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Hackeo en el Proceso Electoral

Hackeo en el Proceso Electoral

Ene 7, 2017

En las últimas semanas se dio a conocer el reporte del FBI y DHS sobre el hackeo durante el proceso electoral de Estados Unidos. Como consecuencia del reporte, la administración de Obama adoptó medidas que tienen un impacto en la transición y en los primeros meses de la política del presidente electo con Rusia.

Durante el proceso electoral se dieron a conocer correos electrónicos de diversos actores, notablemente los de la presidente del Comité Nacional Demócrata en los que presuntamente favorecieron la nominación de Clinton sobre Bernie Sanders. Posteriormente se filtraron correos electrónicos del presidente de la campaña de Hillary Clinton, John Podesta, con los cuales se evidenció la operación política de la campaña, para bien y para mal. En todos los escenarios, se conocieron a través del portal Wikileaks.

El timing del reporte y la respuesta es importante ya que ese mismo día entró en vigor un acuerdo de cese al fuego en Siria, adoptado por Rusia, Turquía y Siria, excluyendo a Estados Unidos.

Si los actos fueron a mediados de acto, ¿por qué tardaron tanto en publicar el reporte y responder? No lo sabemos, pero las ramificaciones para el derecho y política internacional son muchas. Si observamos la secuencia de los hechos, podemos identificar tres elementos importantes: la existencia de la obligación, la atribución y la respuesta.

Primero, la existencia de la obligación, ya que sin ella, las medidas realizadas en respuesta no tendrían justificación a nivel jurídico. Hay una serie de principios fundamentales para el sistema westfaliano que los vemos codificados en los dos primeros artículos de la Carta de las Naciones Unidas. Notablemente: la prohibición del uso de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política. Para colocar esta decisión en perspectiva, la interpretación podría incluirse como una violación a la misma disposición que permitió el uso de la legítima defensa por el ataque a las Torres Gemelas.

Segundo, la responsabilidad de los rusos. Para determinar que la administración de Putin fue responsable era necesario mantener un estándar probatorio que permitiera atribuirles los hechos y considerarlo como un acto de Estado. Acorde al reporte y una decena más de agencias de inteligencia, la información se obtuvo a través de códigos y métodos utilizados previamente en otras operaciones informáticas de los rusos. Una vez publicado el reporte, decide Estados Unidos interpretar que los actos constituyeron lo que se denomina un Hecho Internacionalmente Ilícito.

Tercero, la proporcionalidad de la respuesta. Una vez que se interpretó como la constitución de un Hecho Internacionalmente Ilícito (un acto de Estado que violó una obligación internacional), la administración de Obama entró a la discusión sobre el ejercicio de una respuesta proporcional.

En septiembre, Obama solicitó el cese de los actos a Putin, pero para ese momento, el daño ya había sido realizado. Hasta que fue publicado el reporte decidió adoptar sanciones selectivas a rusos en mandos directivos de las agencias de inteligencia involucradas en los actos, la expulsión de 35 diplomáticos y el cierre de una propiedad comprada por la Unión Soviética en los 70.

Sin lugar a dudas la respuesta no es perfecta: tarde y no reparó el daño generado al sistema político de Estados Unidos. Sin embargo, sí colocará presión a la administración entrante para definir sus lazos con Putin y permitirá colaborar con otras democracias para disuadir el uso de estos métodos.