. Irónicamente puede elogiarse su capacidad para posicionar un tema en las primeras planas en pleno cierre de un proceso electoral que se vive cada seis años. Vaya capacidad.

Viene a cuento por el contrato firmado entre el Congreso y la empresa Consultores López y Castro para la devolución de impuestos, mediante el cual los abogados cobrarían el 40 por ciento de lo recuperado y en el que incluso el Ejecutivo podrá salir pagando los platos rotos.

En el mismo contrato, dentro de las penalidades se estableció un 1.5 por ciento de pago mensual en caso de incumplimiento. Pero a la vuelta de la esquina se encontraron con la falta de recursos y, ante la obligación de cumplir, de firmar un convenio de tres pagos con el que tampoco han cumplido.

Dolo, displicencia o contubernio, es lo menos que puede pensarse, o elucubrarse, si se revisa bien el caso y las cantidades de que se habla. La empresa recuperó 70 millones de pesos y dejó otros 20 millones de pesos para un cobro que nunca hizo el entonces secretario General del Congreso, Carlos Corona, todavía no se sabe por qué.

Por esos 70 millones de pesos recuperados, el Congreso debería pagar 36 millones por honorarios, de acuerdo al 60-40 pactado, pero no lo hicieron. Por el contrario, se fueron al pleito legal, en principio con un juicio de lesividad (mediante el cual se pretende que un juez determine que ellos, integrantes de la actual legislatura, también eran afectados) y luego con un juicio laboral.

El resultado es que perdieron en todas las instancias pero la empresa seguía ganando su 1.5 por ciento mensual, de acuerdo al mismo contrato.

Durante todo ese tiempo, corrieron los intereses hasta alcanzar montos mayores a los 83 millones de pesos y los actuales diputados recurrieron a la firma de un convenio mediante el cual, además de reconocer el adeudo, se comprometieron a pagar, aunque menos que lo legalmente correspondiente a la empresa, pero tampoco pudieron hacerlo y el tema brincó.

Las anomalías siguieron porque la junta de coordinación política tomó la determinación de firmar el convenio para la quita de intereses sin considerar a la comisión de administración. La conclusión por estos días es que hay que proteger a los compañeros diputados, “haiga sido como haiga sido”.

Ahora hay quien pretende que el contrato quede sin efecto, que se declare su invalidez (cuando la empresa ya recuperó cierta cantidad, cuando ya perdieron en el resto de las instancias), porque no estuvo aprobado por el pleno del congreso, cuando existen documentos donde se les da esa potestad.

De sus últimos acuerdos, también el Congreso debió cumplir una sentencia de la Suprema Corte de Justicia para echar atrás los nombramientos de dos consejeros judiciales, realizados el pasado 23 de agosto, sentencia que además ya esperaban porque sabían que habían cometido irregularidades.

En otro, también reciente, debieron reponer el procedimiento para el relevo de dos consejeros en el ITEI, luego de que la comisión de participación ciudadana había acordado ratificar a quienes fungían como tales en una decisión tomada en lo oscurito y a la que debieron darle marcha atrás.

Con esos elementos podría pensarse que Murphy se equivoca en algunas ocasiones, pero en esta no. Qué podía esperarse si entre los diputados hay quien piensa o manifestó el despropósito de someter a juicio político a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y todavía les queda tiempo para concluir.

 

E-mail: josemapulido@hotmail.com