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Inconstitucional expulsión del PAN

Inconstitucional expulsión del PAN

May 8, 2011

Mi defensa como militante del PAN frente a la pretensión arbitraria de expulsarme del mismo —y que raya en la persecución con prepotencia— es a todas luces inconstitucional. Obedece a un propósito político en el contexto de la competencia interna rumbo a la elección presidencial del 2012.

Esta decisión, como dije hace un año, fue instruida desde Los Pinos; animada por el temor de que yo podría estorbar la posibilidad de que el llamado “calderonismo” lograse postular candidato a la Presidencia de la República.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto en diversos precedentes que no toda manifestación expresada por un partido político en que se emita una opinión pública, juicio de valor o crítica, especialmente negativo respecto de otro partido político o coalición y de sus actos o actividades, se traduce en una violación a los límites que la legislación electoral prevé a la libertad de expresión.

Puede razonarse entonces que si le está permitido a un partido político realizar una crítica negativa respecto de otras fuerzas políticas, en beneficio de la formación de una opinión pública libre, de igual manera se debe permitir a los militantes de un partido el realizar críticas negativas al interior del mismo, respecto a sus actuaciones y decisiones, señalando defectos y errores o simplemente sostener una opinión distinta a la de la mayoría de los integrantes del partido.

De lo contrario, resultaría que el partido político tendría reconocido un derecho que este a su vez no reconocería a sus militantes, como es el caso que nos ocupa. Acción Nacional es el partido al que más se le ha acusado de violar la libertad de expresión y al que más se le ha dado la razón en el ejercicio de este derecho. Por lo tanto, resulta incongruente que la libertad de expresión que ha ejercido el partido, ahora pretenda censurarla en mi persona.

Como ciudadano me afilié al Partido Acción Nacional desde 1978, con el objeto de participar en la vida política y maximizar mis derechos, no para que éstos sean disminuidos y restringidos. Es ahora cuando con argumentos que más parecen pretextos para ejecutar una orden recibida, se atenta contra mi trayectoria de servicio a México, desde este partido.

Cito a continuación, a modo de ejemplo, casos equiparables al propio que refuerzan mi argumento:

El PAN ha alegado el ejercicio de su libertad de expresión ante el Tribunal Electoral en los juicios SUP-RAP-137/2010, en el cual difundió un mensaje en el que criticó el alza de impuestos y SUP-RAP-118/2008 y su acumulado SUP-RAP-119/2008, en el cual defendió un promocional en el cual se objetaba la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados por militantes del PRD.

A su vez el PAN, ha utilizado la crítica dura frente a otros partidos políticos, como ejemplifican los casos SUP-RAP-34/2006 y SUP-RAP-36/2006, en el cual acusó a Andrés Manuel López Obrador de ser un peligro para México; SUP-RAP-99/2009, en el cual realizó una publicación titulada “PRI-mitivo”, tema que difundió también en promocionales de radio; y SUP-RAP-172/2009 en el cual publicó en el periódico Reforma y en la revista Proceso una “sopa de letras” en la que se refería al PRI con las palabras “transa”, “robo”, “censura”, “impunidad”, “corrupción” y “narco”.

Por último, existe un precedente, resuelto por la Sala Superior en el año 2005, en el cual restituyó en sus derechos políticos a Armando Ovando Gallegos, quien fue suspendido en ellos por el PAN, al haber integrado el grupo “Carlos Castillo Peraza”. La Sala resolvió que el régimen disciplinario de un partido político no puede reputar antijurídica la realización de un derecho fundamental y por lo tanto, de mayor jerarquía, al estar previsto en la Constitución

 

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