OPINIÓN
¿Homicidios fabricados?
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Tenemos en Jalisco un sistema judicial completamente amañado y corrupto a pesar de la intención de varios legisladores de evitar graves irregularidades que muy fácilmente se podrían solucionar, pero simplemente han pretendido MC desde el Congreso, pelear contra el Poder Judicial con la intención del control político, de ese Poder sin francas intenciones de mejorarlo, situación que se agrava en la materia penal, donde día a día apreciamos notorias violaciones a los Derechos Humanos destacando procesos que en todos los casos deberían propiciar la renuncia o despido de varios jueces penales, lamentablemente dicha corrupción inicia en la Fiscalía General del Estado, donde en muchas ocasiones no saben ni siquiera llenar una carpeta de investigación pero eso sí están muy al tanto de las nuevas técnicas de interrogatorio importadas directo desde los sótanos de la extinta KGB y mejoradas con lo mejor de Guantánamo, recordamos el cuento aquel que dice que obligaron mediante técnicas sofisticadas que un elefante declarara ser un conejo para acreditar su culpabilidad.
Esto no implica que todos los jueces y magistrados y personal de la FGE sean corruptos, me atrevería a meter la mano por muchos de ellos, pero también hay cada corrupto, como aquel magistrado que desconoce, a pesar de un supuesto Doctorado patito, la diferencia entre la representación orgánica y un simple poder, o algunos jueces que en materia penal dictan sentencias a solicitud de su pastor o del político al que deben el puesto.
En este caso me permito comentar una denuncia que deben monitorear el Consejo de la Judicatura del Estado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, me refiero al proceso penal plagado de irregularidades contra Alberto Cárdenas Camarena, Catalina Barajas Campa y Enedina y Juan, de apellidos Hidalgo Ramírez, procesados todos ellos por el delito de feminicidio, dato curioso ya que según consta en los documentos del proceso penal que tuve a la vista, existen graves inconsistencias que deberán ser, sin duda, reparadas en el Juicio de Amparo, máxime que de los documentos se desprende que la fiscalia ocultó pruebas básicas para la defensa de los acusados, que el ministerio público al formular sus conclusiones presenta tres teorías diferentes de los hechos, y ninguna de ellas encuadra en el delito de “feminicidio”, pero más me llama la atención, sin que el suscrito sea abogado penalista, es que se atribuye a la supuesta autora directa del homicidio una conducta consistente de haber pasado por la víctima a su casa desde las 19 horas y que el homicidio se cometió después de haber estado en una fiesta con familiares de la supuesta autora entre las dos y tres de la mañana, y sin embargo, y sin ánimos de denostar a la víctima, un informe forense que aparece recientemente señala que se encontró en el cadáver semen reciente depositado 2 a 3 horas previas al homicidio, lo que de ser cierto destruye la “teoría” de la fiscalía, además si el forense señala una altura muy diferente de la persona que accionó el arma homicida con la acusada, ¿cómo se sostiene eso?, además toda la investigación parte de una “espontánea confesión” del hermano de la imputada señalándola como autora material, tan inverosímil que solo el juez de control la aceptó a pesar de estar probado en autos que fue torturado para arrancarle su historia (protocolo de Estambul).
La pregunta que surge es, ¿porqué la fiscalía no agota el resto de las líneas de investigación e insiste en una teoría que se derrumba a grandes pasos? Lo importante es, para toda la sociedad la justicia a la víctima, y que él o los culpables paguen por su crimen, pero apegados a derecho, respetando el debido proceso y sin armar una teoría del caso solamente para justificar en su momento la eficiencia de la fiscalía. Si los detenidos son culpables que se juzguen y condenen pero no que hagan pagar a gente inocente. De regresar ese proceso penal por motivos de un Amparo con el juez de control Ramos Coronado, este se debería excusar.
ABANDONAR EL PACTO FISCAL
En otro tema, es tan exagerada la sangría de recursos a los estados del norte y centro de la República mexicana, al parecer el presidente López solo gobierna para el sureste, que varios gobernadores están evaluando seriamente abandonar el pacto fiscal que tienen actualmente todas las entidades federativas, lo anterior al acusar de una distribución inequitativa de los recursos federales distribuibles a los Estados contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, y aunque por el momento solo Chihuahua y Durango contemplaron esa posibilidad al parecer ya otros gobernadores evalúan seriamente escenarios contemplando tal posibilidad. José Rosas Aispuro, mandatario de Durango fue claro y contundente: “…sí la Federación no nos quiere, salgámonos del pacto fiscal. Que los impuestos se cobren en Durango y ya no se los lleve la Federación y nos regrese lo que quiera”, señaló.
El gobernador Alfaro en Jalisco, no se ha pronunciado al respecto pero sí tomara esa decisión tendríamos que apoyarlo todos. Recuerde amigo lector que por obligación constitucional la Federación debe repartir parte de su recaudación a los Estados, y estos a su vez a los municipios, y en impuestos como el Valor Agregado, aunque lo recauda la Federación es en verdad un impuesto estatal que debería regresar en gran parte a los Estados que lo generan, sin embargo la política de la “CuatroTe” no es congruente con dicho equilibrio, y menos destinando gran parte de la recaudación a programas socialmente electoreros, inversiones en el sureste y rescate de Pemex. No es lógico, a pesar del pacto federal que Jalisco y otros estados aporten mucho más que lo que reciben. Sin duda urge una Convención Nacional Fiscal.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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Enedina Hidalgo Gallegos
16 de septiembre de 2019 at 17:40
Agradezco su columna Maestro Fierro. Nada más que la cruda realidad. Sólo faltó mencionar las pruebas de POLÍGRAFO que resultaron NO CONCLUYENTES, o sea NEGATIVAS. LO CUAL APOYA LO SEÑALADO EN SU COLUMNA.
#SOMOSINOCENTES